El discurso de todos los países y organizaciones participantes en la cumbre financiera realizada en Francia, la semana pasada, es que están comprometidos con la mitigación del cambio climático y la transición energética. La forma y las prioridades de acción de cada país son distintas, según su matriz de emisiones y la posibilidad de asociar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Desde el 2020 se viene insistiendo en buscar canje de deuda por acción climática. Así, en mi columna “Déficit fiscal y canje de deuda por regulación climática” propuse algo que fue recogido por el presidente Duque en 2021, quien pidió condonación de deudas a cambio de resultados en la lucha contra el cambio climático, tema que hoy es argumento central del Gobierno.
Esta propuesta argumenta una disminución o canje de deuda pública por compromisos de conservación de los valiosos servicios ecosistémicos (SE) que prestan nuestros bosques. La negociación requiere valorar los servicios ambientales que nuestros bosques prestan a la regulación climática y a la conservación de la biodiversidad. Es evidente que su conservación tiene costos directos y de oportunidad que deben ser cubiertos por la comunidad internacional si esta pretende que se mantengan estos servicios. De lo contrario, se seguirá transformando el bosque húmedo tropical en tierras para la producción agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, cultivos de palma africana y soya entre otras actividades.
En 2022, en la columna “Menores intereses como compensación ambiental” mencioné como parte de la estrategia la concesión de créditos en condiciones más favorables a los países que se comprometieran a conservar bosque húmedo tropical. Desde luego, el canje de deuda por compromisos de gestión ambiental tiene que incluir un orden de magnitud mucho mayor que la asociada a la concesión de créditos nuevos con intereses reducidos. Se debe hacer una valoración económica de los SE históricamente no valorados y, basado en ese cálculo, una reducción de los montos de la deuda con la banca multilateral.
Es necesario valorar los servicios ambientales ya prestados al planeta por los países tropicales como una deuda pendiente de los países que históricamente han sido grandes emisores de gases efecto invernadero para los países tropicales y, en especial, los de la cuenca amazónica y África tropical. El punto de partida sería una metodología validada por la ONU y aceptada por los países miembros para la cuantificación económica de los SE que se están prestando desde el bosque húmedo tropical a la regulación climática. A partir de dicha cuantificación, se debe compensar mediante transferencias de la banca multilateral a los países proveedores de dichos servicios al mundo. Ese suministro de SE tiene, como ya mencionamos, un costo de gestión y un costo de oportunidad, al dedicar esas áreas a la conservación de los ecosistemas naturales y no a otros usos como la producción agropecuaria. Estos dos costos deben ser cubiertos por la comunidad internacional si hay interés planetario de seguir recibiendo estos servicios.
En resumen, el compromiso de Colombia y de los demás países amazónicos de frenar la deforestación debe estar acompañado de una justa compensación por el esfuerzo de conservación del bosque tropical biodiverso. Debemos insistir en el canje de deuda por gestión climática y en una revisión del monto de la deuda real de los países contaminantes para con los países proveedores de SE por la regulación climática que ofrecen. Es tiempo de empezar a corregir el desbalance.