Plan Nacional de Desarrollo, ciudades y contaminación
La concentración de la población colombiana en espacios urbanos genera una crítica situación de calidad del aire, producción excesiva y mal manejo de basuras, alta demanda de suministro y tratamiento de aguas. Estos hechos obligan a que la distribución de la población y la gestión de ciudades sostenibles sea un tema central para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND).
La disponibilidad de agua y aire limpio son determinantes para la calidad de la vida. Por ello, es indispensable definir un plan de ocupación y distribución espacial de la población en armonía con la oferta y disponibilidad de recursos naturales.
El ordenamiento y la construcción de ciudades sostenibles requiere que se elabore un estudio y se ponga en ejecución un plan nacional —acorde con el real potencial de sostenibilidad de las capitales de departamento—, con el objetivo de establecer una política nacional de poblamiento que favorezca el crecimiento de las ciudades con potencial de crecimiento económico y social en el marco de la sostenibilidad. Las economías de escala que favorecen la concentración de población, producción y consumo no pueden ser los únicos factores que definan la ubicación de la población. El Estado debe tomar cartas en el asunto.
Definir una política de ocupación de territorio, incluida una política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana, debe incluir estrategias para disminuir el proceso de concentración de población, producción y consumo en Bogotá y su área metropolitana, para frenar la aglomeración urbana con alto costo social y ambiental.
São Paulo y Ciudad de México, en América Latina, y otras diez grandes ciudades del mundo viven crisis sanitarias por falta de agua y los inmuebles urbanos se desvalorizan. La disponibilidad de agua debe ser determinante para la planeación de ciudades sostenibles. Bogotá y la sabana dependen de Chingaza, cuya capacidad de oferta está llegando al límite.
A escala nacional, se deben establecer criterios e indicadores precisos sobre la inversión de las transferencias, tasas y regalías que tengan como objetivo la conservación de las cuencas proveedoras de agua para el consumo urbano. Se deben hacer efectivas las compensaciones de zonas urbanas a áreas rurales, para contribuir a la regulación hídrica. El pago por servicios ambientales a los habitantes rurales, que contribuyen en la gestión, restauración y conservación del agua para las ciudades, es una herramienta que debemos usar.
Entre otras estrategias, para disminuir el desbalance de ingresos y oportunidades entre espacios urbanos y rurales, está la de generar incentivos para mover los centros universitarios de las grandes ciudades a espacios rurales y pequeñas ciudades, y definir un régimen tributario diferenciado para evitar que los procesos manufactureros se concentren en Bogotá y Medellín.
Simultáneamente, el Gobierno debe impulsar una política nacional para disminuir la producción per cápita de basuras: gravar con impuestos los bienes de consumo y empaques que generan impacto ambiental y que tienen bienes sustitutos disponibles; crear incentivos para el uso de empaques con menor impacto ambiental y obligar a la separación en la fuente para el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos orgánicos.
Nota: en este contexto vale preguntarse si el necesario y requerido metro para Bogotá, financiado en un 70% con recursos de la nación, contribuye a la descentralización o, por el contrario, es una clara estrategia de centralización que agravará otros problemas de aglomeración.
La concentración de la población colombiana en espacios urbanos genera una crítica situación de calidad del aire, producción excesiva y mal manejo de basuras, alta demanda de suministro y tratamiento de aguas. Estos hechos obligan a que la distribución de la población y la gestión de ciudades sostenibles sea un tema central para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND).
La disponibilidad de agua y aire limpio son determinantes para la calidad de la vida. Por ello, es indispensable definir un plan de ocupación y distribución espacial de la población en armonía con la oferta y disponibilidad de recursos naturales.
El ordenamiento y la construcción de ciudades sostenibles requiere que se elabore un estudio y se ponga en ejecución un plan nacional —acorde con el real potencial de sostenibilidad de las capitales de departamento—, con el objetivo de establecer una política nacional de poblamiento que favorezca el crecimiento de las ciudades con potencial de crecimiento económico y social en el marco de la sostenibilidad. Las economías de escala que favorecen la concentración de población, producción y consumo no pueden ser los únicos factores que definan la ubicación de la población. El Estado debe tomar cartas en el asunto.
Definir una política de ocupación de territorio, incluida una política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana, debe incluir estrategias para disminuir el proceso de concentración de población, producción y consumo en Bogotá y su área metropolitana, para frenar la aglomeración urbana con alto costo social y ambiental.
São Paulo y Ciudad de México, en América Latina, y otras diez grandes ciudades del mundo viven crisis sanitarias por falta de agua y los inmuebles urbanos se desvalorizan. La disponibilidad de agua debe ser determinante para la planeación de ciudades sostenibles. Bogotá y la sabana dependen de Chingaza, cuya capacidad de oferta está llegando al límite.
A escala nacional, se deben establecer criterios e indicadores precisos sobre la inversión de las transferencias, tasas y regalías que tengan como objetivo la conservación de las cuencas proveedoras de agua para el consumo urbano. Se deben hacer efectivas las compensaciones de zonas urbanas a áreas rurales, para contribuir a la regulación hídrica. El pago por servicios ambientales a los habitantes rurales, que contribuyen en la gestión, restauración y conservación del agua para las ciudades, es una herramienta que debemos usar.
Entre otras estrategias, para disminuir el desbalance de ingresos y oportunidades entre espacios urbanos y rurales, está la de generar incentivos para mover los centros universitarios de las grandes ciudades a espacios rurales y pequeñas ciudades, y definir un régimen tributario diferenciado para evitar que los procesos manufactureros se concentren en Bogotá y Medellín.
Simultáneamente, el Gobierno debe impulsar una política nacional para disminuir la producción per cápita de basuras: gravar con impuestos los bienes de consumo y empaques que generan impacto ambiental y que tienen bienes sustitutos disponibles; crear incentivos para el uso de empaques con menor impacto ambiental y obligar a la separación en la fuente para el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos orgánicos.
Nota: en este contexto vale preguntarse si el necesario y requerido metro para Bogotá, financiado en un 70% con recursos de la nación, contribuye a la descentralización o, por el contrario, es una clara estrategia de centralización que agravará otros problemas de aglomeración.