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Mi artículo “COVID-19: Gobierno, empresarios y trabajadores unidos para superar la crisis” suscitó reacciones encontradas. La propuesta no pretende cambiar el sistema productivo, solo busca que, aun cuando esté averiado, el barco no naufrague.
Los comentarios: unos argumentan que la lucha de clases no permite que se unan fuerzas entre capital y trabajo; otros condicionan el éxito de la proposición a que el Gobierno se gane la confianza de la ciudadanía; otros más consideran que la aplicación de lo propuesto requiere una sociedad distinta con valores diferentes, donde prevalezca la cultura del interés común y no la del beneficio individual y el oportunismo; los más están de acuerdo y consideran que la propuesta es viable y solidaria, y que para conservar los puestos de trabajo es necesario, durante la cuarentena, reducir salarios y asegurar la supervivencia empresarial para evitar que más personas queden en la calle. Para prevenir despidos y como contribución al sostenimiento del aparato productivo, el Gobierno debe cubrir parte de los parafiscales de los empleados formales y concentrar su capacidad en evitar el hambre y el caos general.
Conforme a la capacidad y de manera solidaria y diferenciada, cada empresario debe acordar reducciones salariales con sus trabajadores según los ingresos, asegurando el mínimo vital de todos y dando prioridad a quienes reciben un salario mínimo. La reducción salarial puede ser mediante solicitud de licencia no remunerada por tiempo parcial mientras no haya actividad productiva, o de común acuerdo entre empleado y empleador, recurriendo al artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica.
Empleados, empresarios y Gobierno deben acordar reglas de juego, donde todos se comprometen a contribuir con el propósito de evitar perder, en el corto y mediano plazo, lo que a cada cual más le interesa: al trabajador, no quedar desempleado y abocado al rebusque; al empresario, evitar la quiebra y el endeudamiento, y al Gobierno, prevenir una aguda crisis social. La pandemia nos golpea a todos y todos perdemos, pero como equipo podemos evitar el naufragio y no perderlo todo.
Coincido con la presidenta de Acopi cuando dice que para muchos la alternativa no es el crédito. La propuesta es una fórmula que endeudaría al empresario, comprometiendo frente al banco ingresos inexistentes y haciéndolo muy vulnerable a perder los activos productivos para cubrir un crédito que durante la cuarentena se consume de manera improductiva.
La destrucción del aparato productivo es la destrucción de las posibilidades de generar empleo y recuperación económica en el corto plazo. No se pretende que el Gobierno cubra los gastos de las empresas. La prioridad gubernamental en el corto plazo debe ser la comida de los grupos más vulnerables de la población. La gente con hambre sale a la calle a buscar comida y si no la encuentra recurre a la violencia. No tenemos un sistema de salud que nos permita atender la pandemia, tenemos que evitarla y nuestra única arma es el aislamiento. Los países ricos tienen otras alternativas. El Gobierno colombiano debe extender la cuarentena y concentrarse en evitar el hambre.
La alianza entre empleados, empresarios y Gobierno exige solidaridad, justicia, sacrificio y determinación.