En una época dominada por la hiperconectividad y los altos flujos de información es imposible no ser blanco de los laboratorios de “fake news”. Los cantos de sirena nos anestesian la conciencia en esta época y por eso quizás muchos en el exterior piensen, producto de la propaganda del régimen de Nicolás Maduro, que Venezuela está caminando hacia la normalidad y que el pueblo venezolano “tiró la toalla” frente a la dictadura; y se acostumbró a vivir dentro de la jaula diseñada por los opresores. Nada más lejos de la realidad.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año se registraron 3.892 protestas en Venezuela, lo que equivale a un promedio de 22 diarias. Esta institución detalla en su informe que el número de protestas sociales se incrementaron 15 % con respecto al mismo periodo del 2021. Igualmente, al indagar sobre las razones que motivaron a los venezolanos a salir a la calle, se encuentra que en 1.642 ocasiones (48 % del total) los ciudadanos se movilizaron para demandar derechos laborales. Y no debe sorprendernos esta cifra, ya que el salario mínimo de un trabajador venezolano oscila los 20 dólares americanos para el momento en que se escribe este artículo, el más bajo de toda la región y uno de los más bajos del mundo. Mientras un trabajador en Colombia devenga 230 dólares al mes en salario mínimo, un trabajador público venezolano obtiene menos del 10 % de ese monto.
En las últimas semanas, las protestas laborales se han intensificado por la pretensión del régimen de Maduro de imponer un supuesto reglamento que busca establecer un tabulador salarial, desconociendo las cláusulas económicas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público. Esto ha motivado a que sindicatos y gremios hayan encabezado masivas protestas para exigir respeto a los derechos laborales.
Maestros, trabajadores de la salud, jubilados y pensionados han desbordado las calles de Caracas bajo un reclamo digno, exigiendo no solo derogar dicho decreto, sino también un salario que permita satisfacer las necesidades básicas. Sí, unos trabajadores públicos pidiéndole a un régimen que se declara socialista y un dictador que dice ser obrero, que provea las garantías laborales mínimas. La respuesta de Maduro a este descontento popular ha sido anunciar el pago de bono miserable para los empleados del sector educativo y declarar inadmisible a través de su Tribunal de “Justicia” la demanda contra el acto administrativo que viola las convenciones que defienden los derechos de los trabajadores. Y, por si esto fuera poco, el régimen detuvo de manera arbitraria a activistas sociales que habían encabezado las masivas protestas.
Lo anterior pone en relieve que defender derechos laborales en dictadura es diametralmente distinto a como se hace en una democracia. En dictadura el disenso puede significar cárcel, exilio o muerte. El sistema no permite que movimientos independientes representen las demandas sociales de la mayoría. El sistema no desea escuchar expresiones plurales y concertar posiciones, por el contrario, quiere que todo sea un apéndice del núcleo de poder y solo concibe dialogar con quienes se someten a los designios de los poderosos.
Esta lucha de los trabajadores públicos encarna el malestar de 30 millones de venezolanos, que sueñan con recuperar su dignidad arrebata por un régimen que no le importa el sufrimiento de los venezolanos. Un régimen que ha sido tan indiferencia ante el dolor de millones, que ha producido un desplazamiento forzado de 6 millones de venezolanos, empujando a muchos a la deshumanización que significa un proceso de migración por rutas peligrosas como la selva del Darién. Un régimen que prefiere despilfarrar millones de dólares financiando a agrupaciones políticas en el extranjero o a gobiernos como lo de Cuba, que inyectar recursos para aliviar la crisis humanitaria.
La dictadura repite y repite como parte de su campaña de manipulación que nuestro país se está recuperando, pero la mayor muestra de que esto no es cierto es el salario de los trabajadores. En solo dos semanas, el Bolívar como moneda ha perdido cerca de 50 % de valor, incidiendo directamente en el poder de compra de los venezolanos, especialmente de los que menos tienen. Para el momento en que se escribe este artículo se necesitan más de 20 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria.
Adicionalmente, es preciso destacar que no es verdad que no existan recursos para pagar mejores salarios. Venezuela va a recibir más del doble de los ingresos petroleros que recibió el año pasado. Se estima que este año ingresarán a las arcas del Estado cerca de 20.000 millones de dólares solo por concepto de renta petrolera. A diferencia de otros países, la situación bélica mundial ha tenido un impacto positivo en las finanzas de Venezuela por el aumento del precio de las energías. Así que, si a Maduro le interesara, podría dictar un aumento salarial para los trabajadores públicos, sin generar inflación.
Pero el interés es otro. Es interés es, por un lado, empobrecer más y más a los venezolanos, con el fin de generar dependencia, que derive en más control social y, por tanto, en claudicación de la lucha por el rescate de la democracia. Y por otro, poner al Estado no al servicio de los ciudadanos como debería ser, sino al servicio de mafias que se alimentan de la economía negra que actualmente representa 20 % de un PIB de 50.000 millones de dólares.
Hay un tema central y es que bajo este régimen no hay manera de lograr una reactivación económica que recupere el salario de los trabajadores y la calidad de vida en general de los venezolanos. Bajo la lógica de quienes están en el poder, un ciudadano independiente, con un salario decente y con una vida digna, atenta contra la permanencia del estatus quo. Por eso, toca seguir luchando, inspirados en el espíritu de los mártires de la independencia, pero también en la fuerza de los trabajadores venezolanos que se volcaron a las calles las últimas semanas, arriesgando todo, para poner en el tapete un lema claro: los derechos no se negocian. Estoy convencido de que los venezolanos no daremos descanso a nuestra alma hasta lograr la libertad de nuestra tierra.
En una época dominada por la hiperconectividad y los altos flujos de información es imposible no ser blanco de los laboratorios de “fake news”. Los cantos de sirena nos anestesian la conciencia en esta época y por eso quizás muchos en el exterior piensen, producto de la propaganda del régimen de Nicolás Maduro, que Venezuela está caminando hacia la normalidad y que el pueblo venezolano “tiró la toalla” frente a la dictadura; y se acostumbró a vivir dentro de la jaula diseñada por los opresores. Nada más lejos de la realidad.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año se registraron 3.892 protestas en Venezuela, lo que equivale a un promedio de 22 diarias. Esta institución detalla en su informe que el número de protestas sociales se incrementaron 15 % con respecto al mismo periodo del 2021. Igualmente, al indagar sobre las razones que motivaron a los venezolanos a salir a la calle, se encuentra que en 1.642 ocasiones (48 % del total) los ciudadanos se movilizaron para demandar derechos laborales. Y no debe sorprendernos esta cifra, ya que el salario mínimo de un trabajador venezolano oscila los 20 dólares americanos para el momento en que se escribe este artículo, el más bajo de toda la región y uno de los más bajos del mundo. Mientras un trabajador en Colombia devenga 230 dólares al mes en salario mínimo, un trabajador público venezolano obtiene menos del 10 % de ese monto.
En las últimas semanas, las protestas laborales se han intensificado por la pretensión del régimen de Maduro de imponer un supuesto reglamento que busca establecer un tabulador salarial, desconociendo las cláusulas económicas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público. Esto ha motivado a que sindicatos y gremios hayan encabezado masivas protestas para exigir respeto a los derechos laborales.
Maestros, trabajadores de la salud, jubilados y pensionados han desbordado las calles de Caracas bajo un reclamo digno, exigiendo no solo derogar dicho decreto, sino también un salario que permita satisfacer las necesidades básicas. Sí, unos trabajadores públicos pidiéndole a un régimen que se declara socialista y un dictador que dice ser obrero, que provea las garantías laborales mínimas. La respuesta de Maduro a este descontento popular ha sido anunciar el pago de bono miserable para los empleados del sector educativo y declarar inadmisible a través de su Tribunal de “Justicia” la demanda contra el acto administrativo que viola las convenciones que defienden los derechos de los trabajadores. Y, por si esto fuera poco, el régimen detuvo de manera arbitraria a activistas sociales que habían encabezado las masivas protestas.
Lo anterior pone en relieve que defender derechos laborales en dictadura es diametralmente distinto a como se hace en una democracia. En dictadura el disenso puede significar cárcel, exilio o muerte. El sistema no permite que movimientos independientes representen las demandas sociales de la mayoría. El sistema no desea escuchar expresiones plurales y concertar posiciones, por el contrario, quiere que todo sea un apéndice del núcleo de poder y solo concibe dialogar con quienes se someten a los designios de los poderosos.
Esta lucha de los trabajadores públicos encarna el malestar de 30 millones de venezolanos, que sueñan con recuperar su dignidad arrebata por un régimen que no le importa el sufrimiento de los venezolanos. Un régimen que ha sido tan indiferencia ante el dolor de millones, que ha producido un desplazamiento forzado de 6 millones de venezolanos, empujando a muchos a la deshumanización que significa un proceso de migración por rutas peligrosas como la selva del Darién. Un régimen que prefiere despilfarrar millones de dólares financiando a agrupaciones políticas en el extranjero o a gobiernos como lo de Cuba, que inyectar recursos para aliviar la crisis humanitaria.
La dictadura repite y repite como parte de su campaña de manipulación que nuestro país se está recuperando, pero la mayor muestra de que esto no es cierto es el salario de los trabajadores. En solo dos semanas, el Bolívar como moneda ha perdido cerca de 50 % de valor, incidiendo directamente en el poder de compra de los venezolanos, especialmente de los que menos tienen. Para el momento en que se escribe este artículo se necesitan más de 20 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria.
Adicionalmente, es preciso destacar que no es verdad que no existan recursos para pagar mejores salarios. Venezuela va a recibir más del doble de los ingresos petroleros que recibió el año pasado. Se estima que este año ingresarán a las arcas del Estado cerca de 20.000 millones de dólares solo por concepto de renta petrolera. A diferencia de otros países, la situación bélica mundial ha tenido un impacto positivo en las finanzas de Venezuela por el aumento del precio de las energías. Así que, si a Maduro le interesara, podría dictar un aumento salarial para los trabajadores públicos, sin generar inflación.
Pero el interés es otro. Es interés es, por un lado, empobrecer más y más a los venezolanos, con el fin de generar dependencia, que derive en más control social y, por tanto, en claudicación de la lucha por el rescate de la democracia. Y por otro, poner al Estado no al servicio de los ciudadanos como debería ser, sino al servicio de mafias que se alimentan de la economía negra que actualmente representa 20 % de un PIB de 50.000 millones de dólares.
Hay un tema central y es que bajo este régimen no hay manera de lograr una reactivación económica que recupere el salario de los trabajadores y la calidad de vida en general de los venezolanos. Bajo la lógica de quienes están en el poder, un ciudadano independiente, con un salario decente y con una vida digna, atenta contra la permanencia del estatus quo. Por eso, toca seguir luchando, inspirados en el espíritu de los mártires de la independencia, pero también en la fuerza de los trabajadores venezolanos que se volcaron a las calles las últimas semanas, arriesgando todo, para poner en el tapete un lema claro: los derechos no se negocian. Estoy convencido de que los venezolanos no daremos descanso a nuestra alma hasta lograr la libertad de nuestra tierra.