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En un momento crítico para la democracia en América Latina, el reconocimiento de Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela no solo es una cuestión de política exterior, sino un imperativo moral. La postura del gobierno de Gustavo Petro ha sido tibia, ambigua, complaciente y cómplice frente al régimen autocrático de Maduro. Esta actitud no solo socava los principios democráticos, sino que también ignora las flagrantes violaciones a los derechos humanos, y los vínculos delincuenciales que caracterizan al gobierno de Maduro.
Edmundo González, reconocido por una parte significativa de la comunidad internacional como el legítimo presidente de Venezuela, representa la esperanza de un retorno pacífico a la democracia y el respeto por los derechos humanos en un país atrapado por la represión y la crisis humanitaria. Sin embargo, el gobierno Petro optó por una postura de “neutralidad” que, en la práctica, es de complicidad. Esta ambigüedad no solo es moralmente cuestionable, sino que va en contravía del interés nacional.
La historia reciente de Venezuela está definida por la persecución política, la censura de medios de comunicación, la detención arbitraria de opositores y la represión violenta de manifestaciones pacíficas. Estas acciones han sido documentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos y han llevado a millones de venezolanos a huir de su país en busca de seguridad y oportunidades. Ante esta realidad, el silencio y la complicidad no son opciones viables para un país que dice defender la democracia y los derechos humanos.
Colombia, vecino y actor regional con vocación de liderazgo, tiene la responsabilidad de asumir una postura firme, clara y contundente. Reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela es un paso necesario para la democracia y los derechos humanos en el país vecino. Además, es una señal de solidaridad con los venezolanos, que padecen el régimen de Maduro.
La solapada alianza del gobierno colombiano con Maduro no solo es una traición a los principios democráticos, sino que también envía un mensaje peligroso a otros líderes autoritarios en la región. No condenar las violaciones a los derechos humanos y no reconocer a González hace que Colombia esté, de facto, legitimando un régimen que ha demostrado repetidamente el desprecio por su pueblo, la democracia y los derechos fundamentales.
El poder judicial y el Congreso deben ejercer presión sobre el Ejecutivo para que adopte una postura de Estado, firme y coherente en defensa de la democracia y los derechos humanos. La sociedad civil debe alzar su voz y exigir que el gobierno Petro actúe con responsabilidad y ética en su política exterior. Todas las fuerzas políticas demócratas tenemos la obligación de pronunciarnos en contra del tirano y en favor del legítimo presidente del hermano país.
Es imperativo que Colombia no solo reconozca a Edmundo González, sino que condene las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Esta postura es un deber moral y fortalece la posición de Colombia como defensor de la democracia en la región.
La tibieza, ambigüedad y pusilanimidad del gobierno Petro frente a Venezuela son inaceptables. Colombia debe reconocer a Edmundo González y condenar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro. Solo así podrá Colombia cumplir con su responsabilidad moral y política en defensa de la democracia y los derechos humanos.
