En 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto terapéutico: violación, malformación del feto, riesgos altos para la salud física o sicológica de la madre. Sin embargo, estos 14 años no han sido fáciles para las mujeres que han necesitado abortar, sobre todo para las que tienen que sortear barreras económicas, geográficas, religiosas o mezquinas (léase las EPS).
El tema ha vuelto a sonar porque cursa una demanda contra la sentencia de 2006 que pide que todos los abortos se penalicen con cárcel, incluso cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre o sea producto de una violación.
Los argumentos de los enemigos del aborto son elocuentes: toda vida es sagrada; la vida jurídica empieza desde la gestación; el síndrome posaborto afecta la salud síquica de la mujer.
Es verdad que toda vida es sagrada, pero las cortes del mundo coinciden en que la vida de la madre es infinitamente más valiosa que la del feto. Si una mujer embarazada requiere quimioterapia, digamos, cualquier médico aprobará el tratamiento a pesar de los peligros que entraña para el feto, y dejará la decisión final en manos de la madre. ¿Tiene voto el padre? “Sí, uno, pero la madre tiene dos”, reza una sentencia famosa de las cortes noruegas.
Es falso que el feto sea sujeto de derecho jurídico: en todos los códigos civiles del mundo, incluido el colombiano, la vida jurídica empieza con el nacimiento, no con la gestación.
En cuanto a la posible incidencia negativa del aborto en la salud mental de la mujer, basta decir que la Organización Mundial de la Salud y las sociedades americanas de sicología y siquiatría no reconocen el “síndrome posaborto”.
Durante estos 14 años, las trabas interpuestas por los fundamentalistas contra la sentencia de la Corte solo han servido para empeorar la vida de las embarazadas más pobres, para aumentar las muertes por abortos clandestinos y para que las EPS eludan sus obligaciones y añadan ceros a sus activos, muchas veces con argumentos tan miserables como el argüido contra una niña de 13 años que fue violada y embarazada. Coomeva le negó el aborto porque todos sus ginecólogos eran “objetores de conciencia”. La niña intentó suicidarse y falló. Acudió a cinco IPS diferentes y todas le cerraron la puerta alegando escrúpulos de conciencia, esa misma entidad mental que les permite raponear sin recato billones de pesos por medio de recobros al Fosyga.
Nota: la objeción de conciencia es una posición personal. No puede ser colectiva ni empresarial porque ninguna empresa tiene conciencia, y mucho menos las EPS. Nota dos: ¿las EPS eligen ginecólogos con cierto perfil o Jehová se los manda sobre medidas?
Otra infamia: el fallo T-959 de 2011 consigna el caso de una mujer que solicitó un aborto desde el comienzo de su embarazo porque descubrió que había antecedentes familiares de mielomeningocele. Los exámenes especializados solo fueron autorizados por Cafesalud en la semana 24 y confirmaron los temores de la madre. Aun así, Cafesalud no autorizó el aborto. La cesárea que le practicaron en la semana 37 arrojó un bebé con “espina bífida”: cráneo en limón, lesión abierta de columna y malformación de Chiari.
Todo este infierno es obra de las políticas criminales de las EPS, pero no están solas. En su tarea de ponerle barreras a la práctica del aborto terapéutico, han contado con la entusiasta colaboración de los pastores y los sacerdotes, de protomachos como Alejandro Ordóñez y de varios congresistas del Centro Democrático, le dijo a El Espectador Mariana Ardila, abogada de Womens’s Link Worldwide.
Nota final: todos los fundamentalistas vociferan la misma insania: “Yo ordeno que tú obres de acuerdo con mis creencias”.
En 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto terapéutico: violación, malformación del feto, riesgos altos para la salud física o sicológica de la madre. Sin embargo, estos 14 años no han sido fáciles para las mujeres que han necesitado abortar, sobre todo para las que tienen que sortear barreras económicas, geográficas, religiosas o mezquinas (léase las EPS).
El tema ha vuelto a sonar porque cursa una demanda contra la sentencia de 2006 que pide que todos los abortos se penalicen con cárcel, incluso cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre o sea producto de una violación.
Los argumentos de los enemigos del aborto son elocuentes: toda vida es sagrada; la vida jurídica empieza desde la gestación; el síndrome posaborto afecta la salud síquica de la mujer.
Es verdad que toda vida es sagrada, pero las cortes del mundo coinciden en que la vida de la madre es infinitamente más valiosa que la del feto. Si una mujer embarazada requiere quimioterapia, digamos, cualquier médico aprobará el tratamiento a pesar de los peligros que entraña para el feto, y dejará la decisión final en manos de la madre. ¿Tiene voto el padre? “Sí, uno, pero la madre tiene dos”, reza una sentencia famosa de las cortes noruegas.
Es falso que el feto sea sujeto de derecho jurídico: en todos los códigos civiles del mundo, incluido el colombiano, la vida jurídica empieza con el nacimiento, no con la gestación.
En cuanto a la posible incidencia negativa del aborto en la salud mental de la mujer, basta decir que la Organización Mundial de la Salud y las sociedades americanas de sicología y siquiatría no reconocen el “síndrome posaborto”.
Durante estos 14 años, las trabas interpuestas por los fundamentalistas contra la sentencia de la Corte solo han servido para empeorar la vida de las embarazadas más pobres, para aumentar las muertes por abortos clandestinos y para que las EPS eludan sus obligaciones y añadan ceros a sus activos, muchas veces con argumentos tan miserables como el argüido contra una niña de 13 años que fue violada y embarazada. Coomeva le negó el aborto porque todos sus ginecólogos eran “objetores de conciencia”. La niña intentó suicidarse y falló. Acudió a cinco IPS diferentes y todas le cerraron la puerta alegando escrúpulos de conciencia, esa misma entidad mental que les permite raponear sin recato billones de pesos por medio de recobros al Fosyga.
Nota: la objeción de conciencia es una posición personal. No puede ser colectiva ni empresarial porque ninguna empresa tiene conciencia, y mucho menos las EPS. Nota dos: ¿las EPS eligen ginecólogos con cierto perfil o Jehová se los manda sobre medidas?
Otra infamia: el fallo T-959 de 2011 consigna el caso de una mujer que solicitó un aborto desde el comienzo de su embarazo porque descubrió que había antecedentes familiares de mielomeningocele. Los exámenes especializados solo fueron autorizados por Cafesalud en la semana 24 y confirmaron los temores de la madre. Aun así, Cafesalud no autorizó el aborto. La cesárea que le practicaron en la semana 37 arrojó un bebé con “espina bífida”: cráneo en limón, lesión abierta de columna y malformación de Chiari.
Todo este infierno es obra de las políticas criminales de las EPS, pero no están solas. En su tarea de ponerle barreras a la práctica del aborto terapéutico, han contado con la entusiasta colaboración de los pastores y los sacerdotes, de protomachos como Alejandro Ordóñez y de varios congresistas del Centro Democrático, le dijo a El Espectador Mariana Ardila, abogada de Womens’s Link Worldwide.
Nota final: todos los fundamentalistas vociferan la misma insania: “Yo ordeno que tú obres de acuerdo con mis creencias”.