Licencias ambientales exprés, conflictos de interés, autopréstamos con recursos pensionales, abusos fiscales para subsidiar riesgos privados, prórrogas “automáticas” a periodos de concesión y cuantiosos gastos en propaganda, son algunas de las perlas que giran alrededor de este caballito electoral del Gobierno.
En materia de licencias exprés, se trató el escandaloso ejemplo del cambio de concepto ambiental negativo a uno positivo, sin miramientos técnicos, en el caso de “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II”, por cuenta de atribuciones dadas al vicepresidente para priorizar proyectos a dedo y ejercer presiones indebidas sobre la ANLA.
Se han tratado los conflictos de interés generados por el Decreto 1385, que autoriza auto préstamos a los dueños de las Sociedades Privadas Administradoras de Pensiones con los dineros de sus afiliados, en contravía de las buenas prácticas financieras internacionales y debidamente detalladas en el Acto Dodd-Frank y la Regla Volcker, y que además viola normatividad financiera de rango superior, como es el Decreto Ley 656 de 1994.
Respecto a los abusos fiscales, se ha documentado en detalle las irregularidades en la intención de vender Isagen que van, desde mentiras técnicas en materia financiera y jurídica hasta rumores de presiones del Gobierno al Honorable Consejo de Estado. Adicionalmente, el Gobierno ha tenido un uso desproporcionado y peligroso de las vigencias fiscales futuras, que ya superan los $ 67 billones para apalancar las Alianzas Público Privadas, modalidad contractual que la Agencia Nacional de Infraestructura, de manera eficiente, ha podido blindar contra la mayoría de canalladas jurídicas que los contratistas privados activaban para tumbar a la Nación, aunque las prórrogas “automáticas” en los periodos de concesión, hasta de 20% del plazo inicial, son un lunar que exige mayor explicación.
Sin embargo, los ciudadanos y la mayoría de congresistas siguen sin reaccionar ante los anteriores atropellos que el Gobierno justifica por cuenta de una requerida y necesaria infraestructura vial, férrea y portuaria para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Las imprescindibles obras de Cuarta Generación deben ser un propósito de Estado, no solo un negocio de mercachifles, porque sí hay contratistas serios. El fin no justifica los medios, aunque los medios, de comunicación, se plieguen comprados por tanta pauta publicitaria que allana el camino de un solo personaje.
@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com
Licencias ambientales exprés, conflictos de interés, autopréstamos con recursos pensionales, abusos fiscales para subsidiar riesgos privados, prórrogas “automáticas” a periodos de concesión y cuantiosos gastos en propaganda, son algunas de las perlas que giran alrededor de este caballito electoral del Gobierno.
En materia de licencias exprés, se trató el escandaloso ejemplo del cambio de concepto ambiental negativo a uno positivo, sin miramientos técnicos, en el caso de “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II”, por cuenta de atribuciones dadas al vicepresidente para priorizar proyectos a dedo y ejercer presiones indebidas sobre la ANLA.
Se han tratado los conflictos de interés generados por el Decreto 1385, que autoriza auto préstamos a los dueños de las Sociedades Privadas Administradoras de Pensiones con los dineros de sus afiliados, en contravía de las buenas prácticas financieras internacionales y debidamente detalladas en el Acto Dodd-Frank y la Regla Volcker, y que además viola normatividad financiera de rango superior, como es el Decreto Ley 656 de 1994.
Respecto a los abusos fiscales, se ha documentado en detalle las irregularidades en la intención de vender Isagen que van, desde mentiras técnicas en materia financiera y jurídica hasta rumores de presiones del Gobierno al Honorable Consejo de Estado. Adicionalmente, el Gobierno ha tenido un uso desproporcionado y peligroso de las vigencias fiscales futuras, que ya superan los $ 67 billones para apalancar las Alianzas Público Privadas, modalidad contractual que la Agencia Nacional de Infraestructura, de manera eficiente, ha podido blindar contra la mayoría de canalladas jurídicas que los contratistas privados activaban para tumbar a la Nación, aunque las prórrogas “automáticas” en los periodos de concesión, hasta de 20% del plazo inicial, son un lunar que exige mayor explicación.
Sin embargo, los ciudadanos y la mayoría de congresistas siguen sin reaccionar ante los anteriores atropellos que el Gobierno justifica por cuenta de una requerida y necesaria infraestructura vial, férrea y portuaria para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Las imprescindibles obras de Cuarta Generación deben ser un propósito de Estado, no solo un negocio de mercachifles, porque sí hay contratistas serios. El fin no justifica los medios, aunque los medios, de comunicación, se plieguen comprados por tanta pauta publicitaria que allana el camino de un solo personaje.
@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com