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Vestida de camiseta estampada con algunos de los nombres que cuentan la historia de la resistencia afro (Biohó, Padilla, Nieto, Artel, Obeso, Zapata), salió este jueves Judith Pinedo del batallón donde estaba recluida. Dos años después de ser condenada por vender una supuesta playa, la Corte Suprema la absolvió en un recurso de impugnación especial que señala lo que para los conocedores rigurosos de la historia era evidente: el lote baldío en cuestión no constituía playa y ella no cometió ningún delito.
El caso de la exalcaldesa de Cartagena retoma la reflexión sobre el destino de persecuciones y ataques que les espera a los servidores públicos cuando no ceden frente a los vicios o la corrupción del sistema. Su proceso nació a partir de la denuncia pública de un concejal, que quedó huérfano de cuotas tras la llegada de la llamada Mariamulata, y la condena inicial envió el mensaje de que en política no sobreviven los escrupulosos y decentes.
Ese político se ha dedicado estos años a acumular poder en la ciudad en alianza con cuestionados y hoy está en campaña fuerte para ser alcalde.
Se trata del exconcejal y exrepresentante por Cambio Radical William García Tirado, que en 2009 le pidió a la Dirección General Marítima (Dimar) denunciar a la entonces mandataria en la Procuraduría. En 2011, cuando Pinedo y otros funcionarios fueron llamados a imputación por la Fiscalía, aseguró que la alcaldesa había “orquestado un negociado”. Y en 2021, luego de la condena, emitió un comunicado sacando pecho por haber sido “el denunciante de ese entuerto”.
Las movidas políticas de García encontraron eco entre periodistas locales, que comenzaron a hacerle oposición a Mariamulata desde que su Gobierno cambió las reglas de asignación de la pauta oficial. En Cartagena se estableció la narrativa de que ella había vendido una playa y, además, Pinedo fue objeto de críticas misóginas, como por ejemplo que le gustaba tomar trago. William García aseguró una vez en una emisora que la alcaldesa había llegado al Concejo “oliendo a alcohol”.
Lo curioso es que García aparece entre los firmantes del Acuerdo 030 de 2006, por medio del cual el Concejo autorizó a la Alcaldía a enajenar los terrenos declarados baldíos. Cuando fue llamado como testigo al juicio, el político declaró que a él le llegó la información de la supuesta venta de la playa, pero que no le constaba que se tratara de un bien público.
William García aspiró a la Alcaldía en 2015, pero adhirió a Manolo Duque. Ese alcalde cuestionado le dio como cuota Corvivienda, en donde García entregó puestos a sus amigos y priorizó a periodistas en la entrega de subsidios para vivienda de interés social, como lo contó La Silla Caribe.
En las pasadas regionales se volvió a lanzar, con aval de Colombia Justa Libres y el respaldo de la casa Blel, que ha liderado el parapolítico Vicente Blel Saad.
Las encuestas y los medios lo daban como seguro ganador. Se destacó por no asistir a debates. Sacó poco más de 100.000 votos y terminó diciendo que le habían robado las elecciones que ganó el independiente William Dau.
En octubre del año pasado, la Procuraduría anunció que le profirió pliego de cargos por presuntas irregularidades en la contratación en la época en que era director de Corvivienda.
Ahora, está en campaña desde enero. Recoge firmas con un movimiento llamado “Los tres golpes”. Su principal promesa de gobierno es entregar $200.000 a cada familia pobre de Cartagena para las tres comidas. “200 barras para los tres golpes”, dice.
Lea completa la sentencia de impugnación especial de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Judith Pinedo y otros exfuncionarios.
* El precandidato no me respondió para incluir su versión en esta columna.
