Mucho se ha hecho para frenar la deforestación, pero todos los intentos legales que hizo el gobierno Santos y hace Duque se desvanecen ante el poder monetario y terrorista del narcotráfico, el poder de la ilegalidad territorial. Estoy casi de acuerdo con los que dicen que nada podrá lograrse si no se legalizan mundialmente el consumo, la producción y la distribución de drogas generadoras de placer y fantasías. Estaría en ese grupo maximalista y escéptico si no pensara que queda una posibilidad aún no ensayada: la de generar masivamente riqueza monetaria legal en una magnitud equivalente a la que produce el narcotráfico.
No hablo del “desarrollo alternativo”, ni de “proyectos productivos”, ni siquiera del pago de servicios ambientales o de la resurrección de los subsidios a familias guardabosques. Todo ello se ha ensayado y no ha sido capaz de enfrentar eficazmente, diariamente y de inmediato procesos anteriores, menos todo lo que está sucediendo hoy en el Amazonas y en el Chocó, cosas que los expertos dicen que nunca habían visto en toda su vida. El ministro de Ambiente calcula que es probable que 240.000 hectáreas se hayan deforestado en el 2018, un poco menos de 70 hectáreas diarias.
Paradójicamente, la única posible solución real de la situación está hoy en manos del Ministerio de Hacienda y, curiosamente, Carrasquilla es una de la únicas personas que pueden tener el conocimiento y el prestigio suficientes para hacerlo. ¿Cómo transferir rápidamente a la frontera del bosque húmedo los billones de pesos necesarios para disminuir el poder del dinero ilegal que hoy alimenta a los deforestadores? ¿Cómo convertir a cortísimo plazo el cinturón de pobreza existente en los bordes de la selva en múltiples cinturones de riqueza, inmunes a las tentaciones del dinero ilegal?
Una de las soluciones radica en el modelo que generó la administración Barco y que hoy todavía es motivo de admiración internacional, los llamados resguardos indígenas, que, según Wade Davis, son algo que ningún otro país ha logrado imitar. Me dice otro de los hacedores y fortalecedores de ese modelo que hay todavía millones de hectáreas cubiertas de selva que no están controladas legalmente por las comunidades indígenas ni por las afrodescendientes. Está en manos de la administración Duque obtener el dinero necesario para que el territorio selvático de las comunidades se amplíe y se les dote del poder socioeconómico necesario para que se conviertan en verdaderos guardianes de la selva húmeda que nos queda.
Mucho se ha hecho para frenar la deforestación, pero todos los intentos legales que hizo el gobierno Santos y hace Duque se desvanecen ante el poder monetario y terrorista del narcotráfico, el poder de la ilegalidad territorial. Estoy casi de acuerdo con los que dicen que nada podrá lograrse si no se legalizan mundialmente el consumo, la producción y la distribución de drogas generadoras de placer y fantasías. Estaría en ese grupo maximalista y escéptico si no pensara que queda una posibilidad aún no ensayada: la de generar masivamente riqueza monetaria legal en una magnitud equivalente a la que produce el narcotráfico.
No hablo del “desarrollo alternativo”, ni de “proyectos productivos”, ni siquiera del pago de servicios ambientales o de la resurrección de los subsidios a familias guardabosques. Todo ello se ha ensayado y no ha sido capaz de enfrentar eficazmente, diariamente y de inmediato procesos anteriores, menos todo lo que está sucediendo hoy en el Amazonas y en el Chocó, cosas que los expertos dicen que nunca habían visto en toda su vida. El ministro de Ambiente calcula que es probable que 240.000 hectáreas se hayan deforestado en el 2018, un poco menos de 70 hectáreas diarias.
Paradójicamente, la única posible solución real de la situación está hoy en manos del Ministerio de Hacienda y, curiosamente, Carrasquilla es una de la únicas personas que pueden tener el conocimiento y el prestigio suficientes para hacerlo. ¿Cómo transferir rápidamente a la frontera del bosque húmedo los billones de pesos necesarios para disminuir el poder del dinero ilegal que hoy alimenta a los deforestadores? ¿Cómo convertir a cortísimo plazo el cinturón de pobreza existente en los bordes de la selva en múltiples cinturones de riqueza, inmunes a las tentaciones del dinero ilegal?
Una de las soluciones radica en el modelo que generó la administración Barco y que hoy todavía es motivo de admiración internacional, los llamados resguardos indígenas, que, según Wade Davis, son algo que ningún otro país ha logrado imitar. Me dice otro de los hacedores y fortalecedores de ese modelo que hay todavía millones de hectáreas cubiertas de selva que no están controladas legalmente por las comunidades indígenas ni por las afrodescendientes. Está en manos de la administración Duque obtener el dinero necesario para que el territorio selvático de las comunidades se amplíe y se les dote del poder socioeconómico necesario para que se conviertan en verdaderos guardianes de la selva húmeda que nos queda.