¿Cómo se concretará la matrícula cero y cuál es la diferencia con la gratuidad?
Ante la dramática situación que viven los jóvenes colombianos y sus familias por el impacto de la pandemia que afecta drásticamente la economía informal y los empleos de los sectores populares, los estudiantes no tienen cómo pagar sus matrículas en las instituciones de educación superior (IES) y se debaten entre el dilema de gastar los pocos recursos que consiguen en el rebusque diario para su supervivencia o cumplir con la obligación monetaria con sus estudios. En este contexto, la matrícula cero surgió en el 2020 como una reivindicación del estudiantado colombiano de la educación superior.
Desde abril del año pasado emergieron manifestaciones estudiantiles en diferentes lugares del país solicitando un salvavidas al gobierno nacional con la inyección de recursos adicionales para atender el pago de matrículas, estas voces se articularon a comunicaciones que realizaron rectores del SUE y de ASCUN que también pedían apoyos del gobierno nacional. Fruto de todo este clamor nacional el gobierno dispuso del Fondo de Solidaridad para la Educación $97.500 millones para todas las IES en el 2020 y para el 2021 ha dispuesto a la fecha $98.800 millones de este mismo fondo.
El pasado 11 de mayo en pleno paro nacional, el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo anunciaron que […] “la totalidad de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior públicas tendrán gratuidad en el valor de la matrícula en el segundo semestre de 2021”, aunque el anuncio se realizó para este año el gobierno planteó convertirla en política de estado para el 2022.
En distintos espacios de rectores, foros y medios de comunicación he preguntado sobre el monto total que se dispondrá para la matrícula cero y las fuentes de financiación, lo cual es importante precisar porque según datos del SUE a 2019 el monto de la matrícula asumida por estudiantes de posgrado y pregrado sumó $1.236 billones y solo para estudiantes de pregrado correspondió a $889.826 millones, esta cifra incluye solo las universidades y no todas las IES públicas. La ministra de Educación afirmó que se invertirían al menos $600.000 millones para garantizar la matrícula cero, los recursos se moverían por medio del Fondo Solidario para la Educación (FSE) producto de ahorros de otras carteras.
De acuerdo con la información pública disponible, aún no es claro cómo se logrará financiar todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las IES, la duda es válida porque para el caso del 2020, las universidades tuvimos que colocar recursos propios para sustentar la matrícula cero y gestionar otros recursos con departamentos y municipios. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizamos un esfuerzo sin precedentes por nuestros estudiantes como medida de emergencia, no porque estemos de acuerdo con destinar nuestros recursos limitados que tienen otros compromisos, pues la responsabilidad de la financiación debe ser del Estado. En el plan de auxilios aprobado en la institución se destinaron $1.881 por parte de la UPN para financiar el 51,3% de los estudiantes de estrato 2 y el 50% de los demás estratos. Los recursos destinados por el gobierno nacional del FSE, comprendieron $1.711 millones que alcanzaron para financiar el 100% de la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y el 48.7% de estrato 2. Para el caso del 2021-1 los recursos del gobierno fueron $1.911 millones que alcanzan para financiar el 100% de estudiantes del estrato 1 y 54.5% de estrato 2, por su parte la UPN pese a las limitaciones financieras aportó $777.749 millones que cubre el 20.5% del estrato 2 y 20% de los demás estratos.
La matrícula cero es apoyada por amplios sectores sociales y universitarios, siempre y cuando esta no implique recursos propios de las instituciones, pues es claro que con estos se completa el pago de nóminas, servicios y en general del funcionamiento. Es importante anotar que del presupuesto de las universidades el 46,5% son propios y el 48,6% son ingresos de la nación.
Otro problema a tener en cuenta con la implementación de la matrícula cero consiste en el manejo de los recursos que no serían transferidos directamente a las universidades como se pensaba en los primeros anuncios del gobierno nacional, pues lo cierto es que las instituciones recibirán esos recursos a través del ICETEX y esto requiere unos trámites administrativos que no estaban contemplados, es decir, involucran recursos de personal que ponen las universidades sin que exista un recurso adicional para ello. A pesar de todas estas implicaciones estamos comprometidos para que los estudiantes y sus familias puedan recibir estos importantes recursos en época de pandemia que ha desnudado con mayor nitidez las grandes desigualdades sociales que vivimos.
En este orden de ideas, es importante precisar que el tema de gratuidad en la educación superior es distinto a la matrícula cero, porque representa una reivindicación histórica de diferentes sectores sociales que, especialmente, en el ámbito latinoamericano han hecho alusión a garantizar la educación como derecho fundamental de todos los ciudadanos de tal manera que el Estado posibilite un acceso universal y sin costo a la educación superior. Esta concepción de la gratuidad implica que los costos operacionales de los estudiantes, que requieren contratación de profesores, bienestar universitario y todo aquello propio de la calidad académica, tenga una financiación clara por parte del Estado.
Garantizar el derecho fundamental a la educación superior implica una política de Estado inexistente en Colombia que contemple la financiación digna de todas las instituciones de educación superior pública, esto significa que las transferencias de la nación correspondan a los gastos de funcionamiento de las IES y se ajuste anualmente de acuerdo a los avances en materia de cobertura y calidad. Un avance en dicha política puede encontrarse en la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que solo contempló transferencias para las universidades y la fórmula empleada solo se basó en ajustar la transferencia de acuerdo al IPC, el cual ha estado muy por debajo del aumento en los salarios de los profesores y en general en los gastos de funcionamiento de las universidades.
¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que el país asuma una política clara y contundente que coloque en primer orden el derecho a la educación, más allá de la instrumentalización de este bien público como servicio?
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
Ante la dramática situación que viven los jóvenes colombianos y sus familias por el impacto de la pandemia que afecta drásticamente la economía informal y los empleos de los sectores populares, los estudiantes no tienen cómo pagar sus matrículas en las instituciones de educación superior (IES) y se debaten entre el dilema de gastar los pocos recursos que consiguen en el rebusque diario para su supervivencia o cumplir con la obligación monetaria con sus estudios. En este contexto, la matrícula cero surgió en el 2020 como una reivindicación del estudiantado colombiano de la educación superior.
Desde abril del año pasado emergieron manifestaciones estudiantiles en diferentes lugares del país solicitando un salvavidas al gobierno nacional con la inyección de recursos adicionales para atender el pago de matrículas, estas voces se articularon a comunicaciones que realizaron rectores del SUE y de ASCUN que también pedían apoyos del gobierno nacional. Fruto de todo este clamor nacional el gobierno dispuso del Fondo de Solidaridad para la Educación $97.500 millones para todas las IES en el 2020 y para el 2021 ha dispuesto a la fecha $98.800 millones de este mismo fondo.
El pasado 11 de mayo en pleno paro nacional, el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo anunciaron que […] “la totalidad de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior públicas tendrán gratuidad en el valor de la matrícula en el segundo semestre de 2021”, aunque el anuncio se realizó para este año el gobierno planteó convertirla en política de estado para el 2022.
En distintos espacios de rectores, foros y medios de comunicación he preguntado sobre el monto total que se dispondrá para la matrícula cero y las fuentes de financiación, lo cual es importante precisar porque según datos del SUE a 2019 el monto de la matrícula asumida por estudiantes de posgrado y pregrado sumó $1.236 billones y solo para estudiantes de pregrado correspondió a $889.826 millones, esta cifra incluye solo las universidades y no todas las IES públicas. La ministra de Educación afirmó que se invertirían al menos $600.000 millones para garantizar la matrícula cero, los recursos se moverían por medio del Fondo Solidario para la Educación (FSE) producto de ahorros de otras carteras.
De acuerdo con la información pública disponible, aún no es claro cómo se logrará financiar todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las IES, la duda es válida porque para el caso del 2020, las universidades tuvimos que colocar recursos propios para sustentar la matrícula cero y gestionar otros recursos con departamentos y municipios. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizamos un esfuerzo sin precedentes por nuestros estudiantes como medida de emergencia, no porque estemos de acuerdo con destinar nuestros recursos limitados que tienen otros compromisos, pues la responsabilidad de la financiación debe ser del Estado. En el plan de auxilios aprobado en la institución se destinaron $1.881 por parte de la UPN para financiar el 51,3% de los estudiantes de estrato 2 y el 50% de los demás estratos. Los recursos destinados por el gobierno nacional del FSE, comprendieron $1.711 millones que alcanzaron para financiar el 100% de la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y el 48.7% de estrato 2. Para el caso del 2021-1 los recursos del gobierno fueron $1.911 millones que alcanzan para financiar el 100% de estudiantes del estrato 1 y 54.5% de estrato 2, por su parte la UPN pese a las limitaciones financieras aportó $777.749 millones que cubre el 20.5% del estrato 2 y 20% de los demás estratos.
La matrícula cero es apoyada por amplios sectores sociales y universitarios, siempre y cuando esta no implique recursos propios de las instituciones, pues es claro que con estos se completa el pago de nóminas, servicios y en general del funcionamiento. Es importante anotar que del presupuesto de las universidades el 46,5% son propios y el 48,6% son ingresos de la nación.
Otro problema a tener en cuenta con la implementación de la matrícula cero consiste en el manejo de los recursos que no serían transferidos directamente a las universidades como se pensaba en los primeros anuncios del gobierno nacional, pues lo cierto es que las instituciones recibirán esos recursos a través del ICETEX y esto requiere unos trámites administrativos que no estaban contemplados, es decir, involucran recursos de personal que ponen las universidades sin que exista un recurso adicional para ello. A pesar de todas estas implicaciones estamos comprometidos para que los estudiantes y sus familias puedan recibir estos importantes recursos en época de pandemia que ha desnudado con mayor nitidez las grandes desigualdades sociales que vivimos.
En este orden de ideas, es importante precisar que el tema de gratuidad en la educación superior es distinto a la matrícula cero, porque representa una reivindicación histórica de diferentes sectores sociales que, especialmente, en el ámbito latinoamericano han hecho alusión a garantizar la educación como derecho fundamental de todos los ciudadanos de tal manera que el Estado posibilite un acceso universal y sin costo a la educación superior. Esta concepción de la gratuidad implica que los costos operacionales de los estudiantes, que requieren contratación de profesores, bienestar universitario y todo aquello propio de la calidad académica, tenga una financiación clara por parte del Estado.
Garantizar el derecho fundamental a la educación superior implica una política de Estado inexistente en Colombia que contemple la financiación digna de todas las instituciones de educación superior pública, esto significa que las transferencias de la nación correspondan a los gastos de funcionamiento de las IES y se ajuste anualmente de acuerdo a los avances en materia de cobertura y calidad. Un avance en dicha política puede encontrarse en la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que solo contempló transferencias para las universidades y la fórmula empleada solo se basó en ajustar la transferencia de acuerdo al IPC, el cual ha estado muy por debajo del aumento en los salarios de los profesores y en general en los gastos de funcionamiento de las universidades.
¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que el país asuma una política clara y contundente que coloque en primer orden el derecho a la educación, más allá de la instrumentalización de este bien público como servicio?
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.