Si la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declara a la Amazonia como una región sujeto de derechos, no genera profundos cambios de actitud en el Gobierno y en la sociedad civil, la Amazonia colombiana morirá por agotamiento. Se llegará a deforestación cero por sustracción de materia, como hoy pasa en El Salvador, donde ya no se deforesta porque... ¡No hay bosque!
La Corte indica que, para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, se debe construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano; se deben enfatizar y hacer efectivos los componentes ambientales en los POT, y las CAR deben actuar eficientemente con medidas policivas, judiciales y administrativas.
Como señalaba en los artículos "Gobierno, motor de la deforestación" (julio 18/2017) y "Deforestación, apropiación y especulación" (enero 30/2018), el Gobierno colombiano es dinamizador de lo que está pasando en la Amazonia. El artículo del El Tiempo (marzo 16/2018) "Hay que seguir ruta del dinero detrás de los incendios en Amazonia" es muy claro al ratificar que "la salida de las Farc de la región y la llegada de nuevos colonos y actores privados que buscan enriquecerse acumulando tierras están generando que se arrase con la selva para luego obtener los títulos de propiedad de áreas que antes eran bosque".
El diagnostico está hecho; la pregunta es: ¿por qué el Estado es ineficaz? En buena medida es el mismo Estado con diversas e inconexas acciones quien impulsa la deforestación. De hecho, la Procuraduría ha abierto investigaciones contra algunos gobernadores (Guaviare) y alcaldes (Calamar y Miraflores) en la región. Adicionalmente, la construcción de carreteras, incluso su mero anuncio, dinamiza la deforestación. Hoy los inversionistas entran en toyotas, llevando motosierristas a sueldo, para deforestar y luego buscar obtener título de propiedad. Tradicionalmente, la deforestación se validaba como ocupación y dominio y se convertía en argumento para la titulación. Si se aplicara la ley, como recientemente lo dijo el ministro de Agricultura, deforestar en zona de reserva forestal debería ser motivo de judicialización y no de titulación. Según la Corte, el acaparamiento ilegal de tierras causa entre el 60 y 65 % de la deforestación.
La sola declaratoria de la Amazonia como sujeto de derechos no la salva, pero es una herramienta que debemos usar. La tutela presentada por 25 jóvenes, y apoyada por Dejusticia, cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, que en enero de 2018, a través del procurador delegado para Asuntos Ambientales, intervino como coadyuvante de la parte demandante y señaló que la falta de una política clara de gobernanza forestal está generando graves afectaciones, no sólo al ambiente, sino también a los derechos fundamentales de los accionantes y demás ciudadanos de Colombia. Concluyó diciendo que los principios de precaución y prevención exigen que las autoridades del orden nacional fijen una política puntual y concreta de gorbernanza forestal que garantice el manejo racional y sostenible de estos bosques nativos.
La Corte da cinco meses para tomar medidas efectivas y en el Fondo Colombia en Paz hay recursos financieros, pero allí quietos no evitan la deforestación ni construyen paz.
Si la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declara a la Amazonia como una región sujeto de derechos, no genera profundos cambios de actitud en el Gobierno y en la sociedad civil, la Amazonia colombiana morirá por agotamiento. Se llegará a deforestación cero por sustracción de materia, como hoy pasa en El Salvador, donde ya no se deforesta porque... ¡No hay bosque!
La Corte indica que, para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, se debe construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano; se deben enfatizar y hacer efectivos los componentes ambientales en los POT, y las CAR deben actuar eficientemente con medidas policivas, judiciales y administrativas.
Como señalaba en los artículos "Gobierno, motor de la deforestación" (julio 18/2017) y "Deforestación, apropiación y especulación" (enero 30/2018), el Gobierno colombiano es dinamizador de lo que está pasando en la Amazonia. El artículo del El Tiempo (marzo 16/2018) "Hay que seguir ruta del dinero detrás de los incendios en Amazonia" es muy claro al ratificar que "la salida de las Farc de la región y la llegada de nuevos colonos y actores privados que buscan enriquecerse acumulando tierras están generando que se arrase con la selva para luego obtener los títulos de propiedad de áreas que antes eran bosque".
El diagnostico está hecho; la pregunta es: ¿por qué el Estado es ineficaz? En buena medida es el mismo Estado con diversas e inconexas acciones quien impulsa la deforestación. De hecho, la Procuraduría ha abierto investigaciones contra algunos gobernadores (Guaviare) y alcaldes (Calamar y Miraflores) en la región. Adicionalmente, la construcción de carreteras, incluso su mero anuncio, dinamiza la deforestación. Hoy los inversionistas entran en toyotas, llevando motosierristas a sueldo, para deforestar y luego buscar obtener título de propiedad. Tradicionalmente, la deforestación se validaba como ocupación y dominio y se convertía en argumento para la titulación. Si se aplicara la ley, como recientemente lo dijo el ministro de Agricultura, deforestar en zona de reserva forestal debería ser motivo de judicialización y no de titulación. Según la Corte, el acaparamiento ilegal de tierras causa entre el 60 y 65 % de la deforestación.
La sola declaratoria de la Amazonia como sujeto de derechos no la salva, pero es una herramienta que debemos usar. La tutela presentada por 25 jóvenes, y apoyada por Dejusticia, cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, que en enero de 2018, a través del procurador delegado para Asuntos Ambientales, intervino como coadyuvante de la parte demandante y señaló que la falta de una política clara de gobernanza forestal está generando graves afectaciones, no sólo al ambiente, sino también a los derechos fundamentales de los accionantes y demás ciudadanos de Colombia. Concluyó diciendo que los principios de precaución y prevención exigen que las autoridades del orden nacional fijen una política puntual y concreta de gorbernanza forestal que garantice el manejo racional y sostenible de estos bosques nativos.
La Corte da cinco meses para tomar medidas efectivas y en el Fondo Colombia en Paz hay recursos financieros, pero allí quietos no evitan la deforestación ni construyen paz.