El foco sobre Duque 


Las gestas de los incompetentes con poder se miden en número de daños y afectados. Estamos llenos de ejemplos, pero siempre hay más. Hace poco más de tres años, el entonces presidente Iván Duque anunciaba con bombo, y sobre todo autobombo, el comienzo del “hito histórico” que por fin resolvía el problema del mal servicio de energía a 10 millones de ciudadanos del Caribe. En un evento en Barranquilla, bajo una lluvia de confeti, oprimió un interruptor simbólico gigante que apagó los servicios de la vieja empresa privada Electricaribe y dio paso a las dos sociedades que quedaron a cargo de la operación. Desde entonces, sin embargo, no sólo no se resolvió el problema sino que pasó lo que parecía imposible: ahora es peor.

En este tiempo en el que en siete departamentos caribeños hemos sentido el golpe de inauditas facturas de energía, que llegan hasta por el doble que antes, bueno es hacer memoria sobre los políticos costeños que secundaron la supuesta solución de Duque y se bañaron con él en papelitos de colores aquel día junto al interruptor gigante. Pero, jamás con tanta literalidad, pertinente es también poner el foco sobre el ex primer mandatario. Iván Duque, el nombre del responsable político que vendió promesas como espejitos y acabó su mandato asegurando que había solucionado un lío que se volvió tragedia.

Fue su Gobierno el que creó el régimen tarifario especial que sobrecargó a los usuarios vía tarifa el costo de las pérdidas eléctricas que se producen por las fallas en el sistema y por los robos de energía. Duque resolvió el viejo dilema social que había sobre si la histórica falta de inversión en la infraestructura eléctrica del Caribe debía asumirla de una vez el Estado central o los operadores privados, con una insensata y desmedida alternativa: que la asumieran de manera especial los usuarios.

Para hacer atractivo el negocio de la operación de energía, concretó la feria de los caramelos y las cortesías a los operadores Air-e (propiedad del empresario Alberto Ríos) y Afinia (filial de EPM). En el proceso de adquisición de acciones de Electricaribe, el Gobierno Duque determinó que el Estado asumiera por completo el pasivo pensional y liquidó todas las deudas financieras de la empresa, en total $7,3 billones. También les llenó la caja a Air-e y Afinia anticipándoles subsidios que se destinan a usuarios en áreas especiales y girando pagos compensatorios por las variaciones en los indicadores de recaudo y pérdidas de energía.

Para esta columna, encontré además que el Ministerio de Hacienda de Duque autorizó otorgar garantías a los contratos de compraventa de esos operadores por casi $2 billones, que hacen parte de los recursos públicos que maneja un fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esa movida es particular porque por ley ese fondo solo financia empresas que estén bajo el control de la Superservicios. Para entonces, Electricaribe sí estaba intervenida, pero no así las dos sociedades que se crearon para heredar su operación.

Esa resolución de Hacienda hace parte de los pocos documentos públicos que existen para entender la venta de Electricaribe, un proceso opaco sobre el que la ministra de Minas de la época dijo que los contratos eran reservados debido a que se trataba de una relación entre privados. La exsuperservicios Natasha Avendaño me aseguró que los nuevos operadores pagaron $149.000 millones por las acciones. Pero Javier Lastra, ex agente interventor y gerente saliente de Afinia, me comentó que, aunque no conoció los contratos, con tantas gabelas, no le extrañaría que esas compañías hayan pagado “cero pesos por entrar a operar”. El ministro de Minas del actual Gobierno de Gustavo Petro me había dicho hace unas semanas que tampoco ellos conocen esos documentos. Iván Duque quizás podría dar luz al respecto.