Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Elon Musk es un usuario compulsivo de su red X. Cuando tomó su control, en 2022, declaró sin rubor que defendería el absolutismo de la libertad de expresión. Relajó la mayoría de los controles que había en Twitter para evitar mensajes falsos, de odio y discriminación; se restablecieron muchas cuentas que habían sido suspendidas. También prometió entonces que esa red sería políticamente neutra. Sin embargo, en julio pasado se declaró partidario de Trump, lo cual podría inclinar la balanza a favor de este candidato.
Recientemente un periodista del New York Times chequeó 171 posts de Musk en un período de cinco días. La tercera parte resultaron ser falsos, engañosos o descontextualizados. También es usual que Musk comparta muchos mensajes de influencers de derecha que difaman a Kamala Harris y mienten abiertamente en temas críticos para la opinión pública como migración y aborto. A un mes de las votaciones, ya es un hecho cierto y fatal que las prácticas que X tolera interferirán en las elecciones presidenciales, como sucedió con Facebook en 2016, cuando permitió que Cambrige Anaytica utilizara los datos de sus usuarios para difundir publicidad falsa en contra de la candidata Hilary Clinton.
Parapetadas en la libertad de información, las redes sociales acabaron siendo una especie de caballo de Troya de la democracia. Un fenómeno frente al cual se quedaron rezagados los legisladores y jueces. Por esa razón resulta histórico el proceso en el que se enzarzó X con la Corte Suprema de Brasil. Durante muchos meses el hombre más rico del mundo desafió las órdenes judiciales de suspender alrededor de cien cuentas de esa plataforma utilizadas por fanáticos del expresidente Bolsonaro. Al magistrado Alexandre de Moraes no le tembló la mano y, en agosto pasado, le solicitó a la agencia de telecomunicaciones de ese país bloquear el acceso a X. Musk vociferó y denostó a su peculiar estilo, pero tuvo que ceder y sus abogados están adelantado los trámites necesarios para cumplir las órdenes judiciales.
Más allá del tinte político que tiene el caso de X en Brasil, este es un antecedente cuya plantilla puede replicarse en otros países.