Voto preferente y cupos indicativos: corazón de la corrupción política

El voto preferente en listas a corporaciones públicas, “balkanizó” los partidos políticos y los convirtió en confederaciones clientelistas. Personalizó, desinstitucionalizó la política y es hoy uno de los principales caldos de cultivo para la corrupción. Por ejemplo, en lugar de tener más de cien candidatos por partido en una lista al Senado de voto preferente, con cien campañas personales y financiaciones individuales; las listas cerradas permiten una campaña financiera, política y programáticamente unificada, en la que los candidatos no están en competencia interna con sus copartidarios sino unidos ante los electores para promover con coherencia la propuesta de su colectividad.

La buena intención inicial de instaurar el voto preferente fue acabar la “dictadura del bolígrafo”, en la que el jefe del partido, arbitrariamente definía el orden de los candidatos en la lista. Pero como “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, hoy es foco de corrupción. En una próxima reforma política, las listas cerradas deben ser obligatorias para todos, con un sistema democrático interno de primarias como criterio para definir el orden de candidatos en la lista.

La financiación de campañas individuales y personales con voto preferente, junto a la ausencia de un sistema de financiación de campañas regulado, incentivó las partidas globales y cupos indicativos, coloquialmente conocidos como “mermelada”. Se trata de fondos de inversión del presupuesto nacional que no están desagregados por proyectos específicos, con una gran discrecionalidad en su uso.

Este mecanismo clientelista presupuestal erosionó la separación entre el poder legislativo y ejecutivo. Los congresistas tienen la capacidad de influir en la distribución regional de estos fondos a cambio de apoyo político al gobierno. El robo a la UNGRD en este gobierno es apenas una de las expresiones criminales del régimen clientelista que padecemos.

Algunos congresistas, alcaldes y contratistas son los principales beneficiarios de este sistema corrupto. Los contratistas, ligados a los políticos a través de redes clientelistas, reciben contratos sin la debida transparencia o competitividad. Los alcaldes, por su parte, utilizan estos fondos para financiar proyectos que les aseguren apoyo electoral, en lugar de priorizar las necesidades reales de sus comunidades.

Los recursos deben ser asignados a proyectos específicos, para una mayor transparencia y control en su ejecución. Cada proyecto tendría que justificar su viabilidad, costos y beneficios, lo que dificultaría el uso discrecional de los fondos.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe ser el garante de la eficiencia y transparencia en la ejecución del presupuesto de inversión. El DNP tiene la responsabilidad de planificar y coordinar la inversión pública, asegurando que los recursos se destinen a proyectos que realmente promuevan el bienestar ciudadano.

No obstante, el DNP ha sido cuestionado por ser parte del sistema de “mermelada”. El DNP realiza evaluaciones y estudios técnicos, pero su influencia es limitada por presión política e intereses de congresistas. La incapacidad de esa institución para imponer una estructura rigurosa y desagregada de los proyectos de inversión refleja su debilidad institucional y la falta de voluntad política para combatir la corrupción.

Listas a corporaciones públicas cerradas y obligatorias para todos los partidos, construidas a través de primarias democráticas internas, junto a la aprobación del presupuesto nacional de inversión desagregado por proyectos, son un golpe al corazón de la corrupción política en Colombia.