¿Para quién trabajan el fiscal y el superintendente?
Cualquier colombiano entiende que si se mete en un pleito jurídico con alguien, lo peor que le puede pasar es que quien lo investigue o juzgue sea amigo de la contraparte. Y en el caso de los contratos de obras de infraestructura que la Nación ha suscrito con diferentes consorcios, estos últimos son la contraparte de los ciudadanos en caso de disputa.
Ya que el fiscal general de la Nación ha sido amigo entrañable de Luis Carlos Sarmiento, y las empresas de este último están involucradas como parte del consorcio que se encargó de construir la Ruta del Sol tramo 2, en sociedad con la corrupta Odebrecht, se justifica sospechar del buen rumbo de las investigaciones.
Por otro lado, llama la atención la intervención del superintendente de Industria y Comercio (SIC) en este mismo contrato. Recientemente ordenó su liquidación mediante la resolución 5216, aplicando una medida cautelar muy sui generis, sustentada en la existencia de prácticas para limitar la libre competencia por cuenta de Odebrecht, que mediante sobornos eliminó a sus competidores en la licitación. Esto implica una causa ilícita del contrato e incumplimiento de los principios de buena fe y lealtad contractual por parte del consorcio, del que forma parte una empresa del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento.
Esto último hubiera sido suficiente para aplicar caducidad contractual, sacándolos por la puerta de atrás y sin un peso más del erario. Pero que la SIC declare liquidación y no caducidad da pie a que Odebrecht recupere $441.000 millones adicionales, a pesar de sus delitos.
Por esas vueltas que da la vida, Luis Carlos Sarmiento también está involucrado como administrador de las garantías del cuantioso crédito del Banco Agrario al Consorcio Navelena por cuenta de Fiduciaria de Occidente y como estructurador de ese proyecto por medio de Corficol, quien en un documento confidencial citó a Martínez Neira Abogados y a Fedesarrollo como asesores, prueba reina que nadie ha tachado de falsa.
El fiscal general y el superintendente mencionado son “fichas” del vicepresidente Vargas Lleras y, aunque deben defender los intereses de la Nación, son seres humanos vulnerables a grandes presiones y fuertes intereses de privados.
Si el árbitro está cargado a una de las partes, tocará cambiarlo. De lo contrario, en las tribunas habrá desconfianza y rebelión.
@jrobertoacosta1;jrobertoacostaopinion@gmail.com
Cualquier colombiano entiende que si se mete en un pleito jurídico con alguien, lo peor que le puede pasar es que quien lo investigue o juzgue sea amigo de la contraparte. Y en el caso de los contratos de obras de infraestructura que la Nación ha suscrito con diferentes consorcios, estos últimos son la contraparte de los ciudadanos en caso de disputa.
Ya que el fiscal general de la Nación ha sido amigo entrañable de Luis Carlos Sarmiento, y las empresas de este último están involucradas como parte del consorcio que se encargó de construir la Ruta del Sol tramo 2, en sociedad con la corrupta Odebrecht, se justifica sospechar del buen rumbo de las investigaciones.
Por otro lado, llama la atención la intervención del superintendente de Industria y Comercio (SIC) en este mismo contrato. Recientemente ordenó su liquidación mediante la resolución 5216, aplicando una medida cautelar muy sui generis, sustentada en la existencia de prácticas para limitar la libre competencia por cuenta de Odebrecht, que mediante sobornos eliminó a sus competidores en la licitación. Esto implica una causa ilícita del contrato e incumplimiento de los principios de buena fe y lealtad contractual por parte del consorcio, del que forma parte una empresa del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento.
Esto último hubiera sido suficiente para aplicar caducidad contractual, sacándolos por la puerta de atrás y sin un peso más del erario. Pero que la SIC declare liquidación y no caducidad da pie a que Odebrecht recupere $441.000 millones adicionales, a pesar de sus delitos.
Por esas vueltas que da la vida, Luis Carlos Sarmiento también está involucrado como administrador de las garantías del cuantioso crédito del Banco Agrario al Consorcio Navelena por cuenta de Fiduciaria de Occidente y como estructurador de ese proyecto por medio de Corficol, quien en un documento confidencial citó a Martínez Neira Abogados y a Fedesarrollo como asesores, prueba reina que nadie ha tachado de falsa.
El fiscal general y el superintendente mencionado son “fichas” del vicepresidente Vargas Lleras y, aunque deben defender los intereses de la Nación, son seres humanos vulnerables a grandes presiones y fuertes intereses de privados.
Si el árbitro está cargado a una de las partes, tocará cambiarlo. De lo contrario, en las tribunas habrá desconfianza y rebelión.
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