6.402 motivos para reflexionar sobre el pasado
En febrero de 2019 el representante Edward Rodríguez presentó un proyecto de ley para prohibir el debate político y la libertad de cátedra en todos los colegios del país. Él quería impedir que los jóvenes conocieran, interpretaran y debatieran sobre las raíces de nuestra historia. Según sus términos, quería “evitar que los profesores politicen a niños, niñas y adolescentes”. Lo que en realidad buscaba era implementar una verdad “oficial” mediante la expedición de una ley. El representante del Centro Democrático, tal como vaticinó Orwell en su novela 1984, quería crear una policía del pensamiento. El representante quería perseguir y juzgar a los que sustentaran ideas contrarias a la verdad oficial. Su propuesta consistía en que, quien cayera por primera vez en el “delito de politizar”, fuera retirado de la educación durante dos años y quien lo cometiera por tercera ocasión, fuera excluido de la docencia de manera definitiva y llevado a la cárcel. Todos los gobernantes autoritarios le temen a la libertad de cátedra, de opinión, de prensa y de pensamiento. No importa qué extremo representen.
Jair Bolsonaro persigue desde hace tres años a los docentes que promueven los debates éticos y políticos. Los estudiantes están autorizados para grabarlos y después pueden denunciarlos por querer “politizarlos”. En Colombia, el proyecto contra la libertad de cátedra era una fiel copia del adoptado en Brasil. Sin duda, era una ley para amordazar la libertad, la ciencia y el pensamiento.
El proyecto de ley fue retirado porque encontró fuerte resistencia de la academia y la ciudadanía, pero en la práctica se ha revivido con lo que acaba de suceder en días pasados debido a la demanda presentada a nombre del partido de gobierno contra la docente Sandra Ximena Caicedo en Cali, por hablar con jóvenes sobre los mal llamados “falsos positivos”. Según el abogado contratado, el partido de gobierno instauró demanda contra la docente por el trabajo que les solicitó a sus estudiantes del grado noveno dado que, supuestamente, la tarea afectaba el “buen nombre y la honra del expresidente Álvaro Uribe”. Algo muy similar dicen en Cuba o en Venezuela, porque tienen múltiples temas vedados para los profesores y los estudiantes. Esos temas no pueden discutirse porque hacen parte de “verdades oficiales”: ¡todos los gobiernos autoritarios le temen al pensamiento libre!
El partido de gobierno durante mucho tiempo ha estigmatizado la labor de los profes colombianos y de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Dicen que adoctrinan y, a diario, denigran de su trabajo. Dicen que hostigan a los jóvenes, que lavan el cerebro de los menores y que recurren a falacias. Son discursos cargados de odio hacia los docentes y las palabras de odio conducen - y todos, tristemente lo sabemos- a crímenes de odio.
Según el diagnóstico del partido de gobierno, los docentes son los responsables de la baja calidad de la educación en Colombia. Es cierto que la formación de los profesores es de baja calidad, pero sucede que esta formación la decide el propio gobierno y no los maestros. También es cierto que el currículo es impertinente y fragmentado, pero, nuevamente, el currículo es trazado por el gobierno, no por los docentes. Es verdad que tan solo el 28% de los niños menores de cinco años tienen educación inicial y esto viola la Ley General de Educación y deteriora la calidad de vida a futuro, pero, una vez más, las políticas y decisiones sobre la educación de los menores las establece el MEN y no el magisterio. Todos sabemos que los docentes no definen la política educativa, las inversiones, los textos, las leyes, la estructura de las instituciones o los programas de formación, entre muchos otros. Por eso no se les puede señalar como si fueran los principales responsables de la baja calidad de la educación. Su responsabilidad radica en bloquear el proceso de evaluación docente. Sin duda, un sistema más pertinente para evaluar docentes nos ayudaría a mejorar la educación.
Las escuelas tienen que garantizar la consolidación de las competencias del siglo XXI asociadas al pensamiento, la formación de mejores ciudadanos y la lectura crítica. Por esta razón, esas competencias son evaluadas por PISA, TIMSS y SABER. También por eso nos va tan mal: porque en las escuelas no hemos logrado desarrollarlas.
Los “falsos positivos” constituyen uno de los momentos más tristes en nuestra historia reciente. 6.402 civiles fueron asesinados y presentados como si fueran guerrilleros, para que quienes cometieron esos asesinatos tuvieran algunos días libres y ganaran algunas medallas. Representamos a nivel mundial uno de los casos más aberrantes de la degradación a la que ha llegado la guerra. Lo más grave es que fueron ejecuciones de civiles autorizadas y exigidas por altos mandos militares. Es muy importante que la JEP haya adelantado una muy completa investigación y que estemos cerca de esclarecer parte de estos horribles actos de barbarie, inéditos en la historia reciente de los conflictos a lo largo y ancho del planeta.
¡Claro que los docentes tienen que traer a las aulas todos los temas del debate nacional! Para eso es la escuela: para enseñar a pensar, a argumentar y a debatir ideas utilizando los temas del contexto para ello. Deben garantizarse diversas fuentes, múltiples textos, diversas posturas y enfoques, pero en todas las escuelas hay que llevar el país a las aulas para que sus estudiantes lo conozcan, lo entiendan y lo interpreten desde diversas perspectivas. La diversidad es condición necesaria para garantizar el multiperspectivismo y la lectura crítica. Lo grave en Colombia no es que los estudiantes estén politizados, por el contrario, tienen poca conciencia política. A los docentes no hay que prohibirles temas, sino exigirles diversidad de fuentes, de textos, de paradigmas y de perspectivas. En eso, algunos docentes se equivocan el presentar una sola mirada de los fenómenos sociales. Es un grave error fruto del dogmatismo y el fanatismo que, sin duda, también imposibilita el desarrollo de la lectura crítica.
Ojalá un juez no les dé la razón a quienes quieren prohibir el ejercicio del pensamiento libre y establecer temas vedados y verdades oficiales. Si lo hacen, estaremos más cerca de materializar la metáfora de Orwell sobre el establecimiento de un “Gran Hermano” que lo controla todo. No hay duda, en Colombia hay por lo menos 6.402 motivos para conocer, investigar y reflexionar sobre el pasado y debemos hacerlo. La condición es que incluyamos diversas perspectivas si queremos formar mejores ciudadanos con pensamiento crítico y que nos ayuden a construir y ampliar nuestra frágil democracia.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).
En febrero de 2019 el representante Edward Rodríguez presentó un proyecto de ley para prohibir el debate político y la libertad de cátedra en todos los colegios del país. Él quería impedir que los jóvenes conocieran, interpretaran y debatieran sobre las raíces de nuestra historia. Según sus términos, quería “evitar que los profesores politicen a niños, niñas y adolescentes”. Lo que en realidad buscaba era implementar una verdad “oficial” mediante la expedición de una ley. El representante del Centro Democrático, tal como vaticinó Orwell en su novela 1984, quería crear una policía del pensamiento. El representante quería perseguir y juzgar a los que sustentaran ideas contrarias a la verdad oficial. Su propuesta consistía en que, quien cayera por primera vez en el “delito de politizar”, fuera retirado de la educación durante dos años y quien lo cometiera por tercera ocasión, fuera excluido de la docencia de manera definitiva y llevado a la cárcel. Todos los gobernantes autoritarios le temen a la libertad de cátedra, de opinión, de prensa y de pensamiento. No importa qué extremo representen.
Jair Bolsonaro persigue desde hace tres años a los docentes que promueven los debates éticos y políticos. Los estudiantes están autorizados para grabarlos y después pueden denunciarlos por querer “politizarlos”. En Colombia, el proyecto contra la libertad de cátedra era una fiel copia del adoptado en Brasil. Sin duda, era una ley para amordazar la libertad, la ciencia y el pensamiento.
El proyecto de ley fue retirado porque encontró fuerte resistencia de la academia y la ciudadanía, pero en la práctica se ha revivido con lo que acaba de suceder en días pasados debido a la demanda presentada a nombre del partido de gobierno contra la docente Sandra Ximena Caicedo en Cali, por hablar con jóvenes sobre los mal llamados “falsos positivos”. Según el abogado contratado, el partido de gobierno instauró demanda contra la docente por el trabajo que les solicitó a sus estudiantes del grado noveno dado que, supuestamente, la tarea afectaba el “buen nombre y la honra del expresidente Álvaro Uribe”. Algo muy similar dicen en Cuba o en Venezuela, porque tienen múltiples temas vedados para los profesores y los estudiantes. Esos temas no pueden discutirse porque hacen parte de “verdades oficiales”: ¡todos los gobiernos autoritarios le temen al pensamiento libre!
El partido de gobierno durante mucho tiempo ha estigmatizado la labor de los profes colombianos y de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Dicen que adoctrinan y, a diario, denigran de su trabajo. Dicen que hostigan a los jóvenes, que lavan el cerebro de los menores y que recurren a falacias. Son discursos cargados de odio hacia los docentes y las palabras de odio conducen - y todos, tristemente lo sabemos- a crímenes de odio.
Según el diagnóstico del partido de gobierno, los docentes son los responsables de la baja calidad de la educación en Colombia. Es cierto que la formación de los profesores es de baja calidad, pero sucede que esta formación la decide el propio gobierno y no los maestros. También es cierto que el currículo es impertinente y fragmentado, pero, nuevamente, el currículo es trazado por el gobierno, no por los docentes. Es verdad que tan solo el 28% de los niños menores de cinco años tienen educación inicial y esto viola la Ley General de Educación y deteriora la calidad de vida a futuro, pero, una vez más, las políticas y decisiones sobre la educación de los menores las establece el MEN y no el magisterio. Todos sabemos que los docentes no definen la política educativa, las inversiones, los textos, las leyes, la estructura de las instituciones o los programas de formación, entre muchos otros. Por eso no se les puede señalar como si fueran los principales responsables de la baja calidad de la educación. Su responsabilidad radica en bloquear el proceso de evaluación docente. Sin duda, un sistema más pertinente para evaluar docentes nos ayudaría a mejorar la educación.
Las escuelas tienen que garantizar la consolidación de las competencias del siglo XXI asociadas al pensamiento, la formación de mejores ciudadanos y la lectura crítica. Por esta razón, esas competencias son evaluadas por PISA, TIMSS y SABER. También por eso nos va tan mal: porque en las escuelas no hemos logrado desarrollarlas.
Los “falsos positivos” constituyen uno de los momentos más tristes en nuestra historia reciente. 6.402 civiles fueron asesinados y presentados como si fueran guerrilleros, para que quienes cometieron esos asesinatos tuvieran algunos días libres y ganaran algunas medallas. Representamos a nivel mundial uno de los casos más aberrantes de la degradación a la que ha llegado la guerra. Lo más grave es que fueron ejecuciones de civiles autorizadas y exigidas por altos mandos militares. Es muy importante que la JEP haya adelantado una muy completa investigación y que estemos cerca de esclarecer parte de estos horribles actos de barbarie, inéditos en la historia reciente de los conflictos a lo largo y ancho del planeta.
¡Claro que los docentes tienen que traer a las aulas todos los temas del debate nacional! Para eso es la escuela: para enseñar a pensar, a argumentar y a debatir ideas utilizando los temas del contexto para ello. Deben garantizarse diversas fuentes, múltiples textos, diversas posturas y enfoques, pero en todas las escuelas hay que llevar el país a las aulas para que sus estudiantes lo conozcan, lo entiendan y lo interpreten desde diversas perspectivas. La diversidad es condición necesaria para garantizar el multiperspectivismo y la lectura crítica. Lo grave en Colombia no es que los estudiantes estén politizados, por el contrario, tienen poca conciencia política. A los docentes no hay que prohibirles temas, sino exigirles diversidad de fuentes, de textos, de paradigmas y de perspectivas. En eso, algunos docentes se equivocan el presentar una sola mirada de los fenómenos sociales. Es un grave error fruto del dogmatismo y el fanatismo que, sin duda, también imposibilita el desarrollo de la lectura crítica.
Ojalá un juez no les dé la razón a quienes quieren prohibir el ejercicio del pensamiento libre y establecer temas vedados y verdades oficiales. Si lo hacen, estaremos más cerca de materializar la metáfora de Orwell sobre el establecimiento de un “Gran Hermano” que lo controla todo. No hay duda, en Colombia hay por lo menos 6.402 motivos para conocer, investigar y reflexionar sobre el pasado y debemos hacerlo. La condición es que incluyamos diversas perspectivas si queremos formar mejores ciudadanos con pensamiento crítico y que nos ayuden a construir y ampliar nuestra frágil democracia.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).