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Escribo esta columna pocas horas antes de saber quién será elegido nuevo presidente de Estados Unidos, y posiblemente será leído cuando ya se conozca quién salió electo. Para el tema que trato, como para muchos otros en el planeta, el resultado de estas elecciones tendrá serios impactos. Desde mi perspectiva, el efecto más severo sobre la economía y las condiciones de vida en Colombia está relacionado con la variabilidad climática. Donald Trump niega el cambio climático e impulsa políticas que favorecen su aceleración: retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y desregulación en las emisiones de los automóviles, entre muchas medidas. De otra parte, Joe Biden se ha comprometido a encauzar las políticas gubernamentales buscando disminuir su impacto sobre el cambio climático e impulsando fuentes renovables alternativas de energía, entre otras propuestas.
Acentuado por el COVID-19, Colombia, como toda América Latina, presenta un tremendo déficit fiscal y tendrá que endeudarse aún más para poder impulsar la reactivación económica. Esto significa tener que acudir con mayor frecuencia y magnitud a la cooperación multilateral y a las organizaciones internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano, donde la influencia del gobierno de Estados Unidos, sin ser determinante, se siente y pesa. Sin embargo, todas estas entidades, hasta ahora, han manifestado su preocupación por no pasar de la crisis del COVID-19 a una profundización de la crisis climática.
La pandemia ha evidenciado la necesidad de conservar los remanentes de ecosistemas naturales en el planeta y, hasta donde sabemos, Colombia aún conserva el 51 % de su superficie continental en bosque natural. Esto abre una oportunidad de enfrentar el déficit fiscal y la carga de la deuda, buscando un canje de deuda externa por compromisos de gestión para mantener la integridad ecosistémica de las grandes masas boscosas del Amazonas y el Pacífico colombiano, que aportan a la regulación climática global.
Las grandes extensiones de bosque tropical generan beneficios por regulación climática y esto hace posible una compensación internacional a cambio de un compromiso nacional de conservación efectiva del bosque y sus servicios ecosistémicos. Para que la conservación sea posible, es necesaria la transferencia de buena parte de estos recursos a los habitantes del bosque: comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y propietarios privados.
En la situación actual, se suman dos condiciones: de una parte, hay un interés explícito de la banca multilateral y la cooperación internacional, especialmente de la Unión Europea, para enverdecer la recuperación económica; de otra, las posibilidades de pago de la deuda externa de Colombia se reducen.
A través del Ecofondo, organización creada en 1993, producto de una concertación entre un conjunto de organizaciones ambientalistas y el Gobierno nacional, Colombia tiene experiencias exitosas de canje de deuda por gestión ambiental. Con recursos del canje de deuda por gestión climática se pueden hacer acuerdos con la sociedad civil para adelantar proyectos ambientales de producción sostenible y conservación, mejorando las condiciones de vida para los habitantes del bosque.
El canje de deuda por gestión climática no significa una expropiación o pérdida de autonomía nacional del manejo y aprovechamiento del patrimonio natural. El acuerdo es de voluntades, donde las partes definen términos y condiciones, incluyendo posibles renovaciones periódicas. Estos ajustes deben darse según las cambiantes condiciones económicas y ambientales.