Desafíos para la educación superior pública a partir del acuerdo
El año 2019 será fundamental para la educación superior pública. El acuerdo histórico establecido entre estudiantes, profesores y Gobierno Nacional marca un nuevo horizonte y grandes desafíos para el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE).
La crisis estructural de financiación de las 32 universidades públicas, documentado ampliamente por el SUE, comienza a atenderse paulatinamente con la destinación de $1,34 billones para el funcionamiento de las instituciones. Esto significa que las universidades podrán cubrir en los próximos cuatro años las nóminas del personal docente, administrativo y de servicios generales, así como el pago de otros servicios esenciales para que puedan seguir cumpliendo su función social de formar profesionales en los distintos campos de conocimiento. No obstante, tal como fue previsto en el acuerdo, queda pendiente la materialización de un proyecto de ley que reforme los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que permita que los recursos destinados para el funcionamiento sean los necesarios y suficientes para que las universidades públicas puedan cumplir sus compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social a mediano y largo plazo.
Se abre una importante puerta para que las universidades, a través de proyectos destinados al mejoramiento de infraestructura, a la formación doctoral y al fortalecimiento de la investigación, puedan acceder a $1,5 billones provenientes de las regalías que ya fueron aprobados presupuestalmente en diciembre del año pasado. Para ilustrar este tema, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional se han presentado proyectos orientados a la profesionalización de maestros normalistas en distintas regiones del país que posibiliten su cualificación y a su vez generen impacto en el mejoramiento de la educación en los distintos territorios de las regiones. También se ha propuesto la inversión en un museo de colecciones biológicas y formación en educación ambiental para Bogotá y Cundinamarca en procura de formar a las futuras generaciones en el conocimiento de la biodiversidad y el fomento de acciones responsables en favor de la sustentabilidad ambiental. La construcción de un edificio moderno para el desarrollo de nuevos programas orientados a la primera infancia, la formación en tecnología y la formación en ciencias y educación ambiental podría ser una realidad si se asignan los respectivos recursos.
La obtención de los dineros provenientes del sistema de regalías dependerá del trabajo sistemático que se pueda hacer entre las gobernaciones y las instituciones universitarias públicas para priorizar proyectos conforme a las necesidades de las regiones. En este punto se ha iniciado un trabajo importante con la Federación Nacional de Departamentos y con la mesa técnica creada por el Ministerio de Educación para avanzar en la materialización de los proyectos de las universidades.
Del billón y medio de recursos provenientes del sistema general de regalías, se destinará $1 billón para los proyectos que presenten las universidades, más $250.000 millones para el ofrecimiento de becas de formación doctoral a las cuales podrán acceder incluso profesores catedráticos y ocasionales, de acuerdo con la convocatoria que realizará Colciencias. Esto abre importantes posibilidades de cualificación docente que se verá reflejada en el fortalecimiento de la investigación, la producción académica y el mejoramiento de la práctica docente de los profesores que participen del programa. Una importante y justa inversión para mejorar la calidad de la educación superior.
Se contará con $850.000 millones para desarrollar proyectos de inversión priorizados por las instituciones de educación superior públicas y $500.000 millones para saneamiento de pasivos de las universidades públicas. De conformidad con las reuniones que ha llevado a cabo el SUE, se ha propuesto que los recursos de inversión se puedan asignar en función de los planes de fomento de la calidad para atender prioritariamente la investigación, la cualificación docente y el bienestar universitario, entre otros factores asociados a los procesos de acreditación institucional. Resta por definir claramente los mecanismos y criterios de distribución de los recursos de inversión y en cuanto a los pasivos, cada universidad deberá presentar los faltantes anuales en los que incurre, así como el déficit de caja acumulado para su respectivo saneamiento.
Los recursos adicionales también dependerán de un trabajo articulado y colectivo orientado a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se incluya la habilitación legal para el saneamiento de pasivos, así como el respaldo legal para que el 20% de los saldos apropiados y no comprometidos en el presupuesto general de la nación para el 2019 se puedan destinar para las instituciones de educación superior públicas. También este nuevo PND deberá contemplar un artículo que posibilite la reforma integral del Icetex frente a las constantes críticas planteadas por el movimiento estudiantil.
La materialización del acuerdo histórico a todas luces es desafiante e implicará un trabajo arduo y permanente entre el Gobierno Nacional y la mesa de diálogo que se ha oficializado mediante resolución ministerial. Es la oportunidad para que entre todos los actores sociales comprometidos con la educación superior pública podamos concretar las soluciones estructurales para el sistema universitario público. El país requiere que la educación, la ciencia y la innovación sean los motores de cambio y transformación social para el presente y el futuro. Es el momento de hacerlo y con seguridad será posible si las voluntades políticas de los distintos actores se conjugan en favor de la universidad pública.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
El año 2019 será fundamental para la educación superior pública. El acuerdo histórico establecido entre estudiantes, profesores y Gobierno Nacional marca un nuevo horizonte y grandes desafíos para el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE).
La crisis estructural de financiación de las 32 universidades públicas, documentado ampliamente por el SUE, comienza a atenderse paulatinamente con la destinación de $1,34 billones para el funcionamiento de las instituciones. Esto significa que las universidades podrán cubrir en los próximos cuatro años las nóminas del personal docente, administrativo y de servicios generales, así como el pago de otros servicios esenciales para que puedan seguir cumpliendo su función social de formar profesionales en los distintos campos de conocimiento. No obstante, tal como fue previsto en el acuerdo, queda pendiente la materialización de un proyecto de ley que reforme los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que permita que los recursos destinados para el funcionamiento sean los necesarios y suficientes para que las universidades públicas puedan cumplir sus compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social a mediano y largo plazo.
Se abre una importante puerta para que las universidades, a través de proyectos destinados al mejoramiento de infraestructura, a la formación doctoral y al fortalecimiento de la investigación, puedan acceder a $1,5 billones provenientes de las regalías que ya fueron aprobados presupuestalmente en diciembre del año pasado. Para ilustrar este tema, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional se han presentado proyectos orientados a la profesionalización de maestros normalistas en distintas regiones del país que posibiliten su cualificación y a su vez generen impacto en el mejoramiento de la educación en los distintos territorios de las regiones. También se ha propuesto la inversión en un museo de colecciones biológicas y formación en educación ambiental para Bogotá y Cundinamarca en procura de formar a las futuras generaciones en el conocimiento de la biodiversidad y el fomento de acciones responsables en favor de la sustentabilidad ambiental. La construcción de un edificio moderno para el desarrollo de nuevos programas orientados a la primera infancia, la formación en tecnología y la formación en ciencias y educación ambiental podría ser una realidad si se asignan los respectivos recursos.
La obtención de los dineros provenientes del sistema de regalías dependerá del trabajo sistemático que se pueda hacer entre las gobernaciones y las instituciones universitarias públicas para priorizar proyectos conforme a las necesidades de las regiones. En este punto se ha iniciado un trabajo importante con la Federación Nacional de Departamentos y con la mesa técnica creada por el Ministerio de Educación para avanzar en la materialización de los proyectos de las universidades.
Del billón y medio de recursos provenientes del sistema general de regalías, se destinará $1 billón para los proyectos que presenten las universidades, más $250.000 millones para el ofrecimiento de becas de formación doctoral a las cuales podrán acceder incluso profesores catedráticos y ocasionales, de acuerdo con la convocatoria que realizará Colciencias. Esto abre importantes posibilidades de cualificación docente que se verá reflejada en el fortalecimiento de la investigación, la producción académica y el mejoramiento de la práctica docente de los profesores que participen del programa. Una importante y justa inversión para mejorar la calidad de la educación superior.
Se contará con $850.000 millones para desarrollar proyectos de inversión priorizados por las instituciones de educación superior públicas y $500.000 millones para saneamiento de pasivos de las universidades públicas. De conformidad con las reuniones que ha llevado a cabo el SUE, se ha propuesto que los recursos de inversión se puedan asignar en función de los planes de fomento de la calidad para atender prioritariamente la investigación, la cualificación docente y el bienestar universitario, entre otros factores asociados a los procesos de acreditación institucional. Resta por definir claramente los mecanismos y criterios de distribución de los recursos de inversión y en cuanto a los pasivos, cada universidad deberá presentar los faltantes anuales en los que incurre, así como el déficit de caja acumulado para su respectivo saneamiento.
Los recursos adicionales también dependerán de un trabajo articulado y colectivo orientado a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se incluya la habilitación legal para el saneamiento de pasivos, así como el respaldo legal para que el 20% de los saldos apropiados y no comprometidos en el presupuesto general de la nación para el 2019 se puedan destinar para las instituciones de educación superior públicas. También este nuevo PND deberá contemplar un artículo que posibilite la reforma integral del Icetex frente a las constantes críticas planteadas por el movimiento estudiantil.
La materialización del acuerdo histórico a todas luces es desafiante e implicará un trabajo arduo y permanente entre el Gobierno Nacional y la mesa de diálogo que se ha oficializado mediante resolución ministerial. Es la oportunidad para que entre todos los actores sociales comprometidos con la educación superior pública podamos concretar las soluciones estructurales para el sistema universitario público. El país requiere que la educación, la ciencia y la innovación sean los motores de cambio y transformación social para el presente y el futuro. Es el momento de hacerlo y con seguridad será posible si las voluntades políticas de los distintos actores se conjugan en favor de la universidad pública.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.