En el año 2011 se fijó en el artículo 334 de nuestra Constitución Nacional el criterio de sostenibilidad fiscal, según el cual cada gasto público debería tener su respectivo soporte en un ingreso del Estado, para evitar desequilibrios fiscales crecientes que terminen financiándose con deuda pública que, en últimas, se convierte en impuestos del mañana.
La Ley 1473 de 2011 desarrolló este criterio de sana administración pública y estableció la creación del Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF), cuyo objetivo es que en el año 2022 el hueco entre ingresos y gastos de la nación no supere el 1 % del total de lo que la economía produce en conjunto durante un año completo, y que la deuda pública en total no sea mayor al 25 % de ese mismo indicador.
Pero la Regla Fiscal se hizo trizas. Este déficit o hueco entre ingresos y gastos se divide en dos componentes, el cíclico y el estructural. El hueco cíclico ascendió a $16 billones y depende de los precios del petróleo, como si ya no se conociera que dicha dependencia es cuestión del pasado, y por ello el CCRF debería replantear su estructura, so pena de quedar como un órgano consultivo obsoleto.
El hueco estructural ascendió a $18,9 billones y depende principalmente de ingresos no energéticos. Como resultado de este derroche, el concepto de “gasto público anticíclico”, es decir, esa reserva para usar en momentos de vacas flacas, ascendió a cero pesos: nada.
La devaluación y la inflación han ejercido presión sobre gastos en intereses de la deuda pública, el bajo crecimiento económico pone en riesgo las metas de recaudo de impuestos, y del petróleo mejor ni hablemos.
Pero lo más grave es que este Gobierno ya se gastó gran parte del presupuesto de los próximos gobiernos y por ello, mientras entre los años 1990 y 1996 los gobernantes tenían el 28 % del presupuesto para destinar a actividades no amarradas por la ley, ese nivel ha caído a sólo el 14,5 % del total del Presupuesto General de la nación, al tiempo que ya se copó al 100 % el cupo de vigencias futuras a disposición del Gobierno hasta el año 2022.
En conclusión, el que gane las próximas elecciones presidenciales verá la olla pelada y no tendrá mas alternativa que aumentar impuestos o en más futuro.
@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com
En el año 2011 se fijó en el artículo 334 de nuestra Constitución Nacional el criterio de sostenibilidad fiscal, según el cual cada gasto público debería tener su respectivo soporte en un ingreso del Estado, para evitar desequilibrios fiscales crecientes que terminen financiándose con deuda pública que, en últimas, se convierte en impuestos del mañana.
La Ley 1473 de 2011 desarrolló este criterio de sana administración pública y estableció la creación del Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF), cuyo objetivo es que en el año 2022 el hueco entre ingresos y gastos de la nación no supere el 1 % del total de lo que la economía produce en conjunto durante un año completo, y que la deuda pública en total no sea mayor al 25 % de ese mismo indicador.
Pero la Regla Fiscal se hizo trizas. Este déficit o hueco entre ingresos y gastos se divide en dos componentes, el cíclico y el estructural. El hueco cíclico ascendió a $16 billones y depende de los precios del petróleo, como si ya no se conociera que dicha dependencia es cuestión del pasado, y por ello el CCRF debería replantear su estructura, so pena de quedar como un órgano consultivo obsoleto.
El hueco estructural ascendió a $18,9 billones y depende principalmente de ingresos no energéticos. Como resultado de este derroche, el concepto de “gasto público anticíclico”, es decir, esa reserva para usar en momentos de vacas flacas, ascendió a cero pesos: nada.
La devaluación y la inflación han ejercido presión sobre gastos en intereses de la deuda pública, el bajo crecimiento económico pone en riesgo las metas de recaudo de impuestos, y del petróleo mejor ni hablemos.
Pero lo más grave es que este Gobierno ya se gastó gran parte del presupuesto de los próximos gobiernos y por ello, mientras entre los años 1990 y 1996 los gobernantes tenían el 28 % del presupuesto para destinar a actividades no amarradas por la ley, ese nivel ha caído a sólo el 14,5 % del total del Presupuesto General de la nación, al tiempo que ya se copó al 100 % el cupo de vigencias futuras a disposición del Gobierno hasta el año 2022.
En conclusión, el que gane las próximas elecciones presidenciales verá la olla pelada y no tendrá mas alternativa que aumentar impuestos o en más futuro.
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