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Sin Álvaro Leyva el acuerdo de paz con las FARC habría sido imposible. El hoy canciller ha decidido mostrar distancia frente a su implementación, mira con desdén las causas de Comunes y no le pasa al teléfono a Rodrigo Londoño. Es un cambio de postura triste e inconsecuente, pero no necesariamente antiético: no implica corrupción.
Lo que sí es impresentable es el entramado en torno a la licitación de los pasaportes liderado por la Cancillería. Una historia llena de suspicacias que proyecta al ministro como otro ser. Porque mucho va del señor que antes combinaba su pertenencia al establecimiento con actitudes progresistas, al poderoso gritón de estos tiempos.
Más allá de su impresentable grosería con Martha Lucía Zamora, los cuestionamientos éticos a la gestión de Leyva comienzan con la cita de su hijo Jorge en París con Juan Carlos Losada, el director jurídico de Asuntos Internacionales de la Cancillería, quien declaró desierta la licitación y a quien se le encargó estructurarla de nuevo.
Se entiende que el hijo del canciller haya sido amigo de Losada desde que este exoneró a Álvaro Leyva en una investigación en la Fiscalía hace 19 años. Pero por más amistad que haya, una reunión entre el hijo y el subalterno de un ministro en plena definición de un negocio millonario tumbaría al canciller en cualquier país civilizado.
La historia de la licitación de los pasaportes se oscurece aún más con la renuncia del abogado de la Cancillería y quien terminó contradiciendo a Leyva y a Petro al plantear la necesidad de conciliar con Thomas Greg para prevenirle un pleito millonario al Estado. El abogado Germán Calderón tuvo que tener claras las implicaciones de renunciar a pesar de su cercanía personal con Leyva y Losada.
Pero entre todas las estrategias del entramado, la peor ha sido la campaña mediática contra Zamora. Alguno de los interesados insinuó una cercanía sospechosa entre el funcionario de la Agencia Jurídica, César Méndez, y el abogado de Thomas Greg. Aunque no tiene nada de malo que ellos se hubieran conocido en su mundo laboral, el tema fue vendido a medios como un escándalo. Sin pruebas, El País de Cali habló de “complicidad”.
El presidente ha ayudado a enturbiar el panorama. Trinó que “es necesario investigar a quienes algo tuvieron que ver con que Thomas Greg se haya ganado la licitación y, por si fuera poco, junto con Leyva insiste en no conciliar con esa firma a pesar de que lo recomendó un comité de la Cancillería. Si está tan preocupado por la transparencia, ¿por qué entonces no pide investigar a su propio canciller o a quienes están presionando desde Colombia o desde París, o a quienes echaron para atrás una licitación legal? Seguramente él no tiene la información completa y le convendría indagar en detalles, entre ellos, las onces en París y la eventual relación del exasesor de los Nule, Carlos Nader, con la licitación.
Mientras todo eso se sabe, y el presidente atornilla al canciller, se resiste a entender que sus principales problemas de legitimidad vienen de los suyos. Eso incluye a Álvaro Leyva: un ministro que hoy parece otro si se le compara con el señor de otros tiempos.
