Fiscal, el ejemplo comienza por casa
Laura Ardila Arrieta
El fiscal, Francisco Barbosa, anunció esta semana que, en su “férreo compromiso” con la libertad de prensa, firmó una directiva “inédita” para salvaguardar el secreto profesional de los periodistas, una figura inviolable que permite proteger las fuentes confidenciales de datos. Dice el comunicado de la Fiscalía que, entre otros asuntos, Barbosa busca así que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público. Si de verdad está tan comprometido con el ejercicio del periodismo libre, el fiscal debería empezar por garantizar la transparencia del ente que dirige, y que no se vulnere justamente el acceso periodístico a información de importancia ciudadana.
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El fiscal, Francisco Barbosa, anunció esta semana que, en su “férreo compromiso” con la libertad de prensa, firmó una directiva “inédita” para salvaguardar el secreto profesional de los periodistas, una figura inviolable que permite proteger las fuentes confidenciales de datos. Dice el comunicado de la Fiscalía que, entre otros asuntos, Barbosa busca así que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público. Si de verdad está tan comprometido con el ejercicio del periodismo libre, el fiscal debería empezar por garantizar la transparencia del ente que dirige, y que no se vulnere justamente el acceso periodístico a información de importancia ciudadana.
Son incontables los relatos de colegas que dan cuenta de la inoperancia de la oficina de prensa de la Fiscalía, en cabeza de una comunicadora llamada Paola Tovar. Es común que esa funcionaria ignore solicitudes de información enviadas al teléfono, o las conteste muchos días después con un: “Ya te averiguo”, para jamás volver a aparecer. Como si responder fuera un favor, y no una obligación. Me constan al menos cuatro casos en los que su despacho olímpicamente ha desconocido los tiempos del derecho fundamental de petición.
Para dar un ejemplo concreto de la opacidad de la Fiscalía, hablemos nada más del silencio alrededor del proceso de Javier Torres Vergara, el mejor amigo del exalcalde barranquillero Álex Char.
La Fiscalía se niega a explicar por qué decidió archivar el caso por presunto enriquecimiento ilícito que llevaba contra el empresario Torres, luego de pasar tres años citándolo reiteradamente a audiencia de imputación de cargos.
Torres fue señalado de haber recibido por medio de un contrato falso $9 mil millones de Odebrecht en 2014. Ese año coincide con la época en la que esa corrupta multinacional repartía coimas a políticos a través de contratación ficticia, como quedó claro con el caso del excongresista Bernardo el Ñoño Elías, condenado por ser uno de los destinatarios de las mordidas.
Una empresa de Torres fue mencionada por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, cuando en 2017 pidieron investigar el entramado corrupto de Odebrecht. Y también por el hoy presidente Gustavo Petro, que meses después reveló unos documentos que le envió el fallecido controller de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano.
Aunque es obvio que se trata de información de interés público, como la que asegura defender Barbosa, en respuesta (extemporánea, por cierto) a un derecho de petición, el mes pasado la Fiscalía dijo que no puede entregar copia de la decisión de archivo por tener reserva. Un argumento increíble, pues se supone que, si se archivó, no hablamos de una investigación activa y confidencial.
El “férreo compromiso” de Francisco Barbosa con la libertad de prensa también se contradice con las lamentables órdenes de inspección que, durante su administración, emitió la Fiscalía en contra de Noticias Uno y la revista Cambio.
La reciente directiva, como bien señaló la Flip, ni siquiera es inédita, pues incluye un lineamiento que ya está en la Constitución. “La Fiscalía habla con resultados”, es el lema de Barbosa. Qué bueno y qué así sea. Las poses ningún favor le hacen al deterioro de las garantías para ejercer este oficio.