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Cada cuatro años los gobiernos nos sorprenden con el plan de desarrollo que deben presentar a consideración del Congreso de la República. En el país la planeación no ha sido un arte de la política estatal. Los proyectos exitosos de planeación central requieren décadas de consenso político y articulación entre el sistema educativo, los inversionistas y el aparato productivo.
En Colombia estamos lejos de lograr tal consenso, muchos menos cuando las cargas tributarias y regulatorias se manejan al vaivén de las necesidades fiscales. Así, generalmente las leyes cuatrienales del plan acaban siendo una colcha de retazos; se quitan y ponen beneficios, dependiendo de la fuerza que tengan ciertos grupos de presión en un momento determinado.
El plan de desarrollo del primer gobierno Santos en materia de telecomunicaciones tuvo la ventaja (y desventaja) de que el país padecía la ilusión de una bonanza fiscal. Así pudieron otorgarse generosos subsidios que lograron cerrar considerablemente la brecha digital. En el segundo gobierno Santos, el deterioro de las finanzas públicas llevó a restringir severamente los subsidios en telecomunicaciones, a pesar de lo cual muchos recursos se desperdiciaron en microproyectos que no generaron algún beneficio social.
En el proyecto de plan de desarrollo que presentó la semana pasada el gobierno Duque se replica en buena parte el esquema de transferencias que se utiliza hace años y con base en el cual se busca otra vez la “expansión de las telecomunicaciones”. La viabilidad financiera de ese modelo depende de que el fondo de TIC se engorde suficientemente con los recursos que aportan los operadores, que a su vez los extraen de las tarifas que pagamos los usuarios. ¿Hasta cuando será sostenible?
Infortunadamente el proyecto de plan de desarrollo mantiene las obligaciones de hacer como forma de pago de las contraprestaciones a cargo de los operadores por el uso de las frecuencias.
De otra parte, hay que destacar que el proyecto de plan de desarrollo estimula la constitución de empresas de desarrollos tecnológicos innovadores para desarrollar actividades financieras. Este reconocimiento a las denominadas fintech estará a cargo de la Superintendencia Financiera, lo cual abre un interesante debate sobre si ese traje les queda bien a esos emprendimientos.
@jcgomez_j