El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar “Reverdeciendo la recuperación” en una serie especial sobre políticas fiscales para responder al COVID-19. Su Departamento de Asuntos Fiscales centra el análisis en la relación entre política fiscal, COVID-19 y crisis climática. Enfatiza la necesidad de “ecologizar” la respuesta de la política fiscal frente el virus si queremos evitar que una crisis conduzca a otra, y señala que el apoyo público para este tipo de respuesta “verde” es creciente.
El documento señala que, si bien la política fiscal hoy debe centrarse en combatir la crisis económica inducida por el COVID-19, el cambio climático continúa y exige una acción política muy determinada para contener el calentamiento global a 2 °C o menos. Dependiendo de las señales fiscales que den los gobiernos, la reacción frente a la crisis económica asociada al COVID-19 puede generar dinámicas ambientales con impactos de largo plazo, en muy diversas direcciones. Por ejemplo, si los precios de la energía no se corrigen, el desarrollo de energías sucias y contaminantes puede reactivarse, pero si el precio incluye las externalidades negativas que ellas generan, la tendencia puede ser moverse hacia energías limpias. En ambos casos, un impuesto alto a las emisiones de CO2 conduce a mayor eficiencia en el uso de la energía y una menor demanda. Entre otras medidas, el FMI propone elevar el precio del impuesto global al carbón, hoy en U$2 por tonelada, a $75 para 2030 (FMI, Monitor Fiscal, octubre de2019).
Si bien los formuladores de las políticas fiscales deberían apuntar a una recuperación “verde” en la fase inmediata de contención de la crisis, el alcance para hacerlo puede ser limitado, dada la prioridad de proporcionar ayuda urgente a la población más vulnerable, a hogares y empresas. Estas ayudas no pueden ser retrasadas por consideraciones climáticas, pero aun en la fase de contención de crisis hay acciones políticas que pueden apoyar objetivos climáticos, sin socavar la efectividad de las medidas. El documento señala que para que la recuperación vaya por la senda de la sostenibilidad, los ministerios de finanzas, desde ya, deben diseñar paquetes de estímulo, políticas y proyectos orientados a disminuir la crisis climática.
El FMI propone acciones como: 1. Apoyar actividades verdes en los proyectos de inversión pública, impulsando infraestructura y tecnologías climáticamente inteligentes (energías renovables, redes eléctricas más eficientes, transporte público eléctrico, baterías de hidrógeno, internet e impulso al teletrabajo). 2. Dirigir los programas de apoyo al ingreso de los más pobres afectados por la crisis con proyectos que apoyen la adaptación al cambio climático (protección contra inundaciones, recuperación de cuencas hidrográficas, carreteras y edificios resilientes). 3. Condicionar el apoyo a la recuperación industrial, exigiendo indicadores ambientales de mejoramiento en las tecnologías utilizadas. 4. Evitar inversiones en proyectos intensivos en el uso de energía fósil. 5. Generar descuentos en los créditos asociados a proyectos con tecnologías amigables (bonos verdes) a través de indicadores en la banca comercial. 6. Tomar medidas en el comercio internacional para favorecer el intercambio entre países que estén comprometidos con disminuir sus emisiones de carbono. 7. Orientar la cooperación internacional asociada a superar la crisis del COVID-19 articulando sus inversiones a propósitos de reducción de emisiones en los países de menor ingreso.
Esperamos que el ministro Carrasquilla les coma cuento a sus colegas del FMI.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar “Reverdeciendo la recuperación” en una serie especial sobre políticas fiscales para responder al COVID-19. Su Departamento de Asuntos Fiscales centra el análisis en la relación entre política fiscal, COVID-19 y crisis climática. Enfatiza la necesidad de “ecologizar” la respuesta de la política fiscal frente el virus si queremos evitar que una crisis conduzca a otra, y señala que el apoyo público para este tipo de respuesta “verde” es creciente.
El documento señala que, si bien la política fiscal hoy debe centrarse en combatir la crisis económica inducida por el COVID-19, el cambio climático continúa y exige una acción política muy determinada para contener el calentamiento global a 2 °C o menos. Dependiendo de las señales fiscales que den los gobiernos, la reacción frente a la crisis económica asociada al COVID-19 puede generar dinámicas ambientales con impactos de largo plazo, en muy diversas direcciones. Por ejemplo, si los precios de la energía no se corrigen, el desarrollo de energías sucias y contaminantes puede reactivarse, pero si el precio incluye las externalidades negativas que ellas generan, la tendencia puede ser moverse hacia energías limpias. En ambos casos, un impuesto alto a las emisiones de CO2 conduce a mayor eficiencia en el uso de la energía y una menor demanda. Entre otras medidas, el FMI propone elevar el precio del impuesto global al carbón, hoy en U$2 por tonelada, a $75 para 2030 (FMI, Monitor Fiscal, octubre de2019).
Si bien los formuladores de las políticas fiscales deberían apuntar a una recuperación “verde” en la fase inmediata de contención de la crisis, el alcance para hacerlo puede ser limitado, dada la prioridad de proporcionar ayuda urgente a la población más vulnerable, a hogares y empresas. Estas ayudas no pueden ser retrasadas por consideraciones climáticas, pero aun en la fase de contención de crisis hay acciones políticas que pueden apoyar objetivos climáticos, sin socavar la efectividad de las medidas. El documento señala que para que la recuperación vaya por la senda de la sostenibilidad, los ministerios de finanzas, desde ya, deben diseñar paquetes de estímulo, políticas y proyectos orientados a disminuir la crisis climática.
El FMI propone acciones como: 1. Apoyar actividades verdes en los proyectos de inversión pública, impulsando infraestructura y tecnologías climáticamente inteligentes (energías renovables, redes eléctricas más eficientes, transporte público eléctrico, baterías de hidrógeno, internet e impulso al teletrabajo). 2. Dirigir los programas de apoyo al ingreso de los más pobres afectados por la crisis con proyectos que apoyen la adaptación al cambio climático (protección contra inundaciones, recuperación de cuencas hidrográficas, carreteras y edificios resilientes). 3. Condicionar el apoyo a la recuperación industrial, exigiendo indicadores ambientales de mejoramiento en las tecnologías utilizadas. 4. Evitar inversiones en proyectos intensivos en el uso de energía fósil. 5. Generar descuentos en los créditos asociados a proyectos con tecnologías amigables (bonos verdes) a través de indicadores en la banca comercial. 6. Tomar medidas en el comercio internacional para favorecer el intercambio entre países que estén comprometidos con disminuir sus emisiones de carbono. 7. Orientar la cooperación internacional asociada a superar la crisis del COVID-19 articulando sus inversiones a propósitos de reducción de emisiones en los países de menor ingreso.
Esperamos que el ministro Carrasquilla les coma cuento a sus colegas del FMI.