La demanda de Odebrecht contra Colombia por $3,8 billones en un arbitramento en España se fundamenta en un grave error de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó la terminación anticipada del contrato Ruta del Sol con el insólito argumento de proteger la libre competencia, cuando lo grave de ese contrato eran los confesados delitos de soborno.
El papayazo que la SIC le ofreció en bandeja a Odebrecht les evitó el proceso de caducidad ante el probado origen ilícito del contrato, así que el superintendente igualó al Estado colombiano con los bandidos y, en lugar de sacarlos por la puerta de atrás, con sanciones económicas e inhabilidades para seguir contratando con la nación, les dio herramientas para que nos contraatacaran, como ahora lo hacen.
En su cínico reclamo ante la justicia española, Odebrecht acusa a Colombia por “injerir y perturbar la gestión, uso y disfrute de la inversión” y acusa a las autoridades de nuestro país de adelantar una “campaña de persecución” contra ellos, pero omite que el origen de esa “inversión” es producto del concierto para delinquir de sus altos directivos.
Mientras en México se prohibió al Estado contratar nuevamente con Odebrecht, acá el presidente Santos cree que “no se les debería castigar de por vida”. Mientras en Perú y Brasil esa multinacional del crimen sí colaboró con la justicia, provocando la destitución de sus presidentes y cárcel para expresidentes, acá no han colaborado para esclarecer el rol y la participación en sus graves delitos del Grupo Financiero Aval, de las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y de Santos, de Germán Vargas Lleras y del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien los asesoró muy de cerca antes de ser quien los investiga.
Y para quienes ingenuamente quieran pensar que en el nuevo gobierno las cosas en este frente van a cambiar, se les recuerda que en esta columna se detalló en abril cómo Iván Duque, en su calidad de senador, fue quien denunció a Odebrecht en enero de 2017 por violación a la libre competencia ante la SIC, para que esta les diera el oxígeno jurídico con el que ahora nos demandan. O fue ingenuo el nuevo presidente, o se prestó para semejante papayazo con que ahora los corruptos nos quieren sacar dinero de nuestros impuestos. Averígüelo, Vargas.
@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com
La demanda de Odebrecht contra Colombia por $3,8 billones en un arbitramento en España se fundamenta en un grave error de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó la terminación anticipada del contrato Ruta del Sol con el insólito argumento de proteger la libre competencia, cuando lo grave de ese contrato eran los confesados delitos de soborno.
El papayazo que la SIC le ofreció en bandeja a Odebrecht les evitó el proceso de caducidad ante el probado origen ilícito del contrato, así que el superintendente igualó al Estado colombiano con los bandidos y, en lugar de sacarlos por la puerta de atrás, con sanciones económicas e inhabilidades para seguir contratando con la nación, les dio herramientas para que nos contraatacaran, como ahora lo hacen.
En su cínico reclamo ante la justicia española, Odebrecht acusa a Colombia por “injerir y perturbar la gestión, uso y disfrute de la inversión” y acusa a las autoridades de nuestro país de adelantar una “campaña de persecución” contra ellos, pero omite que el origen de esa “inversión” es producto del concierto para delinquir de sus altos directivos.
Mientras en México se prohibió al Estado contratar nuevamente con Odebrecht, acá el presidente Santos cree que “no se les debería castigar de por vida”. Mientras en Perú y Brasil esa multinacional del crimen sí colaboró con la justicia, provocando la destitución de sus presidentes y cárcel para expresidentes, acá no han colaborado para esclarecer el rol y la participación en sus graves delitos del Grupo Financiero Aval, de las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y de Santos, de Germán Vargas Lleras y del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien los asesoró muy de cerca antes de ser quien los investiga.
Y para quienes ingenuamente quieran pensar que en el nuevo gobierno las cosas en este frente van a cambiar, se les recuerda que en esta columna se detalló en abril cómo Iván Duque, en su calidad de senador, fue quien denunció a Odebrecht en enero de 2017 por violación a la libre competencia ante la SIC, para que esta les diera el oxígeno jurídico con el que ahora nos demandan. O fue ingenuo el nuevo presidente, o se prestó para semejante papayazo con que ahora los corruptos nos quieren sacar dinero de nuestros impuestos. Averígüelo, Vargas.
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