En la columna del pasado 1° de febrero escribí sobre la paz como el horizonte de sentido para la construcción de un mejor país para todos y todas. Expliqué los importantes avances que hemos desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional en la implementación de nuestro Plan de Desarrollo Institucional orientado a la formación de maestros para una Colombia en paz, a través del cual hemos llevado a cabo cátedras, semilleros de investigación, producciones académicas, procesos formativos en cultura de paz con la participación de distintas comunidades, de víctimas y excombatientes del conflicto armado.
Nuestro compromiso con la construcción de un mejor país también comprende el desarrollo de un observatorio en derechos humanos que propende por la generación de una cultura de paz, siguiendo los preceptos de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la concibe como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto de la vida, el fin de la violencia, el respeto pleno de las libertades fundamentales, la construcción de acciones sociales y colectivas que garanticen la protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles de la sociedad y entre las naciones.
En este escenario el país asiste con dolor a la continuación de una cultura de la violencia reflejada en el asesinato y persecución de los líderes y lideresas sociales. Cuando todos pensábamos que la firma del Acuerdo de Paz establecido entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-EP constituiría un nuevo capítulo de la historia colombiana en el que predominaría el respeto por la vida de las personas que defienden sus territorios y sus comunidades frente a la transgresión de derechos, los hechos empezaron a evidenciar lo contrario. Las cifras reportadas por el estudio llevado a cabo por la Comisión Colombiana de Juristas entre el 1° de enero del 2016 y el 31 de julio del 2018 evidenciaron que hubo un aumento de violaciones al derecho a la vida en este periodo, pues en el 2016 se registraron 99 casos; en el 2017, 114 casos y sin terminar el 2018 se habían reportado 100 casos, lo que significa claramente que el Acuerdo no desencadenó la protección de la vida, sino todo lo contrario para los lideres, lideresas y defensores de derechos humanos, lo cual resulta contradictorio y paradójico en cuanto la expectativa de grandes sectores de la población colombiana consistía en pasar la página de la violencia.
En el 2019 la situación parece no cambiar y en lo que ha pasado del año se han registrado más de 39 asesinatos de líderes en diferentes lugares del territorio colombiano. Esto ha generado importantes movilizaciones de rechazo y exigencias al Gobierno Nacional para desplegar políticas y acciones concretas que frenen esta nueva escalada de violencia. El pasado 9 abril se realizó en nuestro país una importante manifestación en defensa de la vida; en marzo decenas de colombianos que residen en Europa participaron en marchas con el mismo propósito. El pasado 28 de abril cerca de 3.000 líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos, jóvenes y mujeres provenientes del Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca (Antioquia), el sur de Bolívar y Arauca llevaron a cabo en la Plaza de Bolívar un refugio humanitario por la vida de líderes sociales. Como cierre de este refugio se realizó el Encuentro Nacional de líderes, lideresas y organizaciones amenazadas y estigmatizadas en las instalaciones de nuestra universidad, lo cual fue significativo para la institución en cuanto representó una acción concreta de solidaridad con todas las personas que día a día, sin remuneración económica alguna, entregan sus vidas por la defensa de los derechos de las comunidades y sus territorios. Así la academia y la casa de maestros les abrieron sus brazos y los acogieron con alegría y admiración.
Las amenazas y estigmatizaciones también han llegado a las universidades públicas. El caso más conocido ha sido fuertemente cuestionado por estudiantes, profesores y trabajadores de las instituciones de educación superior, pues se trata de las amenazas de muerte que ha recibido Jennifer Pedraza, líder estudiantil que jugó un papel esencial en la firma del acuerdo establecido entre el Gobierno Nacional y plataformas estudiantiles y profesorales el pasado 14 de diciembre de 2018. A ello se le suman amenazas que el pasado 20 de mayo se registraron en la Universidad de Antioquia contra líderes estudiantiles que también participaron en la movilización social en defensa de la educación superior pública. Como parte integral del acuerdo se firmaron las garantías que hacen alusión en su punto 6 a que “el Estado brindará las garantías necesarias para proteger la vida, la integridad personal y los derechos de los líderes estudiantiles, profesorales y demás miembros de la comunidad educativa”. Es fundamental que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio Público y demás instituciones del Estado, adelante las acciones necesarias para proteger la vida de las personas que conforman la comunidad universitaria.
El Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), en pronunciamiento público realizado el pasado 11 de abril, reafirmó su compromiso con la construcción de la paz en nuestro país y rechazó cualquier tipo de violencia en el interior y fuera de los campus universitarios. Nuestra invitación ha sido clara en continuar construyendo espacios de reconciliación y diálogo permanente que nos permitan superar la cultura de la violencia que destruye el tejido social de nuestras comunidades. Como diría Irene Khan: “Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
En la columna del pasado 1° de febrero escribí sobre la paz como el horizonte de sentido para la construcción de un mejor país para todos y todas. Expliqué los importantes avances que hemos desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional en la implementación de nuestro Plan de Desarrollo Institucional orientado a la formación de maestros para una Colombia en paz, a través del cual hemos llevado a cabo cátedras, semilleros de investigación, producciones académicas, procesos formativos en cultura de paz con la participación de distintas comunidades, de víctimas y excombatientes del conflicto armado.
Nuestro compromiso con la construcción de un mejor país también comprende el desarrollo de un observatorio en derechos humanos que propende por la generación de una cultura de paz, siguiendo los preceptos de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la concibe como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto de la vida, el fin de la violencia, el respeto pleno de las libertades fundamentales, la construcción de acciones sociales y colectivas que garanticen la protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles de la sociedad y entre las naciones.
En este escenario el país asiste con dolor a la continuación de una cultura de la violencia reflejada en el asesinato y persecución de los líderes y lideresas sociales. Cuando todos pensábamos que la firma del Acuerdo de Paz establecido entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-EP constituiría un nuevo capítulo de la historia colombiana en el que predominaría el respeto por la vida de las personas que defienden sus territorios y sus comunidades frente a la transgresión de derechos, los hechos empezaron a evidenciar lo contrario. Las cifras reportadas por el estudio llevado a cabo por la Comisión Colombiana de Juristas entre el 1° de enero del 2016 y el 31 de julio del 2018 evidenciaron que hubo un aumento de violaciones al derecho a la vida en este periodo, pues en el 2016 se registraron 99 casos; en el 2017, 114 casos y sin terminar el 2018 se habían reportado 100 casos, lo que significa claramente que el Acuerdo no desencadenó la protección de la vida, sino todo lo contrario para los lideres, lideresas y defensores de derechos humanos, lo cual resulta contradictorio y paradójico en cuanto la expectativa de grandes sectores de la población colombiana consistía en pasar la página de la violencia.
En el 2019 la situación parece no cambiar y en lo que ha pasado del año se han registrado más de 39 asesinatos de líderes en diferentes lugares del territorio colombiano. Esto ha generado importantes movilizaciones de rechazo y exigencias al Gobierno Nacional para desplegar políticas y acciones concretas que frenen esta nueva escalada de violencia. El pasado 9 abril se realizó en nuestro país una importante manifestación en defensa de la vida; en marzo decenas de colombianos que residen en Europa participaron en marchas con el mismo propósito. El pasado 28 de abril cerca de 3.000 líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos, jóvenes y mujeres provenientes del Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca (Antioquia), el sur de Bolívar y Arauca llevaron a cabo en la Plaza de Bolívar un refugio humanitario por la vida de líderes sociales. Como cierre de este refugio se realizó el Encuentro Nacional de líderes, lideresas y organizaciones amenazadas y estigmatizadas en las instalaciones de nuestra universidad, lo cual fue significativo para la institución en cuanto representó una acción concreta de solidaridad con todas las personas que día a día, sin remuneración económica alguna, entregan sus vidas por la defensa de los derechos de las comunidades y sus territorios. Así la academia y la casa de maestros les abrieron sus brazos y los acogieron con alegría y admiración.
Las amenazas y estigmatizaciones también han llegado a las universidades públicas. El caso más conocido ha sido fuertemente cuestionado por estudiantes, profesores y trabajadores de las instituciones de educación superior, pues se trata de las amenazas de muerte que ha recibido Jennifer Pedraza, líder estudiantil que jugó un papel esencial en la firma del acuerdo establecido entre el Gobierno Nacional y plataformas estudiantiles y profesorales el pasado 14 de diciembre de 2018. A ello se le suman amenazas que el pasado 20 de mayo se registraron en la Universidad de Antioquia contra líderes estudiantiles que también participaron en la movilización social en defensa de la educación superior pública. Como parte integral del acuerdo se firmaron las garantías que hacen alusión en su punto 6 a que “el Estado brindará las garantías necesarias para proteger la vida, la integridad personal y los derechos de los líderes estudiantiles, profesorales y demás miembros de la comunidad educativa”. Es fundamental que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio Público y demás instituciones del Estado, adelante las acciones necesarias para proteger la vida de las personas que conforman la comunidad universitaria.
El Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), en pronunciamiento público realizado el pasado 11 de abril, reafirmó su compromiso con la construcción de la paz en nuestro país y rechazó cualquier tipo de violencia en el interior y fuera de los campus universitarios. Nuestra invitación ha sido clara en continuar construyendo espacios de reconciliación y diálogo permanente que nos permitan superar la cultura de la violencia que destruye el tejido social de nuestras comunidades. Como diría Irene Khan: “Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.