La construcción de la paz podría ser el gran escenario para que las corporaciones autónomas regionales justificaran su existencia.
En días pasados, las 33 CAR publicaron por primera vez un libro, titulado Percepción o realidad, en el cual aportaron todos sus argumentos para contrarrestar las críticas a su gestión; de su lectura surgen varias ideas.
La primera, la verificación de la riqueza teórica que llegó a existir en Colombia en esos pocos años, después de cambiar la Constitución, cuando parecía que los astros se habían conjugado para que el país escogiera mejores caminos. Las corporaciones autónomas habían empezado a establecerse en el Valle del Cauca, desde el gobierno de Rojas, para aplicar en Colombia las ideas acerca del manejo integral de las cuencas, pero solo a partir de la nueva Constitución y de la ley 91 del 93 llegaron a definirse con la amplitud nacional y los poderes que hoy tienen. Fue ese un proceso increíble de construcción institucional , fruto especial del Ministerio de Manuel Rodríguez, que hoy es admirado por los teóricos del manejo ambiental en varios países, pero que por diversas razones, muchos colombianos lo perciben con más fracasos que éxitos.
La segunda, la apreciación de la fuerza de las instituciones regionales y autónomas por encima de las distorsiones políticas y económicas que hemos sufrido durante más de cincuenta años. La guerra, la corrupción y el narcotráfico probablemente influyeron en las actuaciones de la mayoría de las CAR, pero si ellas no hubieran existido, hoy sería mucho mayor el deterioro de los ecosistemas colombianos. En el libro de las CAR y de Asocar encontramos pruebas de que la porción del impuesto predial que la ley dedicó a costearlas fue importante para que, entre otros logros, se iniciara el tratamiento de las aguas usadas en casi la mitad de los municipios colombianos y las regiones protegieran aproximadamente dos millones de hectáreas con especies de fauna y flora en peligro de extinción.
Una tercera idea se refiere al futuro de estas instituciones. Hoy han logrado reunir miles de funcionarios públicos en torno a la necesidad de proteger y restaurar el ambiente. Ya las CAR no son solo una buena idea, son parte indispensable de un sistema regional único por su fuerza teórica y su experiencia práctica. Ambas características las convierten en un instrumento de suficiente complejidad para afrontar el logro de lo que es más necesario en nuestro pobre país. Ojalá así fuera.
La construcción de la paz podría ser el gran escenario para que las corporaciones autónomas regionales justificaran su existencia.
En días pasados, las 33 CAR publicaron por primera vez un libro, titulado Percepción o realidad, en el cual aportaron todos sus argumentos para contrarrestar las críticas a su gestión; de su lectura surgen varias ideas.
La primera, la verificación de la riqueza teórica que llegó a existir en Colombia en esos pocos años, después de cambiar la Constitución, cuando parecía que los astros se habían conjugado para que el país escogiera mejores caminos. Las corporaciones autónomas habían empezado a establecerse en el Valle del Cauca, desde el gobierno de Rojas, para aplicar en Colombia las ideas acerca del manejo integral de las cuencas, pero solo a partir de la nueva Constitución y de la ley 91 del 93 llegaron a definirse con la amplitud nacional y los poderes que hoy tienen. Fue ese un proceso increíble de construcción institucional , fruto especial del Ministerio de Manuel Rodríguez, que hoy es admirado por los teóricos del manejo ambiental en varios países, pero que por diversas razones, muchos colombianos lo perciben con más fracasos que éxitos.
La segunda, la apreciación de la fuerza de las instituciones regionales y autónomas por encima de las distorsiones políticas y económicas que hemos sufrido durante más de cincuenta años. La guerra, la corrupción y el narcotráfico probablemente influyeron en las actuaciones de la mayoría de las CAR, pero si ellas no hubieran existido, hoy sería mucho mayor el deterioro de los ecosistemas colombianos. En el libro de las CAR y de Asocar encontramos pruebas de que la porción del impuesto predial que la ley dedicó a costearlas fue importante para que, entre otros logros, se iniciara el tratamiento de las aguas usadas en casi la mitad de los municipios colombianos y las regiones protegieran aproximadamente dos millones de hectáreas con especies de fauna y flora en peligro de extinción.
Una tercera idea se refiere al futuro de estas instituciones. Hoy han logrado reunir miles de funcionarios públicos en torno a la necesidad de proteger y restaurar el ambiente. Ya las CAR no son solo una buena idea, son parte indispensable de un sistema regional único por su fuerza teórica y su experiencia práctica. Ambas características las convierten en un instrumento de suficiente complejidad para afrontar el logro de lo que es más necesario en nuestro pobre país. Ojalá así fuera.