El coronavirus nos ha enseñado que las grandes ciudades son más propensas a la propagación de las epidemias. Las ciudades pequeñas y las zonas rurales ofrecen menos riesgos y en ellas es posible una mejor calidad de vida. El reto, para disminuir las desigualdades que atraen a la población a los grandes centros urbanos, es crear en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades la infraestructura necesaria en salud, educación e internet.
Diversas experiencias, tanto nacionales como internacionales, nos señalan que la calidad de vida es superior en ciudades que no superan los tres millones de habitantes. Allí los tiempos promedio de transporte son menores, hay mejor calidad del aire, se genera menor degradación en el entorno natural que rodea la ciudad, hay mayor posibilidad de suministro de beneficios y servicios ecosistémicos derivados de los ecosistemas naturales del entorno y la conectividad de los habitantes con los espacios naturales es más fácil y frecuente, lo cual redunda en una mejor salud física y mental. En grandes urbes como Bogotá, São Paulo, Nueva York, Londres o Madrid, con más de seis millones de habitantes, la gestión de espacios verdes y el suministro de agua son difíciles y costosos, el transporte requiere grandes inversiones, la contaminación atmosférica y el manejo de la basura y las aguas servidas son complejos. Adicionalmente, en las grandes ciudades el coronavirus ha tenido mucho mayor impacto en términos de difusión del virus y muertes, y el manejo social ha sido más difícil.
El COVID-19 nos ha dejado la evidencia clara de que es posible la descentralización y que la necesidad de aglomeración diaria para desarrollar las actividades productivas es cada día menor. Para el desarrollo de algunas labores, hemos aprendido a trabajar de manera más eficiente, desde la casa, modificando, sin destruir, el trabajo en equipo.
La descentralización no se dará espontáneamente por obra y gracia del COVID-19, porque esta requiere determinación y gestión, y allí es determinante el papel del Gobierno, los empresarios y la ciudadanía. Las vivencias del coronavirus hacen que hoy muchos habitantes de las grandes ciudades busquen oportunidades para salir de allí, y que los habitantes de áreas rurales y pequeñas ciudades tengan menor interés en migrar a los grandes centros urbanos, aunque esto les genere algún costo en términos de oportunidades de ingreso. Mayores ingresos no siempre significan mejor calidad de vida. La intervención gubernamental debe orientar sus acciones a mejorar las oportunidades de trabajo e infraestructura en zonas rurales y pequeños centros urbanos, y los empresarios deben orientar sus inversiones buscando aprovechar y apoyar estos nuevos espacios.
El crecimiento de las pequeñas ciudades debe planificarse considerando la oferta de servicios ambientales locales que garanticen el suministro de agua y una buena calidad y circulación del aire. Se deben reservar amplias zonas verdes en el interior de las ciudades, planificar la ubicación y control ambiental de la industria, diseñar un sistema de transporte público que evite el uso intensivo del auto individual y, por el contrario, favorecer el uso de la bicicleta y las patinetas eléctricas, públicas y privadas, con sus espacios de uso exclusivo, y el transporte masivo debe usar fuentes energéticas que generen los mínimos impactos ambientales. El COVID-19 induce a la descentralización y nos da la oportunidad de repensar la manera de ocupar el territorio.
El coronavirus nos ha enseñado que las grandes ciudades son más propensas a la propagación de las epidemias. Las ciudades pequeñas y las zonas rurales ofrecen menos riesgos y en ellas es posible una mejor calidad de vida. El reto, para disminuir las desigualdades que atraen a la población a los grandes centros urbanos, es crear en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades la infraestructura necesaria en salud, educación e internet.
Diversas experiencias, tanto nacionales como internacionales, nos señalan que la calidad de vida es superior en ciudades que no superan los tres millones de habitantes. Allí los tiempos promedio de transporte son menores, hay mejor calidad del aire, se genera menor degradación en el entorno natural que rodea la ciudad, hay mayor posibilidad de suministro de beneficios y servicios ecosistémicos derivados de los ecosistemas naturales del entorno y la conectividad de los habitantes con los espacios naturales es más fácil y frecuente, lo cual redunda en una mejor salud física y mental. En grandes urbes como Bogotá, São Paulo, Nueva York, Londres o Madrid, con más de seis millones de habitantes, la gestión de espacios verdes y el suministro de agua son difíciles y costosos, el transporte requiere grandes inversiones, la contaminación atmosférica y el manejo de la basura y las aguas servidas son complejos. Adicionalmente, en las grandes ciudades el coronavirus ha tenido mucho mayor impacto en términos de difusión del virus y muertes, y el manejo social ha sido más difícil.
El COVID-19 nos ha dejado la evidencia clara de que es posible la descentralización y que la necesidad de aglomeración diaria para desarrollar las actividades productivas es cada día menor. Para el desarrollo de algunas labores, hemos aprendido a trabajar de manera más eficiente, desde la casa, modificando, sin destruir, el trabajo en equipo.
La descentralización no se dará espontáneamente por obra y gracia del COVID-19, porque esta requiere determinación y gestión, y allí es determinante el papel del Gobierno, los empresarios y la ciudadanía. Las vivencias del coronavirus hacen que hoy muchos habitantes de las grandes ciudades busquen oportunidades para salir de allí, y que los habitantes de áreas rurales y pequeñas ciudades tengan menor interés en migrar a los grandes centros urbanos, aunque esto les genere algún costo en términos de oportunidades de ingreso. Mayores ingresos no siempre significan mejor calidad de vida. La intervención gubernamental debe orientar sus acciones a mejorar las oportunidades de trabajo e infraestructura en zonas rurales y pequeños centros urbanos, y los empresarios deben orientar sus inversiones buscando aprovechar y apoyar estos nuevos espacios.
El crecimiento de las pequeñas ciudades debe planificarse considerando la oferta de servicios ambientales locales que garanticen el suministro de agua y una buena calidad y circulación del aire. Se deben reservar amplias zonas verdes en el interior de las ciudades, planificar la ubicación y control ambiental de la industria, diseñar un sistema de transporte público que evite el uso intensivo del auto individual y, por el contrario, favorecer el uso de la bicicleta y las patinetas eléctricas, públicas y privadas, con sus espacios de uso exclusivo, y el transporte masivo debe usar fuentes energéticas que generen los mínimos impactos ambientales. El COVID-19 induce a la descentralización y nos da la oportunidad de repensar la manera de ocupar el territorio.