El Decreto 1385 del año 2015 permitió que las administradoras de fondos privados de pensiones (AFP) puedan invertir los dineros de sus afiliados en títulos cuyo emisor, aceptante, garante o propietario, sean las mismas AFP, sus filiales, subsidiarias o su matriz. Entonces, AFP Porvenir podrá usar el dinero de sus afiliados para prestárselo al Grupo Aval y lo mismo podrá hacer AFP Protección con el Grupo Empresarial Antioqueño.
Lo anterior se llama autopréstamos, tristemente célebres por generar crisis financieras como la del Grupo Gran Colombiano en los años 80 y constituye permitir operaciones financieras con inconvenientes conflictos de interés, prohibidas internacionalmente.
Pero el Decreto 1385 viola abierta y flagrantemente el Decreto-ley 656 de 1994, que en su artículo 13 obliga a las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales “abstenerse en general de realizar cualquier tipo de operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran”.
Y como decreto-ley mata decreto, pues en diciembre del año 2015 se demandó ante el Consejo de Estado por nulidad esta norma, pero solo hasta el viernes 3 de abril del año 2020 se fijó audiencia inicial de fijación del litigio. Más de cuatro años para resolver en derecho algo tan sensible para 15 millones de afiliados del régimen de ahorro individual, que acumula cerca de $300 billones.
Cuando le expuse el tema a Iván Duque, en su calidad de senador, me manifestó su apoyo para tumbar el Decreto 1385, pero como presidente ha desplegado a través del Ministerio de Hacienda, y la coadyuvancia de Asofondos, una agresiva estrategia jurídica para que la demanda de nulidad contra el Decreto 1385 no prospere y se mantenga esta gabela que el gobierno de Juan Manuel Santos otorgó a los grupos económicos en detrimento de un manejo ortodoxo de las inversiones de las AFP.
Por lo anterior, es imposible crear tanta alharaca de oposición del uribismo contra Santos, cuando en materia de negocios parecieran tener los mismos jefes. Tan es así que la misma Superintendencia Financiera apoya no solo el Decreto 1385, sino también el Decreto 1486 del año pasado, que permite a Luis Carlos Sarmiento, como persona natural, vender y comprarle acciones de su propiedad a AFP Provenir. Ojo.
@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com
El Decreto 1385 del año 2015 permitió que las administradoras de fondos privados de pensiones (AFP) puedan invertir los dineros de sus afiliados en títulos cuyo emisor, aceptante, garante o propietario, sean las mismas AFP, sus filiales, subsidiarias o su matriz. Entonces, AFP Porvenir podrá usar el dinero de sus afiliados para prestárselo al Grupo Aval y lo mismo podrá hacer AFP Protección con el Grupo Empresarial Antioqueño.
Lo anterior se llama autopréstamos, tristemente célebres por generar crisis financieras como la del Grupo Gran Colombiano en los años 80 y constituye permitir operaciones financieras con inconvenientes conflictos de interés, prohibidas internacionalmente.
Pero el Decreto 1385 viola abierta y flagrantemente el Decreto-ley 656 de 1994, que en su artículo 13 obliga a las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales “abstenerse en general de realizar cualquier tipo de operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran”.
Y como decreto-ley mata decreto, pues en diciembre del año 2015 se demandó ante el Consejo de Estado por nulidad esta norma, pero solo hasta el viernes 3 de abril del año 2020 se fijó audiencia inicial de fijación del litigio. Más de cuatro años para resolver en derecho algo tan sensible para 15 millones de afiliados del régimen de ahorro individual, que acumula cerca de $300 billones.
Cuando le expuse el tema a Iván Duque, en su calidad de senador, me manifestó su apoyo para tumbar el Decreto 1385, pero como presidente ha desplegado a través del Ministerio de Hacienda, y la coadyuvancia de Asofondos, una agresiva estrategia jurídica para que la demanda de nulidad contra el Decreto 1385 no prospere y se mantenga esta gabela que el gobierno de Juan Manuel Santos otorgó a los grupos económicos en detrimento de un manejo ortodoxo de las inversiones de las AFP.
Por lo anterior, es imposible crear tanta alharaca de oposición del uribismo contra Santos, cuando en materia de negocios parecieran tener los mismos jefes. Tan es así que la misma Superintendencia Financiera apoya no solo el Decreto 1385, sino también el Decreto 1486 del año pasado, que permite a Luis Carlos Sarmiento, como persona natural, vender y comprarle acciones de su propiedad a AFP Provenir. Ojo.
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