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El proceso penal de la justicia francesa en contra de Pavel Durov, fundador de Telegram, puede romper el paradigma bajo el cual operan las plataformas tecnológicas: en términos generales no están obligadas a responder por los contenidos que suben sus usuarios. En Estados Unidos la legislación al respecto (Sección 230) es más permisiva que en la Unión Europea en donde la regulación, los jueces y las autoridades tienen una visión diferente respecto de la protección de los derechos de los usuarios. Culturas jurídicas diversas que, más temprano que tarde, tendrán que hacerse compatibles.
Algunos sostienen que la causa penal contra Durov es un acto de censura y de violación a la libertad de expresión. No hay tal; los cargos son serios y graves. La justicia francesa le acusa de complicidad en la difusión de pornografía infantil, tráfico de drogas y de facilitar transacciones ilícitas en criptomonedas, además de no colaborar con las autoridades. A diferencia de Meta y Google que se han movido con audacia y estrategia a la hora de enfrentar múltiples investigaciones, Telegram ha sido negligente y soberbia.
Telegram empezó a operar en 2013 y desde entonces ha tenido que enfrentar múltiples acusaciones en varios países. Hoy en día cuenta con más de 950 millones de usuarios. Su promesa de encriptar de extremo a extremo los mensajes sin la intervención de un servidor hizo que se popularizara y se convirtiera en herramienta indispensable para el ejercicio de la oposición en sitios cómo Irán, Rusia y Hong Kong. Infortunadamente, también es refugio de la delincuencia; por su laxitud al respecto Telegram está en problemas.
Cada vez se relativizará más la inmunidad a las plataformas tecnologías y así también el alcance de la libertad de expresión que se sirve de ellas. Ineludiblemente, tendrán que redefinirse las reglas. En medio de su enfrentamiento con Elon Musk, el viernes pasado la justicia de Brasil cerró X y de paso congeló los fondos de Space X en ese país. Este caso y el de Telegram en Francia presagian vientos de severos cambios en el mundo de internet. Retos inmensos para el derecho y la política.