Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra lobby –en su acepción pertinente– se define como “grupo de presión”, lo cual describe en parte lo que hacen quienes se dedican al lobby: presionar para que una autoridad pública tome una determinación a favor de sus intereses, lo cual es legítimo, pero dentro de una frontera peligrosamente tenue.
En Estados Unidos, como en ningún otro país, el lobby tiene un estatus legal y profesional. Existen más de 11 mil firmas de lobby y una ley de 1995 obliga a revelar los clientes y los honorarios de los lobistas y los asuntos por los cuales abogan. El ejercicio del poder político en Washington sería inconcebible sin el lobby. Las empresas más poderosas y muchos gobiernos del mundo –incluido el colombiano–, para sus asuntos más trascendentales necesitan los servicios de una firma de lobby, para hacerse oír.
En ese país las farmacéuticas y la industria de la salud son las que más pagaron por lobby en 2016, casi US$250 millones; una inversión con excelente retorno. Dentro de las empresas de tecnología el cliente número 1 es Google, seguido de Amazon, Facebook y Apple. Hacen bien en gastarse millones de dólares en lobby: su futuro depende críticamente de la regulación.
En Colombia, a pesar de que no se mueve una hoja en el Congreso de la República si no hay un lobby de por medio –del bueno o del malo–, esta actividad se ejerce de manera informal, sin ningún marco normativo. Apenas una babosa referencia en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y una previsión anodina: “La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria.” Un saludo a la bandera que no ha evitado que algunos congresistas se pongan al servicio de intereses privados.
En nuestro país, lamentablemente, en la rama judicial es usual la actividad del lobby malo. Por eso son tan valiosas las sentencias y laudos que protegen con dignidad el interés público, por encima de presiones e intrigas de talla internacional.
@jcgomez_j
Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra lobby –en su acepción pertinente– se define como “grupo de presión”, lo cual describe en parte lo que hacen quienes se dedican al lobby: presionar para que una autoridad pública tome una determinación a favor de sus intereses, lo cual es legítimo, pero dentro de una frontera peligrosamente tenue.
En Estados Unidos, como en ningún otro país, el lobby tiene un estatus legal y profesional. Existen más de 11 mil firmas de lobby y una ley de 1995 obliga a revelar los clientes y los honorarios de los lobistas y los asuntos por los cuales abogan. El ejercicio del poder político en Washington sería inconcebible sin el lobby. Las empresas más poderosas y muchos gobiernos del mundo –incluido el colombiano–, para sus asuntos más trascendentales necesitan los servicios de una firma de lobby, para hacerse oír.
En ese país las farmacéuticas y la industria de la salud son las que más pagaron por lobby en 2016, casi US$250 millones; una inversión con excelente retorno. Dentro de las empresas de tecnología el cliente número 1 es Google, seguido de Amazon, Facebook y Apple. Hacen bien en gastarse millones de dólares en lobby: su futuro depende críticamente de la regulación.
En Colombia, a pesar de que no se mueve una hoja en el Congreso de la República si no hay un lobby de por medio –del bueno o del malo–, esta actividad se ejerce de manera informal, sin ningún marco normativo. Apenas una babosa referencia en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y una previsión anodina: “La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria.” Un saludo a la bandera que no ha evitado que algunos congresistas se pongan al servicio de intereses privados.
En nuestro país, lamentablemente, en la rama judicial es usual la actividad del lobby malo. Por eso son tan valiosas las sentencias y laudos que protegen con dignidad el interés público, por encima de presiones e intrigas de talla internacional.
@jcgomez_j