Desde que Alonso de Ojeda puso los pies en esta tierra, aquí ha habido motivos para dudar de todo. La ladronera ha sido infinita; la ineficiencia, la burocratización y las exclusiones, también. Es por eso que las batallas por la transparencia son necesarias. Más aún, cuando los recursos son pocos y hay que utilizarlos lo mejorcito que se pueda.
En el caso de las vacunas, en este momento la preocupación principal debe ser su llegada al país. Es ilógico pensar que las farmacéuticas, que tienen en sus manos la salvación mundial y cuya oferta de vacunas es menor que la demanda, anden ofreciendo coimas en Colombia para que les compren. Mirar el tema con el espejo retrovisor de Odebrecht no tiene ni pies ni cabeza.
Después habrá que poner el ojo sobre los eventuales carteles de las jeringas o sobre las posibles coimas para lograr la vacunación primero. Pero, por ahora, la prioridad es que lleguen las benditas cajas. Las de Pfizer, las de AstraZeneca, las de Janssen, las chinas, las que sean.
En este tema el Gobierno ha pecado de lento y de ineficiente, pero no de corrupto. Insinuar con evidencias no contundentes que el trámite está clientelizado o lleno de vicios de letra chiquita podría demorar aún más un proceso que, de por sí, ya ha sido paquidérmico. Necesitamos vivir y, por ahora, las farmacéuticas tienen la fórmula.
Suficiente ya nos ha costado la demora del Palacio de Nariño en darle mensaje de urgencia a la norma que permitía obtener las vacunas. La Ley Estatutaria de Salud consagraba que Colombia no podía comprar ningún medicamento experimental; como las vacunas en fase III aún tienen esa condición, sin cambiar la legislación no era posible adquirirlas.
Funcionarios del Ministerio de Salud reconocen off the record que no hicieron compras antes porque sin modificar la ley habrían cometido prevaricato. Eso explica por qué en Colombia, a diferencia de Chile, México o Costa Rica, no ha aterrizado ningún avión de Pfizer.
Lo triste es que el representante José Daniel López y otros le insistieron al ministro de Salud desde julio sobre la necesidad de cambiar la ley. El parlamentario Ricardo Ferro presentó el proyecto ese mes. No obstante, el presidente Duque le dio mensaje de urgencia el 19 de octubre: ¡casi tres meses después!
Una cosa es reconocer que el Gobierno ha sido muy lento. Otra, sugerir politiquería. Que los funcionarios encargados de comprar las vacunas tengan sueldo es lo normal. Que tengan preferencias políticas, también. Pero lo importante no es eso, sino que actúen. Ni las mutaciones ni las cepas harán una pausa mientras alguien sube los pliegos al Secop II.
No se trata de escoger entre la transparencia o la solución. Pero, de momento, la velocidad, la logística, la distribución y, por supuesto, la llegada de las vacunas deben ser la prioridad.
Por último, dice el ministro de Salud que la fecha de la primera vacuna no importa tanto como el proceso. Pero eso tampoco es cierto. Hay que comenzar: de los 11 países con más muertes por millón en el mundo solo dos no han empezado a vacunar, Colombia e Irán.
Desde que Alonso de Ojeda puso los pies en esta tierra, aquí ha habido motivos para dudar de todo. La ladronera ha sido infinita; la ineficiencia, la burocratización y las exclusiones, también. Es por eso que las batallas por la transparencia son necesarias. Más aún, cuando los recursos son pocos y hay que utilizarlos lo mejorcito que se pueda.
En el caso de las vacunas, en este momento la preocupación principal debe ser su llegada al país. Es ilógico pensar que las farmacéuticas, que tienen en sus manos la salvación mundial y cuya oferta de vacunas es menor que la demanda, anden ofreciendo coimas en Colombia para que les compren. Mirar el tema con el espejo retrovisor de Odebrecht no tiene ni pies ni cabeza.
Después habrá que poner el ojo sobre los eventuales carteles de las jeringas o sobre las posibles coimas para lograr la vacunación primero. Pero, por ahora, la prioridad es que lleguen las benditas cajas. Las de Pfizer, las de AstraZeneca, las de Janssen, las chinas, las que sean.
En este tema el Gobierno ha pecado de lento y de ineficiente, pero no de corrupto. Insinuar con evidencias no contundentes que el trámite está clientelizado o lleno de vicios de letra chiquita podría demorar aún más un proceso que, de por sí, ya ha sido paquidérmico. Necesitamos vivir y, por ahora, las farmacéuticas tienen la fórmula.
Suficiente ya nos ha costado la demora del Palacio de Nariño en darle mensaje de urgencia a la norma que permitía obtener las vacunas. La Ley Estatutaria de Salud consagraba que Colombia no podía comprar ningún medicamento experimental; como las vacunas en fase III aún tienen esa condición, sin cambiar la legislación no era posible adquirirlas.
Funcionarios del Ministerio de Salud reconocen off the record que no hicieron compras antes porque sin modificar la ley habrían cometido prevaricato. Eso explica por qué en Colombia, a diferencia de Chile, México o Costa Rica, no ha aterrizado ningún avión de Pfizer.
Lo triste es que el representante José Daniel López y otros le insistieron al ministro de Salud desde julio sobre la necesidad de cambiar la ley. El parlamentario Ricardo Ferro presentó el proyecto ese mes. No obstante, el presidente Duque le dio mensaje de urgencia el 19 de octubre: ¡casi tres meses después!
Una cosa es reconocer que el Gobierno ha sido muy lento. Otra, sugerir politiquería. Que los funcionarios encargados de comprar las vacunas tengan sueldo es lo normal. Que tengan preferencias políticas, también. Pero lo importante no es eso, sino que actúen. Ni las mutaciones ni las cepas harán una pausa mientras alguien sube los pliegos al Secop II.
No se trata de escoger entre la transparencia o la solución. Pero, de momento, la velocidad, la logística, la distribución y, por supuesto, la llegada de las vacunas deben ser la prioridad.
Por último, dice el ministro de Salud que la fecha de la primera vacuna no importa tanto como el proceso. Pero eso tampoco es cierto. Hay que comenzar: de los 11 países con más muertes por millón en el mundo solo dos no han empezado a vacunar, Colombia e Irán.