La historia de Colombia está colmada de importantes luchas sociales que en su trasegar expresan las reivindicaciones del pueblo por una sociedad justa, democrática e incluyente. Según estudios desarrollados por el historiador Mauricio Archila, entre 1975 y 2007 el país registró un promedio anual de 420 luchas y en contraste en solo 7 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron en promedio 500 luchas, lo que evidencia que pese a las políticas autoritarias y represivas de este mandatario los diferentes sectores sociales expresaron con contundencia sus inconformidades.
Esta larga tradición del movimiento social continúa haciendo parte del actual momento crítico que vive la nación colombiana. Pese a que la pandemia de la COVID-19 obligó a un distanciamiento y confinamiento social desde marzo del 2020, los trabajadores, educadores, jóvenes, indígenas y campesinos decidieron participar en multitudinarias protestas pacíficas iniciadas el pasado 28 de abril en el marco de un contundente Paro Nacional.
Las protestas se han extendido por más de 8 días en distintas ciudades del territorio nacional poniendo de presente justas reivindicaciones sociales que hacen alusión al retiro del proyecto de ley 010 de salud, renta básica, defensa de la producción nacional, matrícula cero, no discriminación de género y detención del retorno de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros temas que se enriquecen con nuevas demandas.
La agenda de la movilización evidencia un gran inconformismo social en medio de una crisis sanitaria que ha puesto de presente las grandes desigualdades sociales que se agudizan con el incremento del desempleo en 5,4% en el 2020 frente al 2019 según datos del DANE. Los jóvenes y las mujeres han sido los más afectados por la falta de oportunidades, según cifras de la ONG Oxfam Intermon a nivel mundial se estima la pérdida del 5% del empleo en las mujeres.
Para la construcción real de nuestra democracia colombiana es importante que el gobierno garantice la libertad de expresión y movilización de los ciudadanos y ciudadanas, no obstante, las manifestaciones se han visto empañadas de una fuerte violencia policial y un exceso de la fuerza que ha sido cuestionado en comunicados de la ONU, la Unión Europea y varias organizaciones nacionales e internacionales que piden el respeto por parte del Estado a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la seguridad personal. Pese a las denuncias que se extienden por las redes sociales en todo el planeta, la violencia no cesa e incluso se intensifica, reapareciendo acciones bélicas contra la población y atentados de mercenarios que disparan indiscriminadamente contra manifestantes y emprenden su huida, como lo sucedido en la noche del 5 de mayo en donde tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira que se encontraban protestando pacíficamente recibieron impactos de bala y dolorosamente quedó herido el líder estudiantil Lucas Villa, una persona comprometida con la defensa de la educación pública y defensor de la protesta pacífica, este hecho es indignante.
La expresión SOS Colombia, nos están matando, ha sido empleada por miles de ciudadanos registrada en el canal de YouTube de la ONU y que circula por todo el planeta de forma desesperada. La crisis social, política y sanitaria que vive el país se agudizó tornándose ahora en una crisis humanitaria que debe atenderse de manera inmediata. Según los informes de la ONG Temblores desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo se han registrado 1708 casos de violencia de la fuerza pública, 37 homicidios por parte de la policía, 222 víctimas de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
El gobierno del presidente Iván Duque no envía un mensaje contundente a la sociedad colombiana que permita superar la crisis, un amplio sector del partido de gobierno acude a propuestas fallidas en el pasado reciente del gobierno de Uribe, como la declaración del Estado de conmoción interior, el cual daría facultades especiales al mandatario de la república para restringir manifestaciones sociales, tomar el control de las comunicaciones y expedir otras medidas que a pesar de su legalidad resultarían tornándose en intervenciones de fuerza que agudizarían el malestar social.
La voluntad de diálogo se expresa tímidamente por parte del gobierno nacional a través de espacios de interlocución que se llevan a cabo siguiendo una cuidadosa selección de partidos, instituciones, rectores de universidades y uno que otro actor social que no representa a los miles de manifestantes que continúan en las calles expresándose. Urgen salidas negociadas al conflicto que vive el país, la historia reciente de Colombia con el Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 constituye una experiencia valiosa para esto. No hay que titubear más y se debe convocar ampliamente a todos los sectores sociales que participan en las movilizaciones a través de mesas de diálogo concretas con temas y rutas metodológicas claras que contribuyen a discutir y a solucionar la crisis que vive el país. Hay que construir consensos con todo el pueblo colombiano, comprender sus demandas y emprender los cambios económicos y políticos que se requieren para retomar el camino de la reconciliación nacional.
Optar por el autoritarismo solo exacerbará la violencia y el país será como en otros tiempos, un gran lunar pintado con sangre en el continente americano. El diálogo es el camino, es la mejor opción, pero este diálogo debe ser franco, sincero y de cara a todos los sectores sociales del país. Como diría Paulo Freire: “El diálogo como relación democrática, es la posibilidad que dispongo para estar abierto al pensar de los otros, no extinguirse en la soledad”, frase pertinente en estos tiempos para que el gobierno no opte por la soledad, la desesperanza y la muerte.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional
La historia de Colombia está colmada de importantes luchas sociales que en su trasegar expresan las reivindicaciones del pueblo por una sociedad justa, democrática e incluyente. Según estudios desarrollados por el historiador Mauricio Archila, entre 1975 y 2007 el país registró un promedio anual de 420 luchas y en contraste en solo 7 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron en promedio 500 luchas, lo que evidencia que pese a las políticas autoritarias y represivas de este mandatario los diferentes sectores sociales expresaron con contundencia sus inconformidades.
Esta larga tradición del movimiento social continúa haciendo parte del actual momento crítico que vive la nación colombiana. Pese a que la pandemia de la COVID-19 obligó a un distanciamiento y confinamiento social desde marzo del 2020, los trabajadores, educadores, jóvenes, indígenas y campesinos decidieron participar en multitudinarias protestas pacíficas iniciadas el pasado 28 de abril en el marco de un contundente Paro Nacional.
Las protestas se han extendido por más de 8 días en distintas ciudades del territorio nacional poniendo de presente justas reivindicaciones sociales que hacen alusión al retiro del proyecto de ley 010 de salud, renta básica, defensa de la producción nacional, matrícula cero, no discriminación de género y detención del retorno de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros temas que se enriquecen con nuevas demandas.
La agenda de la movilización evidencia un gran inconformismo social en medio de una crisis sanitaria que ha puesto de presente las grandes desigualdades sociales que se agudizan con el incremento del desempleo en 5,4% en el 2020 frente al 2019 según datos del DANE. Los jóvenes y las mujeres han sido los más afectados por la falta de oportunidades, según cifras de la ONG Oxfam Intermon a nivel mundial se estima la pérdida del 5% del empleo en las mujeres.
Para la construcción real de nuestra democracia colombiana es importante que el gobierno garantice la libertad de expresión y movilización de los ciudadanos y ciudadanas, no obstante, las manifestaciones se han visto empañadas de una fuerte violencia policial y un exceso de la fuerza que ha sido cuestionado en comunicados de la ONU, la Unión Europea y varias organizaciones nacionales e internacionales que piden el respeto por parte del Estado a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la seguridad personal. Pese a las denuncias que se extienden por las redes sociales en todo el planeta, la violencia no cesa e incluso se intensifica, reapareciendo acciones bélicas contra la población y atentados de mercenarios que disparan indiscriminadamente contra manifestantes y emprenden su huida, como lo sucedido en la noche del 5 de mayo en donde tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira que se encontraban protestando pacíficamente recibieron impactos de bala y dolorosamente quedó herido el líder estudiantil Lucas Villa, una persona comprometida con la defensa de la educación pública y defensor de la protesta pacífica, este hecho es indignante.
La expresión SOS Colombia, nos están matando, ha sido empleada por miles de ciudadanos registrada en el canal de YouTube de la ONU y que circula por todo el planeta de forma desesperada. La crisis social, política y sanitaria que vive el país se agudizó tornándose ahora en una crisis humanitaria que debe atenderse de manera inmediata. Según los informes de la ONG Temblores desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo se han registrado 1708 casos de violencia de la fuerza pública, 37 homicidios por parte de la policía, 222 víctimas de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
El gobierno del presidente Iván Duque no envía un mensaje contundente a la sociedad colombiana que permita superar la crisis, un amplio sector del partido de gobierno acude a propuestas fallidas en el pasado reciente del gobierno de Uribe, como la declaración del Estado de conmoción interior, el cual daría facultades especiales al mandatario de la república para restringir manifestaciones sociales, tomar el control de las comunicaciones y expedir otras medidas que a pesar de su legalidad resultarían tornándose en intervenciones de fuerza que agudizarían el malestar social.
La voluntad de diálogo se expresa tímidamente por parte del gobierno nacional a través de espacios de interlocución que se llevan a cabo siguiendo una cuidadosa selección de partidos, instituciones, rectores de universidades y uno que otro actor social que no representa a los miles de manifestantes que continúan en las calles expresándose. Urgen salidas negociadas al conflicto que vive el país, la historia reciente de Colombia con el Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 constituye una experiencia valiosa para esto. No hay que titubear más y se debe convocar ampliamente a todos los sectores sociales que participan en las movilizaciones a través de mesas de diálogo concretas con temas y rutas metodológicas claras que contribuyen a discutir y a solucionar la crisis que vive el país. Hay que construir consensos con todo el pueblo colombiano, comprender sus demandas y emprender los cambios económicos y políticos que se requieren para retomar el camino de la reconciliación nacional.
Optar por el autoritarismo solo exacerbará la violencia y el país será como en otros tiempos, un gran lunar pintado con sangre en el continente americano. El diálogo es el camino, es la mejor opción, pero este diálogo debe ser franco, sincero y de cara a todos los sectores sociales del país. Como diría Paulo Freire: “El diálogo como relación democrática, es la posibilidad que dispongo para estar abierto al pensar de los otros, no extinguirse en la soledad”, frase pertinente en estos tiempos para que el gobierno no opte por la soledad, la desesperanza y la muerte.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional