En Brasil cayó la presidenta Dilma Ruseff y el expresidente Lula da Silva está preso. En Perú cayó el presidente Kuczynski y el expresidente Alejandro Toledo es pedido en extradición para ser juzgado. En México la Procuraduría General prohibió esta semana celebrar contratos con la empresa Odebrecht. En Colombia, Odebrecht sigue beneficiándose de maniobras legales para reclamar prebendas a las que no tiene derecho.
Las fuerzas políticas en Colombia hacen parte del mecanismo: Odebrecht financió las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga en 2014, sobornó funcionarios del gobierno de Uribe para ganarse el contrato Ruta del Sol, pagó al hoy preso senador Otto Bula para ganarse el contrato de Navelena, que terminó en el escándalo del irregular crédito del Banco Agrario. Pero en Colombia aún no recae sobre Odebrecht ninguna sanción.
En 2016, Odebrecht firmó acuerdos con el Ministerio Público de Brasil, con el departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza, en los que 70 altos funcionarios de esa oficina del crimen organizado confesaron parte de sus delitos a cambio de reducción de penas, de indemnizaciones y del compromiso de terminar las obras. En Colombia, hasta la fecha, no existe sanción contra nadie de Odebrecht y ni siquiera se han imputado cargos a Luiz Bueno ni a Eleuberto Martorelli, a pesar de haber confesado los delitos de cohecho y tráfico de influencias respectivamente. Luiz Bueno manifestó que Jose Elías Melo, en su calidad de presidente de Corficolombiana, del Grupo Financiero Aval, estaba al tanto de lo que sucedía en el país, hecho grave al que se suma la desaparición de los correos electrónicos institucionales de Melo entre el año 2009 y 2014.
Pero la Fiscalía calla y tampoco dice nada sobre los dineros entregados por el señor Esteban Moreno, gran amigo del hijo del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, a la campaña del presidente Santos en 2014 por $3.894 millones, ni de pagos adicionales por $3.920 millones en 2015. Tampoco dice nada de los pagos por $9.178 millones realizados por Odebrecht en 2015 a Inversiones Torrosa, de propiedad de Javier Torres, gran amigo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Son muchas las piezas que hacen parte de tan complejo mecanismo: contratistas, políticos, entidades de control, justicia, leyes, banqueros y los ciudadanos que votan por los mismos.
@jrobertoacosta1
jrobertoacostaopinion@gmail.com
En Brasil cayó la presidenta Dilma Ruseff y el expresidente Lula da Silva está preso. En Perú cayó el presidente Kuczynski y el expresidente Alejandro Toledo es pedido en extradición para ser juzgado. En México la Procuraduría General prohibió esta semana celebrar contratos con la empresa Odebrecht. En Colombia, Odebrecht sigue beneficiándose de maniobras legales para reclamar prebendas a las que no tiene derecho.
Las fuerzas políticas en Colombia hacen parte del mecanismo: Odebrecht financió las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga en 2014, sobornó funcionarios del gobierno de Uribe para ganarse el contrato Ruta del Sol, pagó al hoy preso senador Otto Bula para ganarse el contrato de Navelena, que terminó en el escándalo del irregular crédito del Banco Agrario. Pero en Colombia aún no recae sobre Odebrecht ninguna sanción.
En 2016, Odebrecht firmó acuerdos con el Ministerio Público de Brasil, con el departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza, en los que 70 altos funcionarios de esa oficina del crimen organizado confesaron parte de sus delitos a cambio de reducción de penas, de indemnizaciones y del compromiso de terminar las obras. En Colombia, hasta la fecha, no existe sanción contra nadie de Odebrecht y ni siquiera se han imputado cargos a Luiz Bueno ni a Eleuberto Martorelli, a pesar de haber confesado los delitos de cohecho y tráfico de influencias respectivamente. Luiz Bueno manifestó que Jose Elías Melo, en su calidad de presidente de Corficolombiana, del Grupo Financiero Aval, estaba al tanto de lo que sucedía en el país, hecho grave al que se suma la desaparición de los correos electrónicos institucionales de Melo entre el año 2009 y 2014.
Pero la Fiscalía calla y tampoco dice nada sobre los dineros entregados por el señor Esteban Moreno, gran amigo del hijo del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, a la campaña del presidente Santos en 2014 por $3.894 millones, ni de pagos adicionales por $3.920 millones en 2015. Tampoco dice nada de los pagos por $9.178 millones realizados por Odebrecht en 2015 a Inversiones Torrosa, de propiedad de Javier Torres, gran amigo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Son muchas las piezas que hacen parte de tan complejo mecanismo: contratistas, políticos, entidades de control, justicia, leyes, banqueros y los ciudadanos que votan por los mismos.
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