El glifosato, amenaza para las comunidades y la naturaleza

Nuevamente se abre la polémica sobre la activación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con glifosato, a raíz de la audiencia pública del 7 de marzo del presente año, realizada por la Corte Constitucional, en la cual el presidente Iván Duque pidió a este tribunal moderar los términos acerca de cómo fue concebida la sentencia T-236 de 2017 que limitó las aspersiones con glifosato en áreas rurales en las que habitan comunidades indígenas y campesinas, basándose en el principio de precaución, por constituir una práctica que puede poner en riesgo la salud, la vida y el ambiente sano al cual tienen derecho dichas comunidades.

El mandatario, desde septiembre del 2018, comenzó a realizar declaraciones públicas sobre la necesidad de retomar las aspersiones con glifosato, según su criterio, respetando la sentencia de la Corte Constitucional, empleando para ello una fumigación controlada que no afecte el ambiente y la vida de las comunidades. De regresar las aspersiones aéreas, así sea con las precauciones técnicas del caso, estaríamos retrocediendo en términos de la construcción de una política sustentable que hace énfasis en los derechos de la naturaleza y de las comunidades a contar con un ambiente libre de sustancias químicas artificiales que contaminan el agua, el aire, el suelo e impactan notablemente el equilibro ecológico de los ecosistemas.

Desde finales de la década de 1970 comenzó la aspersión aérea con glifosato en Colombia, un herbicida que bloquea la actividad de una enzima presente en cualquier planta, desencadenando su muerte progresiva. La discusión sobre este tema en nuestro país ha girado alrededor de aspectos socioambientales, políticos y jurídicos que llaman la atención de todos los ciudadanos.

Los impactos en el medio ambiente y en la salud han sido denunciados sistemáticamente por las comunidades indígenas, que desde el principio cuestionaron el uso del herbicida en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la serranía del Perijá en la década de 1980. La polémica medida, pese a los cuestionamientos, se extendió a lo largo del tiempo y del país. Las denuncias de nuestros indígenas y campesinos continuaron en los departamentos de Putumayo, Meta, Guaviare, Caquetá y Nariño, donde se vio afectada la salud de sus comunidades con enfermedades cutáneas y respiratorias, además de perder sus cultivos y observar un deterioro de la biodiversidad.

La razón política de los distintos gobiernos para mantener y desarrollar las aspersiones aéreas con glifosato ha obedecido a presiones externas, especialmente a la ejercida por Estados Unidos, país que certifica a las naciones comprometidas con la lucha antidrogas y por el correspondiente crecimiento de los cultivos ilícitos, lesionando de esta manera la soberanía y el derecho de autodeterminación del pueblo colombiano de resolver este complejo problema con propuestas sociales y ambientales que atiendan el abandono de las comunidades en las regiones apartadas del país, contribuyendo a su bienestar con programas de salud, educación y trabajo. Atacar los problemas estructurales asociados a la pobreza y al abandono es uno de los caminos para arrebatar a las comunidades de los intereses del narcotráfico que las usan para sus negocios lucrativos.

Desde el punto de vista ambiental, existen razones técnicas y científicas para reafirmar la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato, pues se trata de un herbicida que por sus propiedades físicas y químicas se disuelve y se absorbe fácilmente; actúa sobre cualquier tipo de planta, atentando contra la vida vegetal tan diversa y rica en nuestros ecosistemas y puede absorberse con facilidad en el suelo afectando la población fúngica y microbiana, de tal manera que afecta las cadenas tróficas de los suelos. Rápidamente puede alcanzar los corredores subterráneos de agua, contaminándola. De ser ingerido este herbicida por un ser humano, dada la exposición permanente que representan las aspersiones, puede devenir factor de riesgo asociado al cáncer, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud calificó el herbicida como posible cancerígeno.

Desde el punto de vista legal, las luchas de las comunidades indígenas por la restitución de derechos han sido esenciales para que la Corte Constitucional se pronuncie y establezca medida de protección para que no vuelva la aspersión de manera inclemente.

Como colombianos y ciudadanos del planeta debemos profundizar en el análisis de esta problemática y actuar de manera crítica y responsable solicitando el respeto de los derechos de la madre tierra y de nuestros hermanos indígenas y campesinos que son los más vulnerados.