En Colombia estamos haciendo lo que en Europa y EE. UU. dejó de hacerse desde mediados del siglo pasado: convertir ríos y quebradas en “caños” o canales de desagüe mediante obras de ingeniería, destruyendo todos sus atributos y la belleza natural. Estas “adecuaciones hidráulicas” se hacen para evitar las inundaciones e invadir las rondas naturales con construcciones.
La visión ha cambiado y la recuperación de la naturaleza de ríos y quebradas es lo que se hace en países donde los valores ambientales han tomado fuerza. Los cursos de agua —canalizada con cemento y concreto o grandes jarillones— se están recuperando y se realizan grandes inversiones para naturalizarlos.
Desde el siglo pasado, la ronda del río Bogotá y sus humedales —reguladores naturales del caudal— han sido transformados en espacios construidos. En años recientes, para evitar inundaciones, se decidió terminar de destruir el río Bogotá. Con apoyo del Banco Mundial se adelantó la llamada “adecuación hidráulica”: el antiguo río se convirtió en canal de desagüe entre Cota y Alicachín. La obra evitó inundaciones favoreciendo a miles de personas. En ese tramo del río cualquier otra opción resultaba muy costosa, pues hubiese exigido reubicar a muchos pobladores.
Más tarde, de manera autónoma y sin apoyo técnico ni recursos del Banco Mundial, la CAR Cundinamarca decidió continuar con la destrucción del río y sus afluentes, aguas arriba desde Cota. Muchos propietarios de terrenos rurales vieron con buenos ojos que se estuvieran habilitando sus tierras para la urbanización; algunos invasores, como la Universidad de la Sabana y condominios cercanos, presionaron por las obras para rentabilizar su inversión. Ampliando la “adecuación hidráulica” a toda la cuenca, la CAR ha promovido y sigue promoviendo la expansión de la urbanización a la sabana de Bogotá.
Solo la parte alta de la cuenca se ha salvado de la destrucción. Basados en el Decreto 132/2014 y en la Sentencia 2001-90947 de 2014, actuando con base en los principios de prevención y precaución, y con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, un grupo de ciudadanos presentamos un derecho de petición para evitar que se profundicen los efectos adversos y la destrucción del ecosistema mediante una nueva “adecuación hidráulica” en el tramo del río ubicado entre Cajicá y Villapinzón.
Argumentamos que se debe: suspender el proyecto de adecuación hidráulica hasta evaluar los riesgos y costos ambientales derivados; garantizar los derechos colectivos al medioambiente sano, la moralidad administrativa y el equilibrio ecológico; asegurar el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, mediante la conservación, restauración o sustitución de los ecosistemas ubicados en las áreas de especial importancia ecológica, y respetar los intereses de la comunidad, relacionados con la preservación y restauración del medioambiente y el uso y goce del espacio y los bienes públicos.
La Procuraduría reaccionó ante nuestra solicitud: ordenó suspender todos los trámites de contratación para esta parte de la cuenca y lideró tres reuniones donde se ha avanzado para asegurar que la CAR empiece por recuperar la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Después se deberá evaluar si se requiere o no algún tipo de obra que complemente la regulación natural con pequeñas intervenciones de ingeniería. Como ciudadanos, presionamos para que, en su calidad de autoridad ambiental, la CAR actúe con criterios de sostenibilidad ambiental y no sirva de apoyo a intereses que buscan urbanizar la sabana, aprovechando la “adecuación hidráulica” de la cuenca alta del río Bogotá.
En Colombia estamos haciendo lo que en Europa y EE. UU. dejó de hacerse desde mediados del siglo pasado: convertir ríos y quebradas en “caños” o canales de desagüe mediante obras de ingeniería, destruyendo todos sus atributos y la belleza natural. Estas “adecuaciones hidráulicas” se hacen para evitar las inundaciones e invadir las rondas naturales con construcciones.
La visión ha cambiado y la recuperación de la naturaleza de ríos y quebradas es lo que se hace en países donde los valores ambientales han tomado fuerza. Los cursos de agua —canalizada con cemento y concreto o grandes jarillones— se están recuperando y se realizan grandes inversiones para naturalizarlos.
Desde el siglo pasado, la ronda del río Bogotá y sus humedales —reguladores naturales del caudal— han sido transformados en espacios construidos. En años recientes, para evitar inundaciones, se decidió terminar de destruir el río Bogotá. Con apoyo del Banco Mundial se adelantó la llamada “adecuación hidráulica”: el antiguo río se convirtió en canal de desagüe entre Cota y Alicachín. La obra evitó inundaciones favoreciendo a miles de personas. En ese tramo del río cualquier otra opción resultaba muy costosa, pues hubiese exigido reubicar a muchos pobladores.
Más tarde, de manera autónoma y sin apoyo técnico ni recursos del Banco Mundial, la CAR Cundinamarca decidió continuar con la destrucción del río y sus afluentes, aguas arriba desde Cota. Muchos propietarios de terrenos rurales vieron con buenos ojos que se estuvieran habilitando sus tierras para la urbanización; algunos invasores, como la Universidad de la Sabana y condominios cercanos, presionaron por las obras para rentabilizar su inversión. Ampliando la “adecuación hidráulica” a toda la cuenca, la CAR ha promovido y sigue promoviendo la expansión de la urbanización a la sabana de Bogotá.
Solo la parte alta de la cuenca se ha salvado de la destrucción. Basados en el Decreto 132/2014 y en la Sentencia 2001-90947 de 2014, actuando con base en los principios de prevención y precaución, y con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, un grupo de ciudadanos presentamos un derecho de petición para evitar que se profundicen los efectos adversos y la destrucción del ecosistema mediante una nueva “adecuación hidráulica” en el tramo del río ubicado entre Cajicá y Villapinzón.
Argumentamos que se debe: suspender el proyecto de adecuación hidráulica hasta evaluar los riesgos y costos ambientales derivados; garantizar los derechos colectivos al medioambiente sano, la moralidad administrativa y el equilibrio ecológico; asegurar el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, mediante la conservación, restauración o sustitución de los ecosistemas ubicados en las áreas de especial importancia ecológica, y respetar los intereses de la comunidad, relacionados con la preservación y restauración del medioambiente y el uso y goce del espacio y los bienes públicos.
La Procuraduría reaccionó ante nuestra solicitud: ordenó suspender todos los trámites de contratación para esta parte de la cuenca y lideró tres reuniones donde se ha avanzado para asegurar que la CAR empiece por recuperar la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Después se deberá evaluar si se requiere o no algún tipo de obra que complemente la regulación natural con pequeñas intervenciones de ingeniería. Como ciudadanos, presionamos para que, en su calidad de autoridad ambiental, la CAR actúe con criterios de sostenibilidad ambiental y no sirva de apoyo a intereses que buscan urbanizar la sabana, aprovechando la “adecuación hidráulica” de la cuenca alta del río Bogotá.