Agua: de las manifestaciones a las contribuciones
La reacción a mi columna “Páramos, prioridad nacional más que internacional” mostró que hay consenso sobre la necesidad de conservar los páramos. Por esta causa se moviliza la ciudadanía (ejemplo, Bucaramanga) cuando siente el riesgo de perder el suministro de agua, y a través de las redes sociales muchos manifiestan su voluntad de conservar. Si ese es el sentir nacional, ¿por qué se destruyen los páramos?
La mayor parte de las áreas de páramo, antes cubiertas por ecosistemas naturales, pantanos y humedales, hoy están drenadas y sus ecosistemas se han empobrecido, perdiendo capacidad de regulación hídrica. El paisaje de alta montaña en Colombia está dominado por el ganado y la papa. Pobres pajonales mantienen un ganado que da poca leche y carne escasa, y se los alterna con cultivos de papa, que generan gran pérdida de suelo orgánico y usan intensivamente agroquímicos. No hay un incentivo efectivo para que los campesinos paramunos y los terratenientes que deciden sobre el uso de la tierra en la alta montaña se decidan a conservar y recuperar los ecosistemas naturales del páramo.
La legislación colombiana tiene los elementos necesarios para gestionarlo. La tasa por uso de agua fue creada por el Código Nacional de Recursos Naturales (1974), y la Ley 99 (1993), en su artículo 43, la ratificó, viabilizando su cobro para cubrir los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. Varios decretos han modificado el monto y hoy la tasa es muy baja.
Cuando les pregunto a los estudiantes de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo si como usuarios de agua contribuyen a la conservación de las cuencas, su respuesta es ¡no! En realidad, sí lo hacen y está escrito en el recibo, pero el pequeño monto pasa desapercibido. En un recibo de cobro bimensual del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por $142.480 (casa estrato 4), se pagan $264 por tasa de uso (pago por el agua cruda) y $2.032 por tasa retributiva (contribución por contaminación con aguas residuales). Esto significa que el pago para la gestión de conservación y por el servicio del páramo como ecosistema regulador es el 0,18 % del valor pagado por el agua. El monto es bajo y no hay claridad respecto al uso de los recursos captados.
Es necesario redefinir las relaciones económicas y ambientales entre la Colombia urbana y la rural. Se deben realizar transferencias adecuadas y efectivas desde los centros urbanos a los pobladores rurales para financiar la gestión y conservación de los servicios ecosistémicos asociados con la regulación hídrica, esencial para la vida urbana. El Gobierno nacional debe revisar los montos de las transferencias, tasas y regalías que tienen como objetivo la conservación de las cuencas proveedoras de agua para consumo urbano y agropecuario (el Decreto 870 de pago por servicios ambientales es una herramienta útil), y la ciudadanía debe verificar su uso.
Bucaramanga tiene una buena oportunidad para asegurar compensaciones a los campesinos paramunos que conservan el agua para el presente y el futuro de la ciudad. Los ciudadanos debemos manifestarnos con transferencias adecuadas y efectivas; más en este momento, cuando, a buena hora, la ANLA negó la licencia ambiental a la Sociedad Minera de Santander (Minesa). Conservar y disfrutar del agua exige que todos nos metamos la mano al bolsillo y verifiquemos el buen uso de los recursos aportados.
La reacción a mi columna “Páramos, prioridad nacional más que internacional” mostró que hay consenso sobre la necesidad de conservar los páramos. Por esta causa se moviliza la ciudadanía (ejemplo, Bucaramanga) cuando siente el riesgo de perder el suministro de agua, y a través de las redes sociales muchos manifiestan su voluntad de conservar. Si ese es el sentir nacional, ¿por qué se destruyen los páramos?
La mayor parte de las áreas de páramo, antes cubiertas por ecosistemas naturales, pantanos y humedales, hoy están drenadas y sus ecosistemas se han empobrecido, perdiendo capacidad de regulación hídrica. El paisaje de alta montaña en Colombia está dominado por el ganado y la papa. Pobres pajonales mantienen un ganado que da poca leche y carne escasa, y se los alterna con cultivos de papa, que generan gran pérdida de suelo orgánico y usan intensivamente agroquímicos. No hay un incentivo efectivo para que los campesinos paramunos y los terratenientes que deciden sobre el uso de la tierra en la alta montaña se decidan a conservar y recuperar los ecosistemas naturales del páramo.
La legislación colombiana tiene los elementos necesarios para gestionarlo. La tasa por uso de agua fue creada por el Código Nacional de Recursos Naturales (1974), y la Ley 99 (1993), en su artículo 43, la ratificó, viabilizando su cobro para cubrir los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. Varios decretos han modificado el monto y hoy la tasa es muy baja.
Cuando les pregunto a los estudiantes de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo si como usuarios de agua contribuyen a la conservación de las cuencas, su respuesta es ¡no! En realidad, sí lo hacen y está escrito en el recibo, pero el pequeño monto pasa desapercibido. En un recibo de cobro bimensual del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por $142.480 (casa estrato 4), se pagan $264 por tasa de uso (pago por el agua cruda) y $2.032 por tasa retributiva (contribución por contaminación con aguas residuales). Esto significa que el pago para la gestión de conservación y por el servicio del páramo como ecosistema regulador es el 0,18 % del valor pagado por el agua. El monto es bajo y no hay claridad respecto al uso de los recursos captados.
Es necesario redefinir las relaciones económicas y ambientales entre la Colombia urbana y la rural. Se deben realizar transferencias adecuadas y efectivas desde los centros urbanos a los pobladores rurales para financiar la gestión y conservación de los servicios ecosistémicos asociados con la regulación hídrica, esencial para la vida urbana. El Gobierno nacional debe revisar los montos de las transferencias, tasas y regalías que tienen como objetivo la conservación de las cuencas proveedoras de agua para consumo urbano y agropecuario (el Decreto 870 de pago por servicios ambientales es una herramienta útil), y la ciudadanía debe verificar su uso.
Bucaramanga tiene una buena oportunidad para asegurar compensaciones a los campesinos paramunos que conservan el agua para el presente y el futuro de la ciudad. Los ciudadanos debemos manifestarnos con transferencias adecuadas y efectivas; más en este momento, cuando, a buena hora, la ANLA negó la licencia ambiental a la Sociedad Minera de Santander (Minesa). Conservar y disfrutar del agua exige que todos nos metamos la mano al bolsillo y verifiquemos el buen uso de los recursos aportados.