Participar en los procesos de toma de decisiones tiene costos y riesgos. Algunos inherentes a la participación en cualquier parte del mundo; otros, propios de países violentos como el nuestro. En Colombia la participación en defensa del territorio ha costado la vida a muchos gestores sociales. Así, como con orgullo decimos que somos potencia en biodiversidad y regulación climática, con vergüenza y dolor de patria debemos rechazar la violencia y anunciar que como colombianos estamos decididos a defender y valorar ante todo la vida, que actuaremos para evitar seguir como el país en el mundo donde hay más asesinatos de personas que abogan por la defensa de la vida y los territorios, que estamos decididos a construir donde las diferencias se resuelvan pacíficamente. Un país con las actuales cifras de violencia no es viable, es una nación fallida.
La discusión sobre si hacer fracking o no, si hay juego limpio, genera una oportunidad para construir paz. Para que sea así, las reglas de participación e información deben ser claras; los árbitros, imparciales, y los jugadores no deben recibir amenazas ni sobornos de los contrarios, ni antes ni después del juego. El juego limpio exige que los diversos grupos de interés puedan expresarse en libertad, sin temores y que la determinación final sea el resultado de una discusión pacífica e ilustrada.
Como lo han dicho representantes de organizaciones locales, un primer paso es que la caracterización social, económica y ambiental (línea base), previa a la iniciación del Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII), sea establecida con participación y validación comunitaria y que no sea gestión aislada de una de las partes interesadas. La línea base es el marco de referencia para la evaluación posterior de impactos y debe ser un insumo para definir los términos de referencia del proceso de licenciamiento ambiental, especialmente lo relacionado con demanda y oferta de recursos naturales. Las variables a monitorear en los PPII deben ser definidas con participación de los diferentes actores relacionados. La información y el Centro de Transparencia son insumos claves para las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento y para la ciudadanía en general.
El soporte operativo, académico, técnico, científico y de gestión de la información sobre los PPII para alimentar el Centro de Transparencia debe ser adelantado por instituciones y personas idóneas, seleccionadas de manera abierta y transparente, para generar confianza a los actores. De esto dependen la validez y la credibilidad del proceso. La generación y apropiación del conocimiento debe buscar ser imparcial, transparente y confiable para todas las partes, en especial para las comunidades locales.
La identificación y superación de los pasivos ambientales generados por la extracción de hidrocarburos, previos a los PPII, es otro tema crucial para generar confianza. Estos deben ser identificados con participación comunitaria. Los recursos para superar los pasivos ambientales deben venir de quienes los causaron o del Estado. En los PPII, el Estado debe garantizar que no se crearán nuevos pasivos ambientales.
La ejecución de los PPII nos debe llevar a la evaluación integral costo-beneficio, insumo necesario para que, en el espacio de la política, tomemos la determinación de mayor conveniencia para el país. De momento, el Estado debe demostrar capacidad para crear las condiciones adecuadas en el terreno para validar la ejecución de los PPII; mientras tanto, deben ser detenidos.
Participar en los procesos de toma de decisiones tiene costos y riesgos. Algunos inherentes a la participación en cualquier parte del mundo; otros, propios de países violentos como el nuestro. En Colombia la participación en defensa del territorio ha costado la vida a muchos gestores sociales. Así, como con orgullo decimos que somos potencia en biodiversidad y regulación climática, con vergüenza y dolor de patria debemos rechazar la violencia y anunciar que como colombianos estamos decididos a defender y valorar ante todo la vida, que actuaremos para evitar seguir como el país en el mundo donde hay más asesinatos de personas que abogan por la defensa de la vida y los territorios, que estamos decididos a construir donde las diferencias se resuelvan pacíficamente. Un país con las actuales cifras de violencia no es viable, es una nación fallida.
La discusión sobre si hacer fracking o no, si hay juego limpio, genera una oportunidad para construir paz. Para que sea así, las reglas de participación e información deben ser claras; los árbitros, imparciales, y los jugadores no deben recibir amenazas ni sobornos de los contrarios, ni antes ni después del juego. El juego limpio exige que los diversos grupos de interés puedan expresarse en libertad, sin temores y que la determinación final sea el resultado de una discusión pacífica e ilustrada.
Como lo han dicho representantes de organizaciones locales, un primer paso es que la caracterización social, económica y ambiental (línea base), previa a la iniciación del Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII), sea establecida con participación y validación comunitaria y que no sea gestión aislada de una de las partes interesadas. La línea base es el marco de referencia para la evaluación posterior de impactos y debe ser un insumo para definir los términos de referencia del proceso de licenciamiento ambiental, especialmente lo relacionado con demanda y oferta de recursos naturales. Las variables a monitorear en los PPII deben ser definidas con participación de los diferentes actores relacionados. La información y el Centro de Transparencia son insumos claves para las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento y para la ciudadanía en general.
El soporte operativo, académico, técnico, científico y de gestión de la información sobre los PPII para alimentar el Centro de Transparencia debe ser adelantado por instituciones y personas idóneas, seleccionadas de manera abierta y transparente, para generar confianza a los actores. De esto dependen la validez y la credibilidad del proceso. La generación y apropiación del conocimiento debe buscar ser imparcial, transparente y confiable para todas las partes, en especial para las comunidades locales.
La identificación y superación de los pasivos ambientales generados por la extracción de hidrocarburos, previos a los PPII, es otro tema crucial para generar confianza. Estos deben ser identificados con participación comunitaria. Los recursos para superar los pasivos ambientales deben venir de quienes los causaron o del Estado. En los PPII, el Estado debe garantizar que no se crearán nuevos pasivos ambientales.
La ejecución de los PPII nos debe llevar a la evaluación integral costo-beneficio, insumo necesario para que, en el espacio de la política, tomemos la determinación de mayor conveniencia para el país. De momento, el Estado debe demostrar capacidad para crear las condiciones adecuadas en el terreno para validar la ejecución de los PPII; mientras tanto, deben ser detenidos.