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Si estuviera vivo, Cristian Andrés López tendría hoy 32 años. Lo mataron a los 16. Su madre y buscadora, Amalia López, insistió década y media en encontrar sus restos. Ya nadie creía que lo lograría. Por fin, hace una semana, recibió lo que quedaba de su hijo. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, encabezó la entrega digna de sus restos en el cementerio de Suaza, a cuatro horas de Neiva.
Llegar a ese momento no fue fácil. Cristian fue enterrado como N. N., y su hallazgo solo fue posible por cuenta de la confesión de siete exmilitares que aceptaron su responsabilidad ante la justicia transicional. Relataron cómo, en la madrugada del 29 de junio de 2008, lo acribillaron en el punto más alto de la vereda La Cabaña.
Los responsables eran miembros del pelotón Azteca 2 del Batallón de Infantería No. 26, Cacique Pigoanza, condecorado en Garzón. Por ejecutar a Cristian y completar la meta de bajas que le habían puesto al mes, les prometieron medallas, permisos y condecoraciones.
El sargento retirado, William Capera, confesó ante la JEP que en junio de 2008 ordenó al soldado Jorge Urbano y a otro militar reclutar a las víctimas con engaños, trasladarlas en moto hasta una carretera y entregarlas a un pelotón. La planificación del crimen se hizo con ocho días de antelación y bajo la falsa justificación de que un grupo armado operaba en la zona.
El oficial de operaciones del batallón, Francisco Álvarez, aceptó su responsabilidad y explicó que el Ejército buscaba víctimas pobres y vulnerables, bajo la creencia de que nadie las reclamaría. También describió la estructura jerárquica que facilitó estas ejecuciones: “No hacíamos nada sin órdenes”.
Esas órdenes se replicaban en otras zonas del país. Según el auto que emitió el pasado jueves la JEP sobre los falsos positivos en Antioquia, por ejemplo, venían de altos rangos. En el caso de la cuarta brigada que operaba en este departamento, de cuatro generales, uno de los cuales fue comandante del Ejército en 2008 y a otro al que le decían “General Bajitas”, por que vivía pidiendo muertos en lugar de capturas.
En el caso de Huila, lugar de Cristian, entre 2002 y 2008, la JEP ha documentado 274 casos de ejecuciones extrajudiciales que no son sólo cifras. Toda una historia que revelaron en 2008 las madres de Soacha y que regresó con fuerza en 2019, cuando el New York Times denunció el regreso de las ejecuciones extrajudiciales en el Ejército, un informe que el gobierno de Iván Duque intentó ocultar. La denuncia fue recibida con ataques y la derecha impuso la narrativa de que quienes revelaban estos crímenes eran enemigos de la Seguridad Democrática o simpatizantes de las guerrillas.
La polarización impidió que el país viera con claridad el horror de fondo: el Estado incentivó la muerte y la desaparición forzada de miles de inocentes a cambio de ascensos.
El 15 de febrero de 2024, Amalia López cerró su búsqueda. “Pido que se haga justicia, porque era un niño”, dijo desde la iglesia de Neiva en donde recibió los restos de su hijo. “Tenía la razón”, dijo a quienes durante 17 años no le creyeron que iba aparecer y menos que podía ser víctima de uno más de los crímenes cometidos por agentes del Estado.
Uno más. La cucha tenía razón.
Por Lariza Pizano
