Colombia y Venezuela, siameses inseparables

Recientemente, se celebró en Bogotá una conferencia internacional sobre Venezuela, con el fin de relanzar la negociación política que se adelanta en México entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. A este evento organizado por el Gobierno de Colombia y liderado por el presidente Gustavo Petro asistieron 20 altos representantes de naciones que pertenecen al mundo libre. Al final del encuentro, los países se comprometieron a apoyar el proceso de negociación, con el propósito de encontrar una solución democrática a la crisis.

Toda la región necesita que la estabilidad política y económica vuelva a Venezuela. Pero hay países que la requieren con más urgencia que otros. Para Colombia la restauración de la democracia en Venezuela es un asunto de vida o muerte. Es como un ventilador mecánico para alguien cuyos pulmones están comprometidos. O como la insulina para un paciente con diabetes. En la medida en que Venezuela siga secuestrada por el crimen organizado y el autoritarismo, en esa medida la paz en Colombia estará amenazada.

No obstante, pareciera que no existiera la conciencia de esto. Del lado venezolano, Maduro protege a más de 1000 hombres del ELN y otros tantos de las disidencias de la FARC. Actores criminales que han encontrado en la Venezuela de Maduro no solo una guarida, sino una fuente de recursos para financiar sus actividades subversivas. La organización Fundaredes ha denunciado la presencia de estos grupos criminales en al menos el 50 % del territorio venezolano, desde donde ejecutan operaciones de narcotráfico, contrabando de minerales, extorsión, secuestro y control de rutas irregulares. En fin, el Estado les ha cedido el monopolio de la fuerza y hoy se están rearmando para atacar a la institucionalidad democrática de Colombia, así como todo lo que representa el proyecto de la paz total.

Maduro se financia de rentas ilícitas, del crimen organizado. Por eso su conchupancia con estas organizaciones delictivas. La economía de Venezuela hoy no es una economía petrolera como tradicionalmente lo fue, es una economía cuyo uno de los pilares fundamentales es el delito. Maduro promueve las trochas, el comercio ilícito y la corrupción; y eso es un gran desafío para Colombia, porque en la medida en que esa realidad sea así, no levantará el intercambio comercial entre ambos países. Las rentas emanadas del comercio entre Venezuela y Colombia se quedarán en manos de unos pocos burócratas o, peor aún, de grupos delictivos. Lo cierto es que no entrarán a las arcas del Estado.

En este nuevo escenario que tenemos en la región, con un retorno de los proyectos políticos de izquierda democrática, Maduro pretende desfilar como víctima de una conspiración nacional e internacional en su contra, culpando a las sanciones del desastre social y económico ocasionado por su régimen. Es apuñalar la verdad decir que las sanciones produjeron el mayor éxodo que haya conocido América Latina, cuando todos sabemos que la salida masiva de los venezolanos comenzó mucho antes de que la comunidad internacional aplicara sanciones. Pero lo peor es que algunos actores, como el presidente Petro se sumen a la orquesta de Maduro y coreen como si nada que las medidas del mundo libre provocaron la fuga de venezolanos.

El presidente Petro acierta al decir que el hambre genera migración, pero erra garrafalmente al declarar que el hambre es producto de las sanciones. En el año 2014, presidente, la economía venezolana se contrajo, a pesar de que el precio del petróleo promedió 80 dólares y no había ningún tipo de sanción. Al año siguiente comenzaron los venezolanos a salir despavoridos por la frontera, porque el modelo económico, que venía dando síntomas de agotamiento, había colapsado. ¿Por qué colapsó? Primero, por malas políticas macroeconómicas, el empeño en perseguir la iniciativa privada, la ola de expropiaciones de Hugo Chávez. Segundo, y no menos importante, la corrupción. Me imagino que el presidente Petro está enterado que solo en los últimos tres años se desaparecieron 20.000 millones de dólares de la industria petrolera.

De manera que achicar la responsabilidad de la crisis migratoria a las sanciones es ofender la verdad, pero también es burlarse del dolor de millones de víctimas. Víctimas que hoy solo encuentran en las trochas y en el infierno del Darién la esperanza de un mejor futuro, un futuro de justicia, prosperidad, educación y libertad. Si el gobierno de Colombia quiere jugar un papel distinto en Venezuela, tiene que en primer lugar pensar en esas víctimas. Entender que esto dejó de ser un asunto de visiones políticas o disputas ideológicas, y es ahora un drama humano de proporciones nunca vistas. Recientemente, un informe de la Corte Penal Internacional sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos dio cuenta de las prácticas crueles e inhumanas que llevan a cabo los agentes de la dictadura de Maduro. Descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico que contenían insecticidas, abusos sexuales, golpes y amenazas de muerte son solo algunos de los relatos de quienes han sufrido en carne propia la maquinaria de persecución que existe en Venezuela.

Nos parece loable la iniciativa del presidente Petro de presionar para que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una Venezuela donde existan garantías para el ejercicio de los derechos humanos es el anhelo de todos los venezolanos y de la comunidad internacional. Lamentablemente, por los vientos que soplan y por la vocación dictatorial de Maduro, no creemos que acepte retornar a este sistema. Maduro no cree en los derechos humanos, y no va a desmantelar su régimen de tortura, secuestro y persecución política.

El mejor consejo que se le puede dar al Gobierno de Colombia es que no caiga en el chantaje de Maduro, que no sea una presa más de la dictadura y, por tanto, un instrumento de la barbarie. Reproducir el discurso de las sanciones, equiparar las responsabilidades entre las víctimas y los victimarios y negar el origen de la tragedia, solo abona el camino para que la crisis se continúe agravando. El camino es otro. El camino de la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de un cronograma electoral con garantías electorales, el apoyo a la negociación de México y el retorno de la democracia no solo es el camino que coloca a Colombia en un pedestal en cuanto al liderazgo regional, sino que es el camino más cónsono con su historia y el que más le favorece. En Venezuela no solo se libra una lucha por la democracia en el país, también se libra una lucha por la preservación del modelo democrático en América Latina y, especialmente, en Colombia. La consolidación de la dictadura en Venezuela le abriría un boquete definitivo a la democracia colombiana.

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Recientemente, se celebró en Bogotá una conferencia internacional sobre Venezuela, con el fin de relanzar la negociación política que se adelanta en México entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. A este evento organizado por el Gobierno de Colombia y liderado por el presidente Gustavo Petro asistieron 20 altos representantes de naciones que pertenecen al mundo libre. Al final del encuentro, los países se comprometieron a apoyar el proceso de negociación, con el propósito de encontrar una solución democrática a la crisis.

Toda la región necesita que la estabilidad política y económica vuelva a Venezuela. Pero hay países que la requieren con más urgencia que otros. Para Colombia la restauración de la democracia en Venezuela es un asunto de vida o muerte. Es como un ventilador mecánico para alguien cuyos pulmones están comprometidos. O como la insulina para un paciente con diabetes. En la medida en que Venezuela siga secuestrada por el crimen organizado y el autoritarismo, en esa medida la paz en Colombia estará amenazada.

No obstante, pareciera que no existiera la conciencia de esto. Del lado venezolano, Maduro protege a más de 1000 hombres del ELN y otros tantos de las disidencias de la FARC. Actores criminales que han encontrado en la Venezuela de Maduro no solo una guarida, sino una fuente de recursos para financiar sus actividades subversivas. La organización Fundaredes ha denunciado la presencia de estos grupos criminales en al menos el 50 % del territorio venezolano, desde donde ejecutan operaciones de narcotráfico, contrabando de minerales, extorsión, secuestro y control de rutas irregulares. En fin, el Estado les ha cedido el monopolio de la fuerza y hoy se están rearmando para atacar a la institucionalidad democrática de Colombia, así como todo lo que representa el proyecto de la paz total.

Maduro se financia de rentas ilícitas, del crimen organizado. Por eso su conchupancia con estas organizaciones delictivas. La economía de Venezuela hoy no es una economía petrolera como tradicionalmente lo fue, es una economía cuyo uno de los pilares fundamentales es el delito. Maduro promueve las trochas, el comercio ilícito y la corrupción; y eso es un gran desafío para Colombia, porque en la medida en que esa realidad sea así, no levantará el intercambio comercial entre ambos países. Las rentas emanadas del comercio entre Venezuela y Colombia se quedarán en manos de unos pocos burócratas o, peor aún, de grupos delictivos. Lo cierto es que no entrarán a las arcas del Estado.

En este nuevo escenario que tenemos en la región, con un retorno de los proyectos políticos de izquierda democrática, Maduro pretende desfilar como víctima de una conspiración nacional e internacional en su contra, culpando a las sanciones del desastre social y económico ocasionado por su régimen. Es apuñalar la verdad decir que las sanciones produjeron el mayor éxodo que haya conocido América Latina, cuando todos sabemos que la salida masiva de los venezolanos comenzó mucho antes de que la comunidad internacional aplicara sanciones. Pero lo peor es que algunos actores, como el presidente Petro se sumen a la orquesta de Maduro y coreen como si nada que las medidas del mundo libre provocaron la fuga de venezolanos.

El presidente Petro acierta al decir que el hambre genera migración, pero erra garrafalmente al declarar que el hambre es producto de las sanciones. En el año 2014, presidente, la economía venezolana se contrajo, a pesar de que el precio del petróleo promedió 80 dólares y no había ningún tipo de sanción. Al año siguiente comenzaron los venezolanos a salir despavoridos por la frontera, porque el modelo económico, que venía dando síntomas de agotamiento, había colapsado. ¿Por qué colapsó? Primero, por malas políticas macroeconómicas, el empeño en perseguir la iniciativa privada, la ola de expropiaciones de Hugo Chávez. Segundo, y no menos importante, la corrupción. Me imagino que el presidente Petro está enterado que solo en los últimos tres años se desaparecieron 20.000 millones de dólares de la industria petrolera.

De manera que achicar la responsabilidad de la crisis migratoria a las sanciones es ofender la verdad, pero también es burlarse del dolor de millones de víctimas. Víctimas que hoy solo encuentran en las trochas y en el infierno del Darién la esperanza de un mejor futuro, un futuro de justicia, prosperidad, educación y libertad. Si el gobierno de Colombia quiere jugar un papel distinto en Venezuela, tiene que en primer lugar pensar en esas víctimas. Entender que esto dejó de ser un asunto de visiones políticas o disputas ideológicas, y es ahora un drama humano de proporciones nunca vistas. Recientemente, un informe de la Corte Penal Internacional sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos dio cuenta de las prácticas crueles e inhumanas que llevan a cabo los agentes de la dictadura de Maduro. Descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico que contenían insecticidas, abusos sexuales, golpes y amenazas de muerte son solo algunos de los relatos de quienes han sufrido en carne propia la maquinaria de persecución que existe en Venezuela.

Nos parece loable la iniciativa del presidente Petro de presionar para que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una Venezuela donde existan garantías para el ejercicio de los derechos humanos es el anhelo de todos los venezolanos y de la comunidad internacional. Lamentablemente, por los vientos que soplan y por la vocación dictatorial de Maduro, no creemos que acepte retornar a este sistema. Maduro no cree en los derechos humanos, y no va a desmantelar su régimen de tortura, secuestro y persecución política.

El mejor consejo que se le puede dar al Gobierno de Colombia es que no caiga en el chantaje de Maduro, que no sea una presa más de la dictadura y, por tanto, un instrumento de la barbarie. Reproducir el discurso de las sanciones, equiparar las responsabilidades entre las víctimas y los victimarios y negar el origen de la tragedia, solo abona el camino para que la crisis se continúe agravando. El camino es otro. El camino de la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de un cronograma electoral con garantías electorales, el apoyo a la negociación de México y el retorno de la democracia no solo es el camino que coloca a Colombia en un pedestal en cuanto al liderazgo regional, sino que es el camino más cónsono con su historia y el que más le favorece. En Venezuela no solo se libra una lucha por la democracia en el país, también se libra una lucha por la preservación del modelo democrático en América Latina y, especialmente, en Colombia. La consolidación de la dictadura en Venezuela le abriría un boquete definitivo a la democracia colombiana.

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