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Recientemente se publicó un documento de la presidencia de la República conforme al cual varios organismos del gobierno están en la tarea de promover la creación de medios alternativos, comunitarios y digitales, como forma de enfrentar la difusión de las noticias falsas, la manipulación informativa y la ausencia de canales de comunicación para las comunidades marginadas. Aún no se conocen avances concretos en el desarrollo de esa política pública; su implementación estará a cargo de un “Comité Nacional de Medios alternativos” el cual dependerá de la presidencia de la República y en la que RTVC tendrá un rol financiero protagónico como avalista de los “nuevos medios”.
Ante la trascendencia de ese documento es necesario que tenga una amplia y profunda discusión. La creación de “nuevos medios” bajo la sombra del Estado entraña el riesgo del dirigismo informativo contrario a los principios constitucionales. En un entorno institucional que garantice la libertad de información, las expresiones que reflejen la diversidad y el pluralismo deben emerger de la sociedad misma.
Paralelamente a esa iniciativa presidencial, el órgano de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que se dedica a los contenidos audiovisuales está pensando en un proyecto regulatorio sobre pluralismo e imparcialidad informativa en televisión. Los dos asuntos no tienen ninguna relación institucional. Sin embargo, ambos denotan la pretensión del poder ejecutivo de tener la sabiduría para determinar lo que es adecuado o no en los medios de comunicación.
En esa pretensión hay un sabor de estatismo: además, es inocua ante la realidad de que las redes sociales y las nuevas herramientas tecnológicas manipulan la información y la opinión sin que la regulación y las autoridades hayan podido reaccionar, a pesar de las fatales consecuencias para la democracia.
Que la CRC se ahorre el tortuoso trámite de su proyecto regulatorio. La sola discusión no tendría mucha trascendencia dada la veleidad de las masas. Además, a pesar de lo que quiso el legislador, no existe un arquetipo de pluralismo e imparcialidad informativa que pueda ser exigible. Es preferible que a través de herramientas como la acción de tutela se protejan, caso a caso, los derechos constitucionales que pueden resultar conculcados.