Que la destituida directora del Sena violara el conducto regular para tramitar sus graves denuncias de corrupción en la entidad es prueba contundente de que ni los altos funcionarios del Gobierno confían en su propio régimen.
Ya en esta columna de septiembre de 2015 se denunciaron las irregularidades de Gina Parody como directora del Sena y que continuaron en manos de su sucesor.
Mediante circular conjunta externa del 5 de agosto de 2011, la contralora Sandra Morelli y el auditor general Jaime Ardila recordaron la normatividad constitucional y legal que prohíbe nóminas paralelas y que el presidente Santos ha desbordado con cargo a los impuestos de los colombianos para sostenerse en el poder.
Según la Ley 80 de Contratación Pública, se debe probar la inexistencia de la falta de personal de planta para ser proveído mediante contratación directa por prestación de servicios, pero entidades públicas como el Sena expiden “certificaciones de inexistencia de personal” como si hicieran empanadas, sin justificación ni límite, incurriendo en el delito de falsedad ideológica en documento público y falta disciplinaria gravísima.
El Sena llega al absurdo de contratar a particulares para que ejerzan funciones disciplinarias, contradiciendo sendos pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación que prohíben que un particular juzgue a un funcionario público. Es como si se contratara a particulares para que ejercieran de jueces, militares o policías. Gran exabrupto, como si este tipo de contratación y nóminas paralelas tuviera absoluta discrecionalidad y no estuviera limitado presupuestalmente.
En el Sena se obliga a que estudiantes de bajos recursos paguen su carné porque no hay dinero, a pesar de los $3,3 billones de recursos anuales, pero sí derrochan en la ilegal nómina paralela.
Y que no vengan con el falso cuento de que este es un ejemplo de “oposición interna” o de “autocontrol de prácticas corruptas”. No. Más parece vendetta y es prueba de la metástasis de la corrupción del régimen con elevados costos económicos.
Nunca antes el régimen había tenido tanto miedo de perder el poder, pues nunca antes se tenía tanta prueba documentada y contundente de su corrupción y nunca antes la ciudadanía había sido tan consciente del grado de descomposición moral de sus gobernantes. Por ello, si el próximo presidente es el candidato del régimen, Germán Vargas Lleras, sólo quedará el crujir de dientes.
@jrobertoacosta1;jrobertoacostaopinion@gmail.com
Que la destituida directora del Sena violara el conducto regular para tramitar sus graves denuncias de corrupción en la entidad es prueba contundente de que ni los altos funcionarios del Gobierno confían en su propio régimen.
Ya en esta columna de septiembre de 2015 se denunciaron las irregularidades de Gina Parody como directora del Sena y que continuaron en manos de su sucesor.
Mediante circular conjunta externa del 5 de agosto de 2011, la contralora Sandra Morelli y el auditor general Jaime Ardila recordaron la normatividad constitucional y legal que prohíbe nóminas paralelas y que el presidente Santos ha desbordado con cargo a los impuestos de los colombianos para sostenerse en el poder.
Según la Ley 80 de Contratación Pública, se debe probar la inexistencia de la falta de personal de planta para ser proveído mediante contratación directa por prestación de servicios, pero entidades públicas como el Sena expiden “certificaciones de inexistencia de personal” como si hicieran empanadas, sin justificación ni límite, incurriendo en el delito de falsedad ideológica en documento público y falta disciplinaria gravísima.
El Sena llega al absurdo de contratar a particulares para que ejerzan funciones disciplinarias, contradiciendo sendos pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación que prohíben que un particular juzgue a un funcionario público. Es como si se contratara a particulares para que ejercieran de jueces, militares o policías. Gran exabrupto, como si este tipo de contratación y nóminas paralelas tuviera absoluta discrecionalidad y no estuviera limitado presupuestalmente.
En el Sena se obliga a que estudiantes de bajos recursos paguen su carné porque no hay dinero, a pesar de los $3,3 billones de recursos anuales, pero sí derrochan en la ilegal nómina paralela.
Y que no vengan con el falso cuento de que este es un ejemplo de “oposición interna” o de “autocontrol de prácticas corruptas”. No. Más parece vendetta y es prueba de la metástasis de la corrupción del régimen con elevados costos económicos.
Nunca antes el régimen había tenido tanto miedo de perder el poder, pues nunca antes se tenía tanta prueba documentada y contundente de su corrupción y nunca antes la ciudadanía había sido tan consciente del grado de descomposición moral de sus gobernantes. Por ello, si el próximo presidente es el candidato del régimen, Germán Vargas Lleras, sólo quedará el crujir de dientes.
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