El sicariato de la sociedad civil venezolana

Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel protagónico en la construcción de una democracia pluralista, respetuosa de los derechos humanos y consciente de la necesidad de ofrecer posibilidades de transformación social. Las ONG son movilizadoras de la sociedad, pues contribuyen a que la ciudadanía conozca sus derechos y los ejerza adecuadamente. Son fiscalizadoras del Estado, en la medida en que luchan contra la corrupción y velan porque los recursos públicos estén dirigidos al bienestar social. Y son también fuerzas indispensables en la lucha por cambiar las condiciones estructurales que imposibilitan el ascenso social. Al ser más pequeñas y menos burocráticas que el Estado, tienen una inmensa capacidad de agregar demandas individuales y, por tanto, atender a quienes en espacios recónditos están sobrellevando cargas muy pesadas.

Por dichas razones las organizaciones de la sociedad civil se convierten en una pierda en el zapato de los proyectos autoritarios, que vislumbran para sus intereses unas sociedades dormidas, amordazadas, sin interés por lo público y francamente dóciles. El régimen venezolano siempre ha pretendido poner de rodilla a la sociedad venezolana, y para cumplir con ese propósito, no ha titubeado en disparar contra las instituciones que constituyen un eje de resistencia civil frente a la deriva totalitaria. Hace unos días, Maduro y su combo activaron sus palancas para cometer un sicariato contra la sociedad civil venezolana, mediante una supuesta ley que busca fiscalizar, controlar y suprimir las organizaciones sociales en Venezuela.

En una exposición de motivo sobre la legislación, el vocero de la dictadura, Diosdado Cabello —personaje conocido por su impulsividad contra quienes se oponen a sus delirios— sostuvo sin desparpajo que han identificado 62 organizaciones de la sociedad civil que operan con fines absolutamente “políticos” y que reciben financiamiento de gobierno extranjeros. Dichas organizaciones serían objeto de sanciones severas porque se presume que atentan contra la estabilidad de la República. Tal y como está planteando, este proyecto de Ley busca asesinar el espacio cívico, socavando el trabajo de defensa de los derechos humanos y atención humanitaria que cientos de organizaciones llevan adelante en Venezuela.

La propia Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU ha hecho señalamientos muy concretos sobre la impertinencia de dicha legislación, denunciando que varias disposiciones del proyecto afectarían el disfrute de los derechos a la libertad de asociación y expresión. Por medio de esta decisión, el Estado impondría un conjunto de requisitos de difícil cumplimiento para las organizaciones y se atribuiría la potestad de decidir sobre quienes están autorizadas para operar en Venezuela. Por tal motivo, la Misión subraya que de aprobarse sería un punto de no retorno contra la democracia en Venezuela.

Hay que recordar que no es la primera vez que Maduro arremete contra las organizaciones civiles, ya en años anteriores adelantó la llamada providencia 001, que precisamente apuntaba a criminalizar el ejercicio de las ONG. Hoy en día son muchas las organizaciones que han sido desmanteladas por el régimen de Maduro, sus miembros han terminado exiliados o detenidos. Javier Tarazona es quizás uno de los casos más connotados. Fue detenido arbitrariamente por defender los derechos humanos de la población fronteriza y advertir sobre la presencia en Venezuela de grupos irregulares como los ex-Farc o el ELN. Tarazona tiene un año y medio injustamente privado de su libertad, sufriendo los vejámenes que se esconden detrás de las mazmorras de la dictadura de Maduro. El mismo patrón se repitió contra los activistas de la organización Azul Positivo, una organización dedicada a la asistencia de pacientes con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La dictadura allanó su sede, decomisaron sus equipos y seis integrantes de Azul Positivo fueron llevados a las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo, Zulia. Posteriormente, se conoció que el régimen los acusaba de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir a los miembros de esta organización. Todo esto un burdo montaje para silenciarlos.

Maduro poco a poco ha venido erosionado el espacio cívico. Se estima que solo en el año 2021 al menos 300 organizaciones y personas defensoras de derechos humanos recibieron amenazas por parte del Estado.

Este proceso no ha ocurrido solo en Venezuela, se ha repetido en Cuba y muy especialmente en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha venido ilegalizando organizaciones de la sociedad civil. Solamente en el año 2022, desaparecieron 3000 ONG en Nicaragua por orden del régimen sandinista.

En el caso de Venezuela, la pretensión de Maduro es sumamente grave y peligrosa, a la luz de la emergencia humanitaria compleja. El ecosistema de organizaciones sociales se ha visto robustecido en los últimos años y es supremamente importante para atender las necesidades de salud y alimentación de una población muy vulnerable. Según la FAO, Venezuela tiene la segunda tasa de hambruna más alta del continente, solo superada por Haití. En un contexto de crisis humanitaria, la labor de las organizaciones sociales es altamente relevante. La intención de Maduro de ilegalizarlas profundizaría los estragos de la situación.

Vale la pena agregar que esta pretensión dictatorial ocurre a escasos meses de que se lleve a cabo las elecciones primarias de la oposición para elegir al candidato presidencial. Este será un proceso en el que las organizaciones políticas deberán unir esfuerzos con la sociedad civil para poder motivar y organizar a la sociedad con miras a obtener unos resultados satisfactorios. Maduro seguramente medita darle una estocada a la sociedad civil en este momento para torpedear el proceso de primarias de la alternativa democrática.

Ante esta arremetida, el llamado es a la comunidad internacional y especial a quienes defienden ideales humanitarios. Esta nueva deriva autoritaria demuestra que el conflicto que vive nuestro país está muy lejos de ser un fenómeno ideológico, es un asunto humano. Estamos hablando de que el régimen no se ha conformado con sumergir en el océano de la pobreza a millones de venezolanos, sino que ahora pretende sumergir también en la cárcel o en el exilio a quienes precisamente trabajan para extenderle su mano a quienes caminan en esos andenes de penurias. Quienes se ufanan de defender ideales de izquierda y de promover la defensa de los derechos humanos, les llegó la hora de volcar su mirada a Venezuela, donde están a punto de comerte un sicariato contra la sociedad civil.

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