Gran movilización nacional por la defensa de la educación superior pública
Desde el 2011 cuando se llevó a cabo la gran movilización liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), el país no vivía una expresión tan contundente en las calles como la que apreciamos el pasado miércoles 10 de octubre. En esta ocasión, la gran movilización nacional por la financiación digna de la educación superior pública constituyó una gran convergencia de estudiantes y profesores universitarios, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores de la Asociación Distrital de Educadores, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la Organización Nacional Indígena y de otros actores que se sumaron a las exigencias de las 32 universidades públicas de Colombia sobre la incorporación de nuevos recursos para el funcionamiento e inversión de estas instituciones.
Los medios de comunicación evidenciaron ampliamente las manifestaciones en todo el país, registrando miles de personas que expresaron con claridad la importancia de atender el déficit acumulado de las universidades públicas, el cual según el SUE está estimado en $3,2 billones para funcionamiento y $15 billones para inversión. Por su parte los estudiantes exigieron $4,5 billones para atender la crisis de funcionamiento representada en pago de nóminas de profesores, funcionarios administrativos, trabajadores, cubrimiento de servicios públicos, de vigilancia, bienestar universitario y en sí todo lo necesario para que las universidades atiendan sus funciones sociales de docencia, investigación y proyección social.
Las multitudinarias marchas que terminaron llenando la Plaza de Bolívar así como las plazas de las principales ciudades del país, con gran diversidad de expresiones artísticas y culturales, se conjugaron después en el Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Superior Pública, realizado en el salón elíptico del Congreso Nacional con el liderazgo de los rectores del SUE, el presidente de la Cámara de Representantes y otros actores comprometidos con la defensa de la educación superior pública, quienes disertaron por más de cuatro horas sobre la crisis estructural de financiamiento.
La gran movilización social que venía gestándose en el último mes recibió una respuesta del Gobierno Nacional. El ministro de Hacienda y la ministra de Educación anunciaron la adición presupuestal de $500.000 millones al presupuesto del 2019, para atender la falta de recursos; sin embargo, anunciaron su distribución de la siguiente forma: $55.000 millones irán a funcionamiento, $223.000 millones para inversión, $101.000 millones al programa Línea de Excelencia, es decir, a un nuevo programa de gobierno que sustituiría a Ser Pilo Paga (PSPP), y $121.000 millones para gratuidad.
Analicemos cada uno de estos aspectos para dejar en claro que el anuncio del Gobierno no atiende las solicitudes de los rectores del SUE. En primer lugar, los rectores habían expuesto con claridad al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que para el 2019 se requería mínimo de $500.000 millones para funcionamiento e inversión de las universidades, de tal manera que hicieran base presupuestal para que pudiera iniciarse un proceso gradual de atención a la crisis estructural de financiamiento. La distribución de los anunciados $55.000 millones en las 32 universidades tendría un efecto prácticamente nulo para atender la crisis. Además, en comunicaciones enviadas al Congreso y a los ministerios de Hacienda y Educación se indagó sobre la destinación de los recursos recaudados por concepto de los artículos 102 y 184 de la Ley 1819 de 2016 que tenían destinación exclusiva para la educación superior pública. Recursos estimados, aproximadamente, en un poco más de $1 billón que las universidades prácticamente no recibieron en el 2018. Precisamente, este fue el monto inicial que el SUE solicitó incorporar en el presupuesto 2019; no obstante, entendiendo la situación fiscal del país, consideró que mínimo debía incorporarse medio billón, pero con destinación exclusiva a la educación superior pública y a la base presupuestal.
Aún no es clara la manera como se distribuirán los $223.000 millones para inversión, lo cual debe explicitarse por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se insiste en destinar $101.000 millones para un nuevo programa de gobierno, sin discutir en profundidad las bases conceptuales del mismo, repitiendo de esta forma los mismos errores del gobierno pasado que impuso el PSPP sin el consentimiento del Congreso de la República, ni mucho menos del SUE. Se insiste en medidas apresuradas sin evaluar el impacto a corto plazo y, lo más grave, sin la existencia aún del Plan Nacional de Desarrollo que fije orientaciones claras sobre el rumbo de la educación para los próximos cuatro años. Los rectores hemos insistido en que no se puede repetir la historia de un programa de alto costo con una bajísima cobertura y reiteramos que la crisis de financiación podría empezar a subsanarse si se da paso a un modelo de financiamiento a la oferta y no a la demanda como ha sido en los últimos años.
Asalta la enorme duda sobre los $121.000 millones para gratuidad, pues se ha hecho alusión a entregar estos recursos para pagar matrículas vigentes en las universidades públicas. Frente a esto nuestra propuesta es concreta: con base en la información histórica de matrículas, la clasificación por estrato social que se posee de los estudiantes admitidos y el costo operacional neto de cada programa, cada universidad puede calcular un monto que la nación financie directamente a la base presupuestal, de tal manera que se garantice el cubrimiento de cada cohorte con el primer ingreso.
Las medidas coyunturales que se están tomando son tal solo un pequeño paso en la larga tarea de priorizar la educación como la esperanza concreta del país, pero no atienden los problemas estructurales de la financiación de la educación superior pública y en tal sentido no podemos ser inferiores a nuestro momento histórico y debemos pensar con altura las políticas de Estado que garanticen la viabilidad del Sistema Universitario Estatal para efectos de garantizar el derecho a la educación superior pública gratuita y de calidad. Están dadas las condiciones sociales para construir un gran pacto por la educación, de tal manera que se concrete una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que posibilite que el aumento de las transferencias de la nación esté cinco puntos por encima del IPC y que a su vez incluya un aporte a las universidades públicas del 10% de los aportes girados por el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento, los cuales deben tener anualmente un incremento en pesos constantes.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
Desde el 2011 cuando se llevó a cabo la gran movilización liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), el país no vivía una expresión tan contundente en las calles como la que apreciamos el pasado miércoles 10 de octubre. En esta ocasión, la gran movilización nacional por la financiación digna de la educación superior pública constituyó una gran convergencia de estudiantes y profesores universitarios, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores de la Asociación Distrital de Educadores, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la Organización Nacional Indígena y de otros actores que se sumaron a las exigencias de las 32 universidades públicas de Colombia sobre la incorporación de nuevos recursos para el funcionamiento e inversión de estas instituciones.
Los medios de comunicación evidenciaron ampliamente las manifestaciones en todo el país, registrando miles de personas que expresaron con claridad la importancia de atender el déficit acumulado de las universidades públicas, el cual según el SUE está estimado en $3,2 billones para funcionamiento y $15 billones para inversión. Por su parte los estudiantes exigieron $4,5 billones para atender la crisis de funcionamiento representada en pago de nóminas de profesores, funcionarios administrativos, trabajadores, cubrimiento de servicios públicos, de vigilancia, bienestar universitario y en sí todo lo necesario para que las universidades atiendan sus funciones sociales de docencia, investigación y proyección social.
Las multitudinarias marchas que terminaron llenando la Plaza de Bolívar así como las plazas de las principales ciudades del país, con gran diversidad de expresiones artísticas y culturales, se conjugaron después en el Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Superior Pública, realizado en el salón elíptico del Congreso Nacional con el liderazgo de los rectores del SUE, el presidente de la Cámara de Representantes y otros actores comprometidos con la defensa de la educación superior pública, quienes disertaron por más de cuatro horas sobre la crisis estructural de financiamiento.
La gran movilización social que venía gestándose en el último mes recibió una respuesta del Gobierno Nacional. El ministro de Hacienda y la ministra de Educación anunciaron la adición presupuestal de $500.000 millones al presupuesto del 2019, para atender la falta de recursos; sin embargo, anunciaron su distribución de la siguiente forma: $55.000 millones irán a funcionamiento, $223.000 millones para inversión, $101.000 millones al programa Línea de Excelencia, es decir, a un nuevo programa de gobierno que sustituiría a Ser Pilo Paga (PSPP), y $121.000 millones para gratuidad.
Analicemos cada uno de estos aspectos para dejar en claro que el anuncio del Gobierno no atiende las solicitudes de los rectores del SUE. En primer lugar, los rectores habían expuesto con claridad al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que para el 2019 se requería mínimo de $500.000 millones para funcionamiento e inversión de las universidades, de tal manera que hicieran base presupuestal para que pudiera iniciarse un proceso gradual de atención a la crisis estructural de financiamiento. La distribución de los anunciados $55.000 millones en las 32 universidades tendría un efecto prácticamente nulo para atender la crisis. Además, en comunicaciones enviadas al Congreso y a los ministerios de Hacienda y Educación se indagó sobre la destinación de los recursos recaudados por concepto de los artículos 102 y 184 de la Ley 1819 de 2016 que tenían destinación exclusiva para la educación superior pública. Recursos estimados, aproximadamente, en un poco más de $1 billón que las universidades prácticamente no recibieron en el 2018. Precisamente, este fue el monto inicial que el SUE solicitó incorporar en el presupuesto 2019; no obstante, entendiendo la situación fiscal del país, consideró que mínimo debía incorporarse medio billón, pero con destinación exclusiva a la educación superior pública y a la base presupuestal.
Aún no es clara la manera como se distribuirán los $223.000 millones para inversión, lo cual debe explicitarse por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se insiste en destinar $101.000 millones para un nuevo programa de gobierno, sin discutir en profundidad las bases conceptuales del mismo, repitiendo de esta forma los mismos errores del gobierno pasado que impuso el PSPP sin el consentimiento del Congreso de la República, ni mucho menos del SUE. Se insiste en medidas apresuradas sin evaluar el impacto a corto plazo y, lo más grave, sin la existencia aún del Plan Nacional de Desarrollo que fije orientaciones claras sobre el rumbo de la educación para los próximos cuatro años. Los rectores hemos insistido en que no se puede repetir la historia de un programa de alto costo con una bajísima cobertura y reiteramos que la crisis de financiación podría empezar a subsanarse si se da paso a un modelo de financiamiento a la oferta y no a la demanda como ha sido en los últimos años.
Asalta la enorme duda sobre los $121.000 millones para gratuidad, pues se ha hecho alusión a entregar estos recursos para pagar matrículas vigentes en las universidades públicas. Frente a esto nuestra propuesta es concreta: con base en la información histórica de matrículas, la clasificación por estrato social que se posee de los estudiantes admitidos y el costo operacional neto de cada programa, cada universidad puede calcular un monto que la nación financie directamente a la base presupuestal, de tal manera que se garantice el cubrimiento de cada cohorte con el primer ingreso.
Las medidas coyunturales que se están tomando son tal solo un pequeño paso en la larga tarea de priorizar la educación como la esperanza concreta del país, pero no atienden los problemas estructurales de la financiación de la educación superior pública y en tal sentido no podemos ser inferiores a nuestro momento histórico y debemos pensar con altura las políticas de Estado que garanticen la viabilidad del Sistema Universitario Estatal para efectos de garantizar el derecho a la educación superior pública gratuita y de calidad. Están dadas las condiciones sociales para construir un gran pacto por la educación, de tal manera que se concrete una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que posibilite que el aumento de las transferencias de la nación esté cinco puntos por encima del IPC y que a su vez incluya un aporte a las universidades públicas del 10% de los aportes girados por el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento, los cuales deben tener anualmente un incremento en pesos constantes.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.