¿En qué va la discusión sobre el Decreto 1330 de 2019 y su reglamentación?
En anteriores oportunidades hemos planteado un debate de interés nacional relacionado con la implementación del Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional y su consecuente reglamentación, establecida en la Resolución 021795 de 2020. Dicha normatividad ha generado grandes discusiones académicas y cuestionamientos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), en la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y por parte de diferentes intelectuales que se han manifestado críticamente frente a lo mismo.
Es importante señalar el trabajo que hemos realizado desde el SUE. En especial, desde la comisión de vicerrectores académicos del sistema, quienes elaboraron un documento radicado ante el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación, que señala las dificultades y limitaciones que tiene esta normatividad en diferentes aspectos.
Por un lado, se encuentra lo relacionado con los procesos de renovación de registros calificados de programas de pregrado y posgrado pues, conforme a la normatividad, el enfoque evaluativo de los programas debe estar enmarcado en lo que estipula la evaluación por resultados de aprendizaje. Este asunto representa un inconveniente importante, en tanto resulta ser una perspectiva que podría verse como impuesta, que desconoce que las instituciones en sus propuestas curriculares tienen definidas varias formas y enfoques de evaluación. Por ejemplo, a partir de procesos formativos o por competencias, entre otras, las cuales han sido configuradas dentro de los programas académicos conforme a sus contextos, realidades y necesidades, por lo que forman parte de la libertad de pensamiento y riqueza propia de las instituciones. En ese sentido, se argumenta que la exigencia de la norma basada en un único enfoque evaluativo puede transgredir la autonomía universitaria. Esta última es entendida como la capacidad que tienen las comunidades académicas para definir sus currículos conforme a sus campos de conocimiento y acción.
Otra de las dificultades que ha sido estudiada y reportada en el documento hace alusión a los aspectos técnicos relacionados con la puesta en marcha de la nueva plataforma SACES, que aún no se han solventado y que presentan varias inconsistencias.
En suma, como ya se ha indicado por parte de universidades tanto privadas como públicas, la implementación de esta normatividad, sobre todo en aspectos de acreditación de alta calidad (relacionados con los estudios de impacto de los que tendrían que evidenciarse) representa una inversión importante por parte de las universidades que ya han visto afectadas por la pandemia.
Efectivamente, la comisión de vicerrectores académicos fue escuchada por el viceministro de Educación Superior, el doctor Jorge Maximiliano Gómez, quien nos concedió una reunión en la que escuchó los planteamientos y a partir de la cual se acordó una ampliación del periodo de transición de esa normatividad hasta el mes de mayo del año próximo. No obstante, la resolución que formaliza dicha ampliación, aunque ha sido sometida a diferentes consultas en las universidades, aún no se encuentra en firme, por lo que persiste un vacío en relación con este punto. En el marco del mencionado encuentro, se logró también una invitación permanente a la comisión de seguimiento de la implementación de esta normatividad por parte del SUE, en donde esperamos contribuir con análisis y propuestas críticas al respecto.
Sin embargo, el punto más crítico, que aún continúa sin una respuesta concreta y sin solución, es el relacionado con la expedición de un decreto o resolución que sea muy clara en establecer que la verificación de pares de la evaluación por resultados de aprendizaje se realizará de acuerdo a como sea definida autónomamente por las universidades en términos de sus proyectos educativos y curriculares, y los fundamentos epistemológicos de campos de conocimiento en los cuales se inscriben los programas de formación.
Esto resulta fundamental porque, de lo contrario, continuarán ocurriendo devoluciones de procesos de registros calificados y la negación de acreditación porque los pares exigirán la existencia de tal evaluación de resultados de aprendizaje, desde la concepción que el ministerio sustenta en la norma y no desde las concepciones teóricas propias de los programas académicos.
Uno de los debates más fuertes sobre el tema de resultados de aprendizaje tiene que ver con la tesis sostenida por el ministerio, sobre cómo este enfoque garantiza la calidad y pertinencia de los programas, ponderándolo como una perspectiva de avanzada en el mundo en lo referente a la evaluación. Sin embargo, como manifiestan los profesores José William Cornejo, Elvia María González Agudelo y Leonor Galindo Cárdenas, la perspectiva de evaluación por resultados de aprendizaje contribuye a la estandarización y a un modelo de universidad profesionalizante, que actualmente se encuentra amenazado por la nueva era de conocimiento en la que la inteligencia artificial marca la progresiva desaparición de empleos y profesiones tradicionales y exige la formación de seres humanos con capacidades para el pensamiento no lineal, la incertidumbre, la adaptación al medio y las condiciones de su contexto.
En tal sentido, el SUE continúa llevando a cabo varios debates académicos como el foro desarrollado el pasado 28 de septiembre, en la Universidad Surcolombiana, sobre resultados de aprendizaje, o el conversatorio sobre autonomía universitaria, realizado por la UPN el pasado primero de octubre. Asimismo, próximamente se estará organizando un evento nacional para poder profundizar con académicos de las universidades sobre este tema. Continuaremos creando espacios de análisis y discusión desde los que se aborde esta normatividad, planteando argumentos debidamente sustentados que contribuyan a la defensa de la autonomía universitaria, la diversidad académica y curricular que caracteriza a nuestras instituciones y sus programas.
* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
En anteriores oportunidades hemos planteado un debate de interés nacional relacionado con la implementación del Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional y su consecuente reglamentación, establecida en la Resolución 021795 de 2020. Dicha normatividad ha generado grandes discusiones académicas y cuestionamientos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), en la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y por parte de diferentes intelectuales que se han manifestado críticamente frente a lo mismo.
Es importante señalar el trabajo que hemos realizado desde el SUE. En especial, desde la comisión de vicerrectores académicos del sistema, quienes elaboraron un documento radicado ante el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación, que señala las dificultades y limitaciones que tiene esta normatividad en diferentes aspectos.
Por un lado, se encuentra lo relacionado con los procesos de renovación de registros calificados de programas de pregrado y posgrado pues, conforme a la normatividad, el enfoque evaluativo de los programas debe estar enmarcado en lo que estipula la evaluación por resultados de aprendizaje. Este asunto representa un inconveniente importante, en tanto resulta ser una perspectiva que podría verse como impuesta, que desconoce que las instituciones en sus propuestas curriculares tienen definidas varias formas y enfoques de evaluación. Por ejemplo, a partir de procesos formativos o por competencias, entre otras, las cuales han sido configuradas dentro de los programas académicos conforme a sus contextos, realidades y necesidades, por lo que forman parte de la libertad de pensamiento y riqueza propia de las instituciones. En ese sentido, se argumenta que la exigencia de la norma basada en un único enfoque evaluativo puede transgredir la autonomía universitaria. Esta última es entendida como la capacidad que tienen las comunidades académicas para definir sus currículos conforme a sus campos de conocimiento y acción.
Otra de las dificultades que ha sido estudiada y reportada en el documento hace alusión a los aspectos técnicos relacionados con la puesta en marcha de la nueva plataforma SACES, que aún no se han solventado y que presentan varias inconsistencias.
En suma, como ya se ha indicado por parte de universidades tanto privadas como públicas, la implementación de esta normatividad, sobre todo en aspectos de acreditación de alta calidad (relacionados con los estudios de impacto de los que tendrían que evidenciarse) representa una inversión importante por parte de las universidades que ya han visto afectadas por la pandemia.
Efectivamente, la comisión de vicerrectores académicos fue escuchada por el viceministro de Educación Superior, el doctor Jorge Maximiliano Gómez, quien nos concedió una reunión en la que escuchó los planteamientos y a partir de la cual se acordó una ampliación del periodo de transición de esa normatividad hasta el mes de mayo del año próximo. No obstante, la resolución que formaliza dicha ampliación, aunque ha sido sometida a diferentes consultas en las universidades, aún no se encuentra en firme, por lo que persiste un vacío en relación con este punto. En el marco del mencionado encuentro, se logró también una invitación permanente a la comisión de seguimiento de la implementación de esta normatividad por parte del SUE, en donde esperamos contribuir con análisis y propuestas críticas al respecto.
Sin embargo, el punto más crítico, que aún continúa sin una respuesta concreta y sin solución, es el relacionado con la expedición de un decreto o resolución que sea muy clara en establecer que la verificación de pares de la evaluación por resultados de aprendizaje se realizará de acuerdo a como sea definida autónomamente por las universidades en términos de sus proyectos educativos y curriculares, y los fundamentos epistemológicos de campos de conocimiento en los cuales se inscriben los programas de formación.
Esto resulta fundamental porque, de lo contrario, continuarán ocurriendo devoluciones de procesos de registros calificados y la negación de acreditación porque los pares exigirán la existencia de tal evaluación de resultados de aprendizaje, desde la concepción que el ministerio sustenta en la norma y no desde las concepciones teóricas propias de los programas académicos.
Uno de los debates más fuertes sobre el tema de resultados de aprendizaje tiene que ver con la tesis sostenida por el ministerio, sobre cómo este enfoque garantiza la calidad y pertinencia de los programas, ponderándolo como una perspectiva de avanzada en el mundo en lo referente a la evaluación. Sin embargo, como manifiestan los profesores José William Cornejo, Elvia María González Agudelo y Leonor Galindo Cárdenas, la perspectiva de evaluación por resultados de aprendizaje contribuye a la estandarización y a un modelo de universidad profesionalizante, que actualmente se encuentra amenazado por la nueva era de conocimiento en la que la inteligencia artificial marca la progresiva desaparición de empleos y profesiones tradicionales y exige la formación de seres humanos con capacidades para el pensamiento no lineal, la incertidumbre, la adaptación al medio y las condiciones de su contexto.
En tal sentido, el SUE continúa llevando a cabo varios debates académicos como el foro desarrollado el pasado 28 de septiembre, en la Universidad Surcolombiana, sobre resultados de aprendizaje, o el conversatorio sobre autonomía universitaria, realizado por la UPN el pasado primero de octubre. Asimismo, próximamente se estará organizando un evento nacional para poder profundizar con académicos de las universidades sobre este tema. Continuaremos creando espacios de análisis y discusión desde los que se aborde esta normatividad, planteando argumentos debidamente sustentados que contribuyan a la defensa de la autonomía universitaria, la diversidad académica y curricular que caracteriza a nuestras instituciones y sus programas.
* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.