El laberinto fronterizo

Diego Gambetta es de los autores modernos más conocidos por su esmerado interés en temas como crimen organizado y crimen trasnacional. Ha desarrollado bases teóricas para explicar lo que muchos denominan la penetración de la mafia en la sociedad o, lo que en su efecto podría ser, el reino del crimen. Gambetta sostiene que existen 4 componentes dentro de los procesos mafiosos, los cuales son la interacción entre la violencia, la colaboración interna, las redes sociales y la corrupción en la relación con el Estado. Sobre este último, el autor italiano no duda en reafirmar que es uno de los fundamentales, puesto que es la fuente de la impunidad de los delincuentes, así como del acceso al poder y los recursos estatales.

Cuando se lee a Gambetta se entra como en un estado de reminiscencia. Pareciera que describiera al pie de la letra al régimen de Nicolás Maduro. Recientemente, uno de los voceros de la dictadura Venezuela, Freddy Bernal, gobernador del Táchira, Estado fronterizo con Colombia, reconoció públicamente la existencia en Venezuela de diversos grupos delictivos y narcoterroristas. Según el propio Bernal, en la frontera operan 12 estructuras del ELN, tres de las disidencias de las FARC, una del Ejército Popular de Liberación (EPL), tres del Clan del Golfo y 26 grupos delictivas.

No deja de ser curioso que el régimen, que durante años ha negado la presencia de estas estructuras en Venezuela, ahora las reconozca. Quizás al vocero del régimen se le pasó mencionar en su declaración la causa de que estas organizaciones delictivas estén paseándose a lo largo y ancho de Venezuela. Por eso vale la pena recordarla.

Fue Maduro quien le entregó el corredor de la frontera a estos grupos para que delinquieran y sometieran a la población fronteriza a un estado de zozobra. Fue precisamente la dictadura la que les cedió el monopolio de la violencia a estos grupos, les dio licencia para delinquir desde suelo venezolano con actividades como el narcotráfico, el contrabando de minerales, el control de pasos fronterizos, la extorsión, el secuestro, entre otros delitos.

La alianza de Maduro con estos grupos ha llegado al nivel de que accedan a recursos del Estado. No podemos olvidar la noticia donde miembros del ELN entregaban cajas de alimentación de un programa estatal, como si se fueran funcionarios del Estado. Las superestructuras del Tren de Aragua están esparcidas por Sudamérica con células en Colombia, Chile, Perú, Ecuador y hasta en Brasil, teniendo su base de operaciones desde una cárcel en Venezuela.

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Así que no fue que Maduro y sus esbirros despertaron ayer y se percataron que esta realidad existe, no. Eso no solo no es creíble, es absurdo desde cualquier perspectiva. Toda la expansión del crimen organizado fue planeado, fomentado y encubado por la dictadura, con el propósito de desestabilizar países, atemorizar a las poblaciones y, especialmente, financiarse. Hoy el contrabando de oro le provee al régimen casi 2000 millones de dólares al año.

Lo que ocurre en la frontera es el resultado del abandono de la política de seguridad y de la decisión premeditada de pactar con las mafias. Según cifras de la organización Fundaredes, la violencia en los estados fronterizos viene en ascenso. En 2022, solo en el Estado Táchira, documentaron la desaparición de 336 personas, 80 de ellas mujeres. De igual forma, se estima que en esta frontera con Colombia hay más de 250 pasos irregulares, por lo que se profunden enfrentamientos constantes entre los grupos que aspiran controlar estos pasos fronterizos.

Ahora bien, la pregunta que subyace es: ¿por qué Maduro decide ejecutar estas operaciones contra estos grupos armados justo en este momento? La respuesta es sencilla: necesidad de maquillar su cercanía con estas organizaciones. En el marco de una estrategia para elevar las relaciones con Colombia, Maduro busca esconder sus lazos con la delincuencia organizada. Requiere de alguna forma enviar señales positivas de que está colaborando con la búsqueda de la paz en la frontera y por eso simula adelantar esfuerzos contra el delito. En pocas palabras, es una operación de maquillaje para confundir al Estado colombiano.

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Al mismo tiempo, esta pantomima le sirve al dictador para intentar meter en cintura a sus socios que forman parte de estas agrupaciones delictivas. Porque la verdad es que el nivel de pantano es tal, que hasta el mismo Maduro perdió el control sobre estos grupos. Ya actúan con tanta impunidad que pretenden darles órdenes a miembros del ejército venezolano.

El Gobierno de Colombia deberá construir un marco de trabajo con el régimen venezolano partiendo de la idea de que no es posible la cooperación en seguridad. No es de interés para Maduro, nunca lo ha sido y no lo será ahora. Estos grupos ya son parte de su organigrama, son parte de su esencia. Por eso, si Colombia quiere restaurar la paz en la frontera, la única fórmula que existe es que en Venezuela tengamos democracia y Estado de Derecho. Solo así podrá haber una acción conjunta contra estos grupos armados. La consolidación de la dictadura en Venezuela, si a alguien haría daño, además de a los venezolanos, es a los colombianos. La frontera porosa, el refugio del terrorista en suelo venezolano y la conspiración contra la democracia colombiana no solo va a continuar si Maduro sigue en el poder, sino que amenaza con tomar nuevas y peligrosas dimensiones.

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