Por un retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas

En 2018 gigantescas movilizaciones se tomaron las calles para defender el derecho de los jóvenes a educarse. Este derecho universal estaba siendo amenazado por la sensible disminución de recursos por parte del Estado a las universidades públicas, y porque una muy equivocada política quería trasladar los recursos de las entidades públicas a las privadas. Son las movilizaciones más amplias, pacíficas y justas promovidas por los estudiantes en décadas. Fruto de dichas movilizaciones, por primera vez en la historia, el presidente se sentó con los estudiantes y accedió a sus pretensiones: llegaron nuevos e importantes recursos para reestablecer el derecho amenazado. Falta mucho, pero hay que valorar lo que avanzamos como sociedad.

La pandemia generada por el coronavirus volvió a amenazar el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes. En Colombia y el mundo tuvieron que cerrarse las aulas presenciales y pasar a modalidades en casas, pero sucede que el 66 % de los estudiantes de colegios públicos en el país no tienen ni computador ni conectividad. Así mismo, Colombia es de los pocos países que no reparte textos escolares en sus colegios oficiales. A esos niños se les está violando el derecho a estudiar y es necesario que el Gobierno nacional tome medidas para reestablecerlo. Según cifras del MEN, le han entregado computadores al 1 % de los niños que no lo tenían. El Gobierno no ha cumplido su compromiso ético y constitucional con los niños y los jóvenes.

Un grupo de importantes académicos en el país se han movilizado en redes solicitando la apertura de los colegios oficiales de manera inmediata. Es cierto que la educación presencial tiene múltiples ventajas y que hay que hacer lo posible por retornar lo más pronto posible a clases presenciales. Sin embargo, las condiciones epidemiológicas de las principales ciudades obligan a ser más cautos y esperar algunas semanas. Ojalá pocas. Sin duda, estamos ante un problema de enorme importancia que exige que todos actuemos de la manera más responsable.

No hay duda, los maestros que creen que hay que esperar las vacunas no están teniendo en cuenta el derecho de los niños a la vida y a la educación y esa postura debe ser abiertamente rechazada. También la de las agremiaciones de maestros que piden soluciones nacionales a un tema que debe resolverse teniendo en cuenta contextos regionales y locales.

Por eso, me permito formular algunas ideas para defender el derecho a la educación que, una vez más, vuelve a estar amenazado. Estas ideas las desarrollé en el Concejo de Bogotá, el cual dedicó dos días enteros a debatir esta temática, a las que fui amablemente invitado, en conjunto con otros académicos, padres de familia y jóvenes para reflexionar conjuntamente con los concejales y concejalas de la ciudad. La idea central es que debemos garantizar seguridad, gradualidad y un retorno progresivo a la presencialidad.

Primero. Es prioritario tener las escuelas abiertas de manera presencial en los municipios y localidades en los que no hay virus o en los que el número de contagios es bajo. ¡Nadie puede defender que se le viole el derecho a la educación a esos niños y jóvenes porque el derecho de ellos prevalece sobre todos los demás! Sumapaz, por ejemplo, tan solo tuvo, en 2020, 15 casos activos de COVID. Nadie puede explicar por qué los 749 estudiantes de la localidad no van a clases presenciales, sabiendo al mismo tiempo que el 90% de ellos no tienen conectividad. Existen cientos de regiones como Sumapaz en el país. Colombia es un país de regiones y las soluciones necesariamente deben darse a nivel regional.

Segundo. Los primeros niños que deben retornar de manera presencial son los de inicial y primaria. Por ningún motivo la sociedad puede permitir que se queden solos en casa y en pocos casos cuentan con padres que los puedan orientar de manera permanente. Los niños de estas edades no tienen el nivel de lectura ni la autonomía suficiente para continuar su proceso educativo sin el acompañamiento de un adulto. Así mismo, los estudios indican que la permanencia de los niños más pequeños en casa ha aumentado de manera grave la depresión, violencia y maltrato hacia los menores. Al fin de cuentas vivimos en una sociedad en la que el autoritarismo es muy frecuente. Vivir un confinamiento con un padre autoritario es una desgracia para un niño. Por el contrario, las escuelas son lugares de protección para los menores.

Tercero. Necesitamos que la mayoría de los niños vayan todos los días a las escuelas para que socialicen, hagan preguntas, exploren el mundo y aprendan a conocerse a sí mismos y a los otros. Pero como en los colegios no pueden estar todos los estudiantes al mismo tiempo, porque sería imposible el distanciamiento social, debemos exigirle al Estado que invierta en conectividad. En las circunstancias que vivimos, la conectividad es parte del derecho a la educación. El Gobierno nacional insiste en la alternancia, pero se le olvida un detalle: sin conectividad, la alternancia no es viable. Si en verdad la sociedad quiere restablecer el derecho a la educación, necesitamos que el Congreso apruebe el proyecto de ley presentado por parlamentarios de diversas corrientes para garantizar conectividad para todos los jóvenes de estrato 1 y 2 que estén estudiando en bachillerato y que todavía no tengan acceso al ciberespacio. Bogotá está cerca de lograrlo. Adquirió las tabletas y la conectividad para 106.000 de los 124.000 jóvenes de bachillerato que carecían de ellas. Debe llegar al 100%, porque los derechos son para todos y disminuir los tiempos previstos para repartirlas, pero asumió la responsabilidad que tiene con la educación de los jóvenes. Ellos también requieren la socialización, pero a diferencia de los menores, tienen la posibilidad de la educación en casa, si se les garantiza la conectividad y pueden interactuar con sus amigos de múltiples formas alternativas.

Cuarto. Los estudios científicos evidencian que las tasas de contagio y de transmisión del virus son muy bajas en menores de 12 años. Aun así, también se contagian y mueren. Eso tampoco se puede olvidar. Lo que sabemos es que el riesgo disminuye sensiblemente si se establece distanciamiento y se cumplen las condiciones de bioseguridad. Es por ello que la OMS y la Unión Europea invitan a los países a tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el retorno de los menores lo más pronto posible a clases presenciales.

Quinto. Un joven sin internet y con educación de baja calidad tiene muy alto riesgo de desertar del colegio. Eso sería lamentable para su desarrollo pues todo indica que la deserción escolar promueve el embarazo juvenil, recrudece la violencia y la delincuencia, aumenta la inestabilidad emocional, produce la frustración de miles de sueños y en los casos más graves hasta el suicidio. Todos sabemos que la deserción agrava las inequidades porque los primeros que abandonan los colegios son los estudiantes de condiciones socioeconómicas más vulnerables, en especial, quienes pertenecen a los estratos 1 y 2.

Sexto. Aplaudo la iniciativa de los académicos que piden presencialidad. Ojalá pronto. Sin embargo, nunca es pertinente tener en cuenta solo uno de los aspectos del problema. Es por eso que, al mismo tiempo, hay que llamar la atención por la baja inversión en bioseguridad, adecuaciones locativas y conectividad del Gobierno nacional y de los gobiernos locales.

La pandemia ha evidenciado las graves inequidades que padecemos como sociedad. Aunque los gobernantes han dicho lo contrario, el Estado colombiano ha tenido una muy baja inversión histórica en educación, inferior al promedio de América Latina. Todos sabemos las graves dificultades de los colegios públicos para garantizar agua, jabón, tapabocas, lavamanos y distanciamiento. Los seguimientos a los colegios privados en Bogotá y Cartagena nos permiten concluir que la inversión en adecuaciones y bioseguridad en este periodo ha sido unas cien veces mayor en los colegios privados que en los públicos. Es cierto que el MEN presenta cifras más altas, aun así, al hacerlo incluye algunos libros, textos, computadores y PAE, entre otros. La pregunta es otra: ¿Cuánto se ha invertido en adecuaciones y bioseguridad en cada colegio oficial?

Los niños necesitan sus colegios abiertos de manera presencial para reestablecer su derecho a la educación y sus interacciones. Ojalá en pocas semanas. Por eso, al mismo tiempo que me sumo a la iniciativa que busca el retorno a la presencialidad para los niños cuando las circunstancias epidemiológicas lo permitan, también me sumo a la iniciativa de quienes exigen internet para los estudiantes de bachillerato y a quienes exigen que se garanticen las condiciones de bioseguridad en todos los colegios públicos del país: agua, jabón, mascarilla y adecuaciones locativas que garanticen buena ventilación. La responsabilidad es de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte: los maestros, el Gobierno nacional, los gobiernos regionales, los congresistas, los concejales, los alcaldes, los gobernadores y los padres y madres. Un acuerdo en defensa de la vida y los derechos de los niños, niñas y jóvenes, debería ser una excelente ocasión para unirnos como sociedad.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).

En 2018 gigantescas movilizaciones se tomaron las calles para defender el derecho de los jóvenes a educarse. Este derecho universal estaba siendo amenazado por la sensible disminución de recursos por parte del Estado a las universidades públicas, y porque una muy equivocada política quería trasladar los recursos de las entidades públicas a las privadas. Son las movilizaciones más amplias, pacíficas y justas promovidas por los estudiantes en décadas. Fruto de dichas movilizaciones, por primera vez en la historia, el presidente se sentó con los estudiantes y accedió a sus pretensiones: llegaron nuevos e importantes recursos para reestablecer el derecho amenazado. Falta mucho, pero hay que valorar lo que avanzamos como sociedad.

La pandemia generada por el coronavirus volvió a amenazar el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes. En Colombia y el mundo tuvieron que cerrarse las aulas presenciales y pasar a modalidades en casas, pero sucede que el 66 % de los estudiantes de colegios públicos en el país no tienen ni computador ni conectividad. Así mismo, Colombia es de los pocos países que no reparte textos escolares en sus colegios oficiales. A esos niños se les está violando el derecho a estudiar y es necesario que el Gobierno nacional tome medidas para reestablecerlo. Según cifras del MEN, le han entregado computadores al 1 % de los niños que no lo tenían. El Gobierno no ha cumplido su compromiso ético y constitucional con los niños y los jóvenes.

Un grupo de importantes académicos en el país se han movilizado en redes solicitando la apertura de los colegios oficiales de manera inmediata. Es cierto que la educación presencial tiene múltiples ventajas y que hay que hacer lo posible por retornar lo más pronto posible a clases presenciales. Sin embargo, las condiciones epidemiológicas de las principales ciudades obligan a ser más cautos y esperar algunas semanas. Ojalá pocas. Sin duda, estamos ante un problema de enorme importancia que exige que todos actuemos de la manera más responsable.

No hay duda, los maestros que creen que hay que esperar las vacunas no están teniendo en cuenta el derecho de los niños a la vida y a la educación y esa postura debe ser abiertamente rechazada. También la de las agremiaciones de maestros que piden soluciones nacionales a un tema que debe resolverse teniendo en cuenta contextos regionales y locales.

Por eso, me permito formular algunas ideas para defender el derecho a la educación que, una vez más, vuelve a estar amenazado. Estas ideas las desarrollé en el Concejo de Bogotá, el cual dedicó dos días enteros a debatir esta temática, a las que fui amablemente invitado, en conjunto con otros académicos, padres de familia y jóvenes para reflexionar conjuntamente con los concejales y concejalas de la ciudad. La idea central es que debemos garantizar seguridad, gradualidad y un retorno progresivo a la presencialidad.

Primero. Es prioritario tener las escuelas abiertas de manera presencial en los municipios y localidades en los que no hay virus o en los que el número de contagios es bajo. ¡Nadie puede defender que se le viole el derecho a la educación a esos niños y jóvenes porque el derecho de ellos prevalece sobre todos los demás! Sumapaz, por ejemplo, tan solo tuvo, en 2020, 15 casos activos de COVID. Nadie puede explicar por qué los 749 estudiantes de la localidad no van a clases presenciales, sabiendo al mismo tiempo que el 90% de ellos no tienen conectividad. Existen cientos de regiones como Sumapaz en el país. Colombia es un país de regiones y las soluciones necesariamente deben darse a nivel regional.

Segundo. Los primeros niños que deben retornar de manera presencial son los de inicial y primaria. Por ningún motivo la sociedad puede permitir que se queden solos en casa y en pocos casos cuentan con padres que los puedan orientar de manera permanente. Los niños de estas edades no tienen el nivel de lectura ni la autonomía suficiente para continuar su proceso educativo sin el acompañamiento de un adulto. Así mismo, los estudios indican que la permanencia de los niños más pequeños en casa ha aumentado de manera grave la depresión, violencia y maltrato hacia los menores. Al fin de cuentas vivimos en una sociedad en la que el autoritarismo es muy frecuente. Vivir un confinamiento con un padre autoritario es una desgracia para un niño. Por el contrario, las escuelas son lugares de protección para los menores.

Tercero. Necesitamos que la mayoría de los niños vayan todos los días a las escuelas para que socialicen, hagan preguntas, exploren el mundo y aprendan a conocerse a sí mismos y a los otros. Pero como en los colegios no pueden estar todos los estudiantes al mismo tiempo, porque sería imposible el distanciamiento social, debemos exigirle al Estado que invierta en conectividad. En las circunstancias que vivimos, la conectividad es parte del derecho a la educación. El Gobierno nacional insiste en la alternancia, pero se le olvida un detalle: sin conectividad, la alternancia no es viable. Si en verdad la sociedad quiere restablecer el derecho a la educación, necesitamos que el Congreso apruebe el proyecto de ley presentado por parlamentarios de diversas corrientes para garantizar conectividad para todos los jóvenes de estrato 1 y 2 que estén estudiando en bachillerato y que todavía no tengan acceso al ciberespacio. Bogotá está cerca de lograrlo. Adquirió las tabletas y la conectividad para 106.000 de los 124.000 jóvenes de bachillerato que carecían de ellas. Debe llegar al 100%, porque los derechos son para todos y disminuir los tiempos previstos para repartirlas, pero asumió la responsabilidad que tiene con la educación de los jóvenes. Ellos también requieren la socialización, pero a diferencia de los menores, tienen la posibilidad de la educación en casa, si se les garantiza la conectividad y pueden interactuar con sus amigos de múltiples formas alternativas.

Cuarto. Los estudios científicos evidencian que las tasas de contagio y de transmisión del virus son muy bajas en menores de 12 años. Aun así, también se contagian y mueren. Eso tampoco se puede olvidar. Lo que sabemos es que el riesgo disminuye sensiblemente si se establece distanciamiento y se cumplen las condiciones de bioseguridad. Es por ello que la OMS y la Unión Europea invitan a los países a tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el retorno de los menores lo más pronto posible a clases presenciales.

Quinto. Un joven sin internet y con educación de baja calidad tiene muy alto riesgo de desertar del colegio. Eso sería lamentable para su desarrollo pues todo indica que la deserción escolar promueve el embarazo juvenil, recrudece la violencia y la delincuencia, aumenta la inestabilidad emocional, produce la frustración de miles de sueños y en los casos más graves hasta el suicidio. Todos sabemos que la deserción agrava las inequidades porque los primeros que abandonan los colegios son los estudiantes de condiciones socioeconómicas más vulnerables, en especial, quienes pertenecen a los estratos 1 y 2.

Sexto. Aplaudo la iniciativa de los académicos que piden presencialidad. Ojalá pronto. Sin embargo, nunca es pertinente tener en cuenta solo uno de los aspectos del problema. Es por eso que, al mismo tiempo, hay que llamar la atención por la baja inversión en bioseguridad, adecuaciones locativas y conectividad del Gobierno nacional y de los gobiernos locales.

La pandemia ha evidenciado las graves inequidades que padecemos como sociedad. Aunque los gobernantes han dicho lo contrario, el Estado colombiano ha tenido una muy baja inversión histórica en educación, inferior al promedio de América Latina. Todos sabemos las graves dificultades de los colegios públicos para garantizar agua, jabón, tapabocas, lavamanos y distanciamiento. Los seguimientos a los colegios privados en Bogotá y Cartagena nos permiten concluir que la inversión en adecuaciones y bioseguridad en este periodo ha sido unas cien veces mayor en los colegios privados que en los públicos. Es cierto que el MEN presenta cifras más altas, aun así, al hacerlo incluye algunos libros, textos, computadores y PAE, entre otros. La pregunta es otra: ¿Cuánto se ha invertido en adecuaciones y bioseguridad en cada colegio oficial?

Los niños necesitan sus colegios abiertos de manera presencial para reestablecer su derecho a la educación y sus interacciones. Ojalá en pocas semanas. Por eso, al mismo tiempo que me sumo a la iniciativa que busca el retorno a la presencialidad para los niños cuando las circunstancias epidemiológicas lo permitan, también me sumo a la iniciativa de quienes exigen internet para los estudiantes de bachillerato y a quienes exigen que se garanticen las condiciones de bioseguridad en todos los colegios públicos del país: agua, jabón, mascarilla y adecuaciones locativas que garanticen buena ventilación. La responsabilidad es de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte: los maestros, el Gobierno nacional, los gobiernos regionales, los congresistas, los concejales, los alcaldes, los gobernadores y los padres y madres. Un acuerdo en defensa de la vida y los derechos de los niños, niñas y jóvenes, debería ser una excelente ocasión para unirnos como sociedad.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).