Internet para garantizar el derecho a la educación
Días después de los adultos mayores de 70 años, los estudiantes ingresaron a la cuarentena en Colombia y, seguramente, serán los últimos en salir de ella. Ya cumplieron un mes largo en casa y ciertamente, faltan otros. La explicación es sencilla: si se suspende la cuarentena para ellos antes de tiempo, lo más probable es que se conviertan en el principal vehículo de transmisión del virus, ya que es imposible pedirle a diez millones de niños, niñas y jóvenes que no se abracen y que se mantengan a más de dos metros de distancia unos de otros. Por ello, la sociedad tendrá que garantizarles por todos los medios posibles el derecho a la educación por vías diferentes a la presencial.
Sin embargo, que los colegios estén cerrados no quiere decir que suspendamos la educación, porque las escuelas no se hacen con ladrillos, sino con profesores que forman a niños y jóvenes. No es casual que grandes maestros de la historia, como Platón o Sócrates, hayan enseñado caminando y que, en los estudios recientes de la UNESCO para América Latina, no se encuentre ninguna asociación entre la calidad de la infraestructura y la calidad del proceso formativo. No son mejores colegios los que tienen más metros de construcción, sino aquellos que tienen un mejor clima de convivencia entre los estudiantes, docentes con mejor formación y que cuentan con rectores que ejercen liderazgo pedagógico de calidad.
El virus persigue a todos los seres humanos de todos los rincones del planeta, géneros, religiones y razas, pero las maneras que tenemos para detenerlo se diferencian sensiblemente según el nivel socioeconómico de la población. Algunos tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, con mercado, techo, música, lecturas, abrigo e internet; pero a otros los agobia el hambre y, por ello –salvo que los subsidie el Estado–, tienen que arriesgar sus vidas y salir a buscar diariamente el alimento. Viven del día a día. En cierto sentido, se parecen a los nómadas, ya que no acumulan excedente: no ahorran. No pueden hacerlo. Por sí solos no pueden ingresar a la cuarentena y mucho menos tienen la posibilidad de conectarse a las redes mundiales en las que la humanidad deposita la información que conoce: el ciberespacio. También son marginados digitales.
Las desigualdades sociales en el mundo se hacen visibles en la manera como podemos enfrentar la pandemia. Estamos escuchando el grito de los pobres, que durante mucho tiempo habían querido silenciar. Más evidente aún en nuestro país, si tenemos presente que, en todas las estadísticas, de todas las entidades y en todos los años, Colombia sigue siendo uno de los diez países más inequitativos del mundo. De ello quiero hablar al explicar la propuesta que algunos hemos lanzado en diversos medios y que quiero pasar a justificar.
El 52 % de los hogares en el país tiene conectividad a Internet. En las cabeceras, el 63 % dispone de conexión a las redes, mientras que en la ruralidad prácticamente no existe, ya que tan solo en el 1% de los hogares hay internet fijo y móvil. Obviamente, quienes no cuentan con conectividad son los hogares de estrato 1, 2 y 3, cuyos hijos estudian en los colegios y universidades públicas del país. En estas condiciones es totalmente imposible para la educación pública y básica dar el salto a la virtualidad. Sencillamente no lo podrá hacer durante unos buenos años, razón que por demás justifica, un estructural y completo programa estatal para revertir esta tendencia en el mediano plazo.
Aun así, el problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que, adicionalmente al internet, hay que contar con computador para los distintos miembros del hogar, con banda ancha para asegurar una buena conexión y con profesores que, teniendo consolidadas las competencias digitales, también tengan acceso a internet de calidad. El país está en mora de organizar un Comité, con representatividad de directores de colegios, personalidades de la cultura, directores de medios y profesores de las diversas áreas, para elaborar un plan general que permita, en un tiempo muy breve, revisar los contenidos disponibles de la televisión y la radio, que podrían ser utilizados para cada uno de los ciclos en las diversas áreas abordadas en la formación escolar.
En televisión hay muy buenos programas en ciencias, sociales o literatura y, con un muy buen equipo de curadores, se podría seleccionar aquellos en los que se abordan temáticas muy pertinentes de actualidad, educación física y artes. No es tan difícil, pero ha faltado voluntad política, reflexión pedagógica y planeación, en tiempos que hay que reconocer, son en extremo complejos y en los que hay miles de demandas.
El trabajo en la televisión tiene que ser articulado a nivel nacional y regional, para que los esfuerzos de unos nutran el trabajo de los demás, y deberá contar con una fuerte alianza público-privada para garantizar la diversidad de contenidos que se requieren en este momento para brindar educación de calidad a niños y jóvenes de edades de desarrollo diferenciadas. La radio podría tener una función esencial en la formación de los padres que estarán al cuidado de sus hijos mientras dure la cuarentena. Hay que entender que ésta es una tarea esencial, por la convivencia permanente que mantendrán durante un tiempo prolongado. La prioridad debe ser el cuidado emocional de los menores.
La producción de nuevos programas de televisión es viable y necesaria, pero hay que partir de lo que previamente ya se ha realizado. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional no ha debido enviar a vacaciones a los rectores y profesores, cuando los necesitábamos pensando cómo enfrentar la crisis actual. No se han rescatado programas de televisión educativa que ya existen y que, bien organizados, podrían acompañar los largos días de la cuarentena que esperan a los estudiantes. Por eso, ni los niños ni los profesores los están utilizando. No nos digamos mentiras, las cifras de audiencia delatan que estamos ante un problema sin resolver: los televidentes actuales en estas franjas son menos del 1 % de los estudiantes del país. La pregunta es: ¿se seguirá violando el derecho del otro 99 % de los estudiantes? Las familias y la sociedad agradeceríamos que se asumiera con mayor responsabilidad nuestra obligación ética y constitucional con los niños y las niñas.
La situación de los estudiantes universitarios es bien distinta, ya que la mayoría de universidades sí lograron dar el salto a la virtualidad por presentar buenas experiencias previas en educación virtual, consolidación de las competencias digitales de sus docentes y adecuada conectividad de la mayoría de sus profesores y estudiantes. No todos cumplieron con estas condiciones, pero la gran mayoría sí lo hizo. Las estadísticas respaldan la viabilidad de la propuesta. En las universidades oficiales regionales, en las que el 98 % de sus estudiantes pertenecen a estratos 1 y 2, tan solo el 18 % de ellos no cuenta con internet. ¿Los dejaremos sin la educación de calidad a la que tienen derecho? Un dato esencial a tener en cuenta: el celular está muchísimo más incorporado en los hogares y en las universidades oficiales regionales, el 81 % de los estudiantes posee uno.
Colombia está mejor en conectividad que Ecuador, Perú y Bolivia, pero atrás de Chile. Solamente el 16 % de los hogares en Bolivia cuentan con conexión a internet fija; en Ecuador, el 37 % y en Perú, el 52 %. Chile está significativamente mejor, ya que tan solo el 16 % de los hogares no cuenta con conectividad. Es por eso que los jóvenes del Parlamento Andino han levantado la consigna de #InternetParaEstudiar. Se trata de una propuesta que garantice internet gratuito para los estudiantes de la educación superior en la región Andina del continente. Comparto plenamente dicha solicitud, ya que las universidades tienen sus cursos abiertos en educación virtual y sólo un grupo de estudiantes queda excluido para continuar dichos procesos. Son éstos, precisamente, los más pobres, que también han sido, por lo general, los abandonados por el Estado. La telefonía móvil en Colombia ya ha ampliado los servicios de quienes contaban con planes básicos, pero, desde el punto de vista ético y cultural, sería más pertinente pensar en quienes más lo necesitan y no en quienes lo utilizarán para la recreación.
La anterior idea no es pertinente para la educación básica, pues, como lo señalé previamente, no es viable para ninguno de los países andinos realizar en este momento el salto a la virtualidad y tampoco es pertinente o viable, ofrecer gratuidad para los estratos altos.
La propuesta implicaría identificar a la población estudiantil de las universidades públicas y privadas que no ha podido acceder a los programas en curso, a quienes se ofrecería internet gratuito mediante una alianza público-privada, durante el tiempo que dure la cuarentena.
Del desespero, los universitarios que no cuentan con internet han convocado a luchar para impedir que continúe el proceso educativo en las universidades en las que están inscritos. Es una movilización que ha contado con buen apoyo de profesores, pero puede ser una de las marchas más absurdas de los últimos tiempos: estudiantes y profesores que se movilizan públicamente para impedir el derecho a la educación. Mi invitación es exactamente la contraria: garantizar el derecho a la educación para todos los jóvenes que actualmente están vinculados a estudios de educación superior pública y privada. Es un esfuerzo pequeño para el gobierno y para las compañías de telefonía móvil, pero de enorme trascendencia para la vida de los jóvenes de estratos bajos, que con enormes sacrificios han logrado llegar a la educación superior, universitaria o técnica.
Todo buen padre sabe que lo mejor que le puede dejar a sus descendientes es la educación. Esa es una de las frases que más escuchan nuestros hijos. La educación cambia la vida de las personas, sociedades y generaciones enteras. Todos lo sabemos. Si tuviéramos buenos gobernantes, harían lo mismo: se dedicarían a garantizar que toda la población tuviera educación de calidad. Hoy tenemos la oportunidad de impedir que jóvenes de estratos bajos queden excluidos de los procesos educativos que vienen cursando. ¿Tendremos, en Colombia y en los países andinos, gobernantes que estén a la altura de este reto y que permitan a los estudiantes continuar accediendo a la educación que con tanto esfuerzo están llevando a cabo? En muy pocos días lo sabremos.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)
Días después de los adultos mayores de 70 años, los estudiantes ingresaron a la cuarentena en Colombia y, seguramente, serán los últimos en salir de ella. Ya cumplieron un mes largo en casa y ciertamente, faltan otros. La explicación es sencilla: si se suspende la cuarentena para ellos antes de tiempo, lo más probable es que se conviertan en el principal vehículo de transmisión del virus, ya que es imposible pedirle a diez millones de niños, niñas y jóvenes que no se abracen y que se mantengan a más de dos metros de distancia unos de otros. Por ello, la sociedad tendrá que garantizarles por todos los medios posibles el derecho a la educación por vías diferentes a la presencial.
Sin embargo, que los colegios estén cerrados no quiere decir que suspendamos la educación, porque las escuelas no se hacen con ladrillos, sino con profesores que forman a niños y jóvenes. No es casual que grandes maestros de la historia, como Platón o Sócrates, hayan enseñado caminando y que, en los estudios recientes de la UNESCO para América Latina, no se encuentre ninguna asociación entre la calidad de la infraestructura y la calidad del proceso formativo. No son mejores colegios los que tienen más metros de construcción, sino aquellos que tienen un mejor clima de convivencia entre los estudiantes, docentes con mejor formación y que cuentan con rectores que ejercen liderazgo pedagógico de calidad.
El virus persigue a todos los seres humanos de todos los rincones del planeta, géneros, religiones y razas, pero las maneras que tenemos para detenerlo se diferencian sensiblemente según el nivel socioeconómico de la población. Algunos tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, con mercado, techo, música, lecturas, abrigo e internet; pero a otros los agobia el hambre y, por ello –salvo que los subsidie el Estado–, tienen que arriesgar sus vidas y salir a buscar diariamente el alimento. Viven del día a día. En cierto sentido, se parecen a los nómadas, ya que no acumulan excedente: no ahorran. No pueden hacerlo. Por sí solos no pueden ingresar a la cuarentena y mucho menos tienen la posibilidad de conectarse a las redes mundiales en las que la humanidad deposita la información que conoce: el ciberespacio. También son marginados digitales.
Las desigualdades sociales en el mundo se hacen visibles en la manera como podemos enfrentar la pandemia. Estamos escuchando el grito de los pobres, que durante mucho tiempo habían querido silenciar. Más evidente aún en nuestro país, si tenemos presente que, en todas las estadísticas, de todas las entidades y en todos los años, Colombia sigue siendo uno de los diez países más inequitativos del mundo. De ello quiero hablar al explicar la propuesta que algunos hemos lanzado en diversos medios y que quiero pasar a justificar.
El 52 % de los hogares en el país tiene conectividad a Internet. En las cabeceras, el 63 % dispone de conexión a las redes, mientras que en la ruralidad prácticamente no existe, ya que tan solo en el 1% de los hogares hay internet fijo y móvil. Obviamente, quienes no cuentan con conectividad son los hogares de estrato 1, 2 y 3, cuyos hijos estudian en los colegios y universidades públicas del país. En estas condiciones es totalmente imposible para la educación pública y básica dar el salto a la virtualidad. Sencillamente no lo podrá hacer durante unos buenos años, razón que por demás justifica, un estructural y completo programa estatal para revertir esta tendencia en el mediano plazo.
Aun así, el problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que, adicionalmente al internet, hay que contar con computador para los distintos miembros del hogar, con banda ancha para asegurar una buena conexión y con profesores que, teniendo consolidadas las competencias digitales, también tengan acceso a internet de calidad. El país está en mora de organizar un Comité, con representatividad de directores de colegios, personalidades de la cultura, directores de medios y profesores de las diversas áreas, para elaborar un plan general que permita, en un tiempo muy breve, revisar los contenidos disponibles de la televisión y la radio, que podrían ser utilizados para cada uno de los ciclos en las diversas áreas abordadas en la formación escolar.
En televisión hay muy buenos programas en ciencias, sociales o literatura y, con un muy buen equipo de curadores, se podría seleccionar aquellos en los que se abordan temáticas muy pertinentes de actualidad, educación física y artes. No es tan difícil, pero ha faltado voluntad política, reflexión pedagógica y planeación, en tiempos que hay que reconocer, son en extremo complejos y en los que hay miles de demandas.
El trabajo en la televisión tiene que ser articulado a nivel nacional y regional, para que los esfuerzos de unos nutran el trabajo de los demás, y deberá contar con una fuerte alianza público-privada para garantizar la diversidad de contenidos que se requieren en este momento para brindar educación de calidad a niños y jóvenes de edades de desarrollo diferenciadas. La radio podría tener una función esencial en la formación de los padres que estarán al cuidado de sus hijos mientras dure la cuarentena. Hay que entender que ésta es una tarea esencial, por la convivencia permanente que mantendrán durante un tiempo prolongado. La prioridad debe ser el cuidado emocional de los menores.
La producción de nuevos programas de televisión es viable y necesaria, pero hay que partir de lo que previamente ya se ha realizado. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional no ha debido enviar a vacaciones a los rectores y profesores, cuando los necesitábamos pensando cómo enfrentar la crisis actual. No se han rescatado programas de televisión educativa que ya existen y que, bien organizados, podrían acompañar los largos días de la cuarentena que esperan a los estudiantes. Por eso, ni los niños ni los profesores los están utilizando. No nos digamos mentiras, las cifras de audiencia delatan que estamos ante un problema sin resolver: los televidentes actuales en estas franjas son menos del 1 % de los estudiantes del país. La pregunta es: ¿se seguirá violando el derecho del otro 99 % de los estudiantes? Las familias y la sociedad agradeceríamos que se asumiera con mayor responsabilidad nuestra obligación ética y constitucional con los niños y las niñas.
La situación de los estudiantes universitarios es bien distinta, ya que la mayoría de universidades sí lograron dar el salto a la virtualidad por presentar buenas experiencias previas en educación virtual, consolidación de las competencias digitales de sus docentes y adecuada conectividad de la mayoría de sus profesores y estudiantes. No todos cumplieron con estas condiciones, pero la gran mayoría sí lo hizo. Las estadísticas respaldan la viabilidad de la propuesta. En las universidades oficiales regionales, en las que el 98 % de sus estudiantes pertenecen a estratos 1 y 2, tan solo el 18 % de ellos no cuenta con internet. ¿Los dejaremos sin la educación de calidad a la que tienen derecho? Un dato esencial a tener en cuenta: el celular está muchísimo más incorporado en los hogares y en las universidades oficiales regionales, el 81 % de los estudiantes posee uno.
Colombia está mejor en conectividad que Ecuador, Perú y Bolivia, pero atrás de Chile. Solamente el 16 % de los hogares en Bolivia cuentan con conexión a internet fija; en Ecuador, el 37 % y en Perú, el 52 %. Chile está significativamente mejor, ya que tan solo el 16 % de los hogares no cuenta con conectividad. Es por eso que los jóvenes del Parlamento Andino han levantado la consigna de #InternetParaEstudiar. Se trata de una propuesta que garantice internet gratuito para los estudiantes de la educación superior en la región Andina del continente. Comparto plenamente dicha solicitud, ya que las universidades tienen sus cursos abiertos en educación virtual y sólo un grupo de estudiantes queda excluido para continuar dichos procesos. Son éstos, precisamente, los más pobres, que también han sido, por lo general, los abandonados por el Estado. La telefonía móvil en Colombia ya ha ampliado los servicios de quienes contaban con planes básicos, pero, desde el punto de vista ético y cultural, sería más pertinente pensar en quienes más lo necesitan y no en quienes lo utilizarán para la recreación.
La anterior idea no es pertinente para la educación básica, pues, como lo señalé previamente, no es viable para ninguno de los países andinos realizar en este momento el salto a la virtualidad y tampoco es pertinente o viable, ofrecer gratuidad para los estratos altos.
La propuesta implicaría identificar a la población estudiantil de las universidades públicas y privadas que no ha podido acceder a los programas en curso, a quienes se ofrecería internet gratuito mediante una alianza público-privada, durante el tiempo que dure la cuarentena.
Del desespero, los universitarios que no cuentan con internet han convocado a luchar para impedir que continúe el proceso educativo en las universidades en las que están inscritos. Es una movilización que ha contado con buen apoyo de profesores, pero puede ser una de las marchas más absurdas de los últimos tiempos: estudiantes y profesores que se movilizan públicamente para impedir el derecho a la educación. Mi invitación es exactamente la contraria: garantizar el derecho a la educación para todos los jóvenes que actualmente están vinculados a estudios de educación superior pública y privada. Es un esfuerzo pequeño para el gobierno y para las compañías de telefonía móvil, pero de enorme trascendencia para la vida de los jóvenes de estratos bajos, que con enormes sacrificios han logrado llegar a la educación superior, universitaria o técnica.
Todo buen padre sabe que lo mejor que le puede dejar a sus descendientes es la educación. Esa es una de las frases que más escuchan nuestros hijos. La educación cambia la vida de las personas, sociedades y generaciones enteras. Todos lo sabemos. Si tuviéramos buenos gobernantes, harían lo mismo: se dedicarían a garantizar que toda la población tuviera educación de calidad. Hoy tenemos la oportunidad de impedir que jóvenes de estratos bajos queden excluidos de los procesos educativos que vienen cursando. ¿Tendremos, en Colombia y en los países andinos, gobernantes que estén a la altura de este reto y que permitan a los estudiantes continuar accediendo a la educación que con tanto esfuerzo están llevando a cabo? En muy pocos días lo sabremos.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)