¿La ley estatutaria de educación será un hito en la historia del país?

A raíz de la radicación de la ley estatutaria el pasado 12 de septiembre, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, declaró que estábamos ante “un día histórico en Colombia”. Eso sería cierto si la nueva ley tuviera un enorme poder para ampliar el derecho a la educación, mejorar la calidad y unir a la nación. ¿Logrará estos propósitos?

A raíz de la radicación de la ley estatutaria el pasado 12 de septiembre, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, declaró que estábamos ante “un día histórico en Colombia”. Eso sería cierto si la nueva ley tuviera un enorme poder para ampliar el derecho a la educación, mejorar la calidad y unir a la nación. ¿Logrará estos propósitos?

El derecho a la educación está establecido en la Constitución Nacional de 1991 (artículos 44 y 67) y en la Ley General de Educación de 1994. Allí se señala que debe estar garantizado hasta el grado noveno. La ley estatutaria lo ampliaría a la educación media y superior. Eso es algo muy importante, en tanto la educación genera beneficios para toda la sociedad al mejorar la movilidad social, las oportunidades, la equidad y las competencias de los jóvenes. No hay duda, estamos ante una ley de jerarquía especial que puede ayudar a regular este derecho. Sin embargo, la pregunta es si será un hito en la historia del país.

En Colombia, solo el 9 % de los niños acceden al prejardín, el 13 % al jardín y el 68 % al grado de transición (4, 5 y 6 años respectivamente). Sin embargo, según estableció el artículo 18 de la Ley General de Educación, la educación preescolar de tres grados es obligatoria para todos los estudiantes. Hoy, tres décadas después, esto sigue siendo letra muerta. El único impacto positivo ha estado en la parcial ampliación del grado de transición. Mientras tanto, durante la actual administración de Claudia López, Bogotá, sin ley estatutaria, llegó a tener a todos los colegios distritales con transición y al 90 % con jardín. No fue una ley la que permitió este notable avance, sino el compromiso político y las acciones concretas. No tener una ley estatutaria no ha impedido el avance del derecho a la educación de los niños en Bogotá, así como contar con la Ley General de Educación desde 1994 no ha garantizado que los niños del país reciban la educación inicial que necesitan para su desarrollo.

En la educación media pasa algo diferente. La mitad de los estudiantes han desertado al llegar al grado noveno. La pregunta clave es por qué lo hacen. En 2018, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE concluyó que los dos factores más importantes señalados por los estudiantes son: a) El aburrimiento que sienten en las clases y b) La necesidad de conseguir trabajo o encargarse de los oficios del hogar. Como es fácil entender, una nueva ley no puede contrarrestar el efecto del aburrimiento ni garantizar trabajo a los jóvenes. De allí que, tal como está prevista, la ley estatutaria no reducirá la deserción al iniciar la educación media.

El impacto será positivo y mayor en la educación superior. Tiene toda la razón el gobierno al pensar en abrir sedes universitarias en diversas y más apartadas regiones. Aun así, el primer problema es que pareciera no tener un plan claro cuando lo hace. Se observa improvisación. El segundo es la enorme deserción universitaria. En el país, el 46 % de los estudiantes que ingresaron a las universidades no culminaron sus estudios. Nuevamente la pregunta es: ¿por qué desertan tantos?

En la exposición de motivos se identifican tres factores esenciales: a) La débil formación con la que llegan los jóvenes, en especial quienes estudiaron en colegios públicos urbanos y rurales; b) La ausencia de orientación profesional previa y c) Pobreza y bajo capital cultural de las familias. Adicionalmente, seguimientos que hemos realizado en la Universidad Nacional nos permiten incluir otro factor esencial, muy descuidado a nivel universitario: los vínculos sociales, afectivos y académicos del estudiante con sus compañeros actúan como un factor protector. No tenerlos es una causal de primer orden en la deserción.

Teniendo en cuenta este diagnóstico, se puede predecir un aumento en los jóvenes admitidos a las instituciones de educación superior, muy seguramente por la ampliación de tutelas cuando ese derecho no se esté garantizando. En la Universidad Nacional, por ejemplo, solo pueden ingresar el 10 % de los aspirantes. Con la ley y los nuevos recursos más jóvenes podrán acceder y eso es muy favorable para ellos, sus familias, la nación y la democracia. Sin embargo, debe preverse una elevación posterior en los niveles de deserción, en tanto al ampliarse el derecho comenzará a llegar una población con menor consolidación de sus competencias. En consecuencia, no es pertinente ampliar el derecho si al mismo tiempo no se trabaja para reducir los altísimos niveles de deserción que se presentan en la educación superior.

Necesitamos una reforma integral en la educación básica y esa no está prevista en la ley estatutaria. No se habla de variables claves para elevar la calidad educativa, como repensar la formación de los docentes, establecer lineamientos curriculares pertinentes y realizar ajustes institucionales para fortalecer el clima, el trabajo en equipo y el liderazgo pedagógico. El concepto de ciclo, adoptado desde 2008 en Bogotá, debería ser una de las claves para reestructurar la básica y la media. Aun así, se sigue enfatizando en una estrategia de ampliación de las maestrías individuales y descontextualizadas, que no ha tenido ningún impacto en la calidad. Así mismo, equivocadamente se sigue creyendo en la mágica idea de que al llegar más recursos mejorará necesariamente la calidad.

Tampoco se habla de las reformas integrales que necesitamos en la educación superior. Sigue siendo un sector muy inflexible y rígido para un mundo tan incierto como el que vivimos. La flexibilidad y diversidad deberían ser principios esenciales, pero siguen teniendo mucho peso la rigidez, el tradicionalismo y la normatividad. Necesitamos que las instituciones se articulen mejor con la sociedad, los demás niveles del sistema y los retos futuros. Es muy claro que no existe un sistema educativo articulado, pero la ley no avanza al respecto. Siguen siendo muy imprecisas las diferencias y equivalencias entre la educación para el trabajo, los institutos técnicos, los tecnológicos y las universidades. Sobre eso no hay reflexiones conceptuales ni institucionales en el proyecto de ley.

Como afirma el profesor Wasserman, la universidad privada es un socio que no puede ser ignorado en las propuestas de reforma y los planes de acción. Desafortunadamente, los proyectos del gobierno han tendido a ignorarla bajo la ilusión de que nos acercamos a una educación universal gratuita. Pero esta meta seguirá siendo inalcanzable durante varias décadas porque no hay recursos ni condiciones para lograrla y porque los que hay deberían privilegiar, sin dudarlo, la educación inicial y la básica. El gobierno actúa como si desconociera que crear 500.000 cupos en tres años es imposible si no cuenta con el apoyo de las universidades privadas y sin fortalecer el ICETEX. La experiencia de Bogotá nuevamente es muy exitosa: si bien se debe elegir la educación oficial como primera opción, hay que apoyarse en universidades privadas para garantizar los derechos. A ellas, sin duda, se les deben exigir sistemas de cofinanciación. Es la mejor manera de aprovechar su experiencia, instalaciones, docentes y la calidad que han construido. Es la única manera de no retroceder en el derecho.

Estamos ante una ley que ayudará a ampliar el derecho a la educación superior para los jóvenes de las regiones, pero tendrá un impacto nulo para los adolescentes que desertan de los colegios. En la educación inicial es muy positivo que se piense en asegurar el derecho a 800.000 niños más y que lo consideremos un “derecho impostergable”, pero faltan estrategias y acciones claras. Ojalá ese fuera uno de los focos de reflexión.

Lo que sí es evidente es que la ley estatutaria impactará muy poco la baja calidad de la educación en el país. Seguramente tendremos más recursos con la reforma al Sistema General de Participaciones y eso ayudará a atender la deuda histórica que tiene el país con los niños y niñas campesinos a quienes ha condenado a estudiar con infraestructuras que no cumplen las mínimas condiciones de higiene, agua, ventilación y espacios de estudio. Eso es muy importante, pero sin repensar la formación docente y establecer un lineamiento curricular nacional centrado en competencias transversales no será posible mejorar la calidad de la educación que reciben los niños, las niñas y los jóvenes en Colombia.

Al fin de cuentas, el problema en Colombia no es de falta de leyes, sino de falta de voluntad, compromiso, seguimiento, análisis de impacto, reflexión pedagógica y trabajo en equipo. Eso tampoco se resuelve con una ley, por muy especial que sea.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)