Negociar con la Amazonia es una propuesta que suena farisea, antinatural o como mínimo mercantilista o neoliberal. La reacción inmediata es: “La Amazonia es nuestra y no se negocia”, afirmación que pareciera tener empatía con Bolsonaro, quien en rueda de prensa con periodistas extranjeros dijo: “La Amazonia es nuestra, no de ustedes” (El País, 20/07/2019), y para generar utilidades en el corto plazo, destruye resguardos indígenas y entrega la Amazonia a ganaderos y mineros.
Cuando escribí “Bosque, compensación y reactivación económica (I)” pensaba titular este segundo artículo igual, con un (II), pues voy a dar continuidad al argumento de que el país y las comunidades locales deben ser compensados por los beneficios generados por el bosque. Para conservarlo, es necesario demostrar y hacer realidad que este genere beneficios mayores para los locales que la ganancia económica de corto plazo que mueve a Bolsonaro. Los recursos de compensación por beneficios globales deben provenir de quienes se benefician de la conservación. El punto es cómo definir los términos de negociación.
Colombia negoció en 2015 con Reino Unido, Alemania y Noruega la transferencia de recursos, con el compromiso de llevar a cero la deforestación en 2020. En 2019 renegoció y se acordó una transferencia de US$360 millones si Colombia bajaba la deforestación a 150.000 hectáreas en 2022, no más de 100.000 en 2025 y a cero en 2030. Este acuerdo es una negociación basada en la capacidad y en los costos asumidos por el Gobierno para disminuir la deforestación, no es una compensación por el servicio ambiental que genera el bosque remanente, que en Colombia son más de 55’000.000 de hectáreas, de las cuales cerca del 70 % está en la Amazonia, donde hoy más del 85 % se conserva en bosque.
No es una compensación acordada como pago por servicios ambientales (PSA). El PSA es como el pago de un canon de arrendamiento por un uso indirecto. Yo pago si la forma como se usa el espacio me genera el beneficio que espero. Por ejemplo, si tengo un panal de abejas y mi vecino tiene un cultivo de flores de cinco hectáreas que le generan una utilidad de $100.000 por hectárea por año y de repente aparece la posibilidad de convertir el espacio en parqueadero y le pagan $120.000 por hectárea por año, para que el vecino no haga el cambio debo compensarlo con algo más de $20.000 por hectárea por año para que siga con las flores y no arruine mi negocio de las abejas. Si en el año siguiente él transforma una hectárea en parqueadero le dejaré de compensar por esa hectárea, pero, si me interesa, debo compensarlo por las cuatro restantes que siguen alimentando a mis abejas. El acuerdo no es estable ni a perpetuidad, deberá revisarse periódicamente y ajustarse o cancelarse cuando cambien las condiciones, bien sea para el que se beneficia del servicio ambiental (el apicultor) o para quien define el uso del espacio (el dueño de la tierra). Es un acuerdo de voluntades a término definido.
Lo razonable para Colombia es que el freno a la deforestación sea compensado por el aporte del servicio ecosistémico de la masa remanente en bosque y no por la variación marginal (área anualmente deforestada). Como parte de una reactivación económica sostenible y enverdecida, debemos renegociar la compensación por la conservación de nuestro bosque.
Negociar con la Amazonia es una propuesta que suena farisea, antinatural o como mínimo mercantilista o neoliberal. La reacción inmediata es: “La Amazonia es nuestra y no se negocia”, afirmación que pareciera tener empatía con Bolsonaro, quien en rueda de prensa con periodistas extranjeros dijo: “La Amazonia es nuestra, no de ustedes” (El País, 20/07/2019), y para generar utilidades en el corto plazo, destruye resguardos indígenas y entrega la Amazonia a ganaderos y mineros.
Cuando escribí “Bosque, compensación y reactivación económica (I)” pensaba titular este segundo artículo igual, con un (II), pues voy a dar continuidad al argumento de que el país y las comunidades locales deben ser compensados por los beneficios generados por el bosque. Para conservarlo, es necesario demostrar y hacer realidad que este genere beneficios mayores para los locales que la ganancia económica de corto plazo que mueve a Bolsonaro. Los recursos de compensación por beneficios globales deben provenir de quienes se benefician de la conservación. El punto es cómo definir los términos de negociación.
Colombia negoció en 2015 con Reino Unido, Alemania y Noruega la transferencia de recursos, con el compromiso de llevar a cero la deforestación en 2020. En 2019 renegoció y se acordó una transferencia de US$360 millones si Colombia bajaba la deforestación a 150.000 hectáreas en 2022, no más de 100.000 en 2025 y a cero en 2030. Este acuerdo es una negociación basada en la capacidad y en los costos asumidos por el Gobierno para disminuir la deforestación, no es una compensación por el servicio ambiental que genera el bosque remanente, que en Colombia son más de 55’000.000 de hectáreas, de las cuales cerca del 70 % está en la Amazonia, donde hoy más del 85 % se conserva en bosque.
No es una compensación acordada como pago por servicios ambientales (PSA). El PSA es como el pago de un canon de arrendamiento por un uso indirecto. Yo pago si la forma como se usa el espacio me genera el beneficio que espero. Por ejemplo, si tengo un panal de abejas y mi vecino tiene un cultivo de flores de cinco hectáreas que le generan una utilidad de $100.000 por hectárea por año y de repente aparece la posibilidad de convertir el espacio en parqueadero y le pagan $120.000 por hectárea por año, para que el vecino no haga el cambio debo compensarlo con algo más de $20.000 por hectárea por año para que siga con las flores y no arruine mi negocio de las abejas. Si en el año siguiente él transforma una hectárea en parqueadero le dejaré de compensar por esa hectárea, pero, si me interesa, debo compensarlo por las cuatro restantes que siguen alimentando a mis abejas. El acuerdo no es estable ni a perpetuidad, deberá revisarse periódicamente y ajustarse o cancelarse cuando cambien las condiciones, bien sea para el que se beneficia del servicio ambiental (el apicultor) o para quien define el uso del espacio (el dueño de la tierra). Es un acuerdo de voluntades a término definido.
Lo razonable para Colombia es que el freno a la deforestación sea compensado por el aporte del servicio ecosistémico de la masa remanente en bosque y no por la variación marginal (área anualmente deforestada). Como parte de una reactivación económica sostenible y enverdecida, debemos renegociar la compensación por la conservación de nuestro bosque.