La no ratificación del Acuerdo Escazú, un nuevo revés en materia ambiental

La indiscutible incidencia de las actividades humanas en la aceleración del cambio climático y sus nefastas consecuencias para la vida en el planeta, han instaurado una urgencia global de preservación de los ecosistemas naturales y de cambio de paradigma del modelo económico dominante centrado en el crecimiento ilimitado a partir de la extracción de recursos naturales y basado en la quema de combustibles fósiles. En las agendas políticas globales, esta situación ha impulsado la suscripción de acuerdos de cooperación internacional y tratados globales que suscitan voluntades y compromisos de las diferentes naciones para ser materializados. El Estado colombiano ha ratificado su participación en varios de ellos, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, por mencionar algunos.

En contraste y a pesar de que Colombia es un país megadiverso, con más de 50.000 especies registradas, dentro de las que se encuentran 492 mamíferos, 1921 pájaros, 537 reptiles entre lagartos y culebras, 803 anfibios, 2000 peces marinos y 1435 peces de agua dulce, por citar algunas cifras; que contiene también 311 tipos de ecosistemas costeros y continentales, siendo el país con mayor área de páramos en el mundo, equivalente al 60 % del ecosistema andino colombiano, durante los últimos 20 años, los diferentes gobiernos de nuestro país han evidenciado un débil compromiso en la creación de políticas y normatividad ambiental de vanguardia que permita la materialización de los deberes y metas asumidas en este campo a nivel internacional y en beneficio de nuestra propia riqueza biológica y cultural.

De acuerdo a los datos del Foro Nacional Ambiental, a partir de 2002 y durante el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe, la financiación para temas ambientales en el país cayó drásticamente. En 2002 el presupuesto para el medio ambiente era del 22%, mientras que para el 2006 se redujo al 15%. Este gobierno, además, unificó los ministerios de ambiente y vivienda, mermando así la autonomía administrativa en temas ambientales. Los planes nacionales de desarrollo 2002 – 2006: Hacia un Estado Comunitario y 2006 – 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos, se caracterizaron por la notoria ausencia de la variable ambiental en las preocupaciones del Estado. El primero, se dedicó a ceder los parques naturales a empresas privadas para que éstas los administraran poniendo en riesgo el Sistema Nacional de Parques Naturales consolidado hasta ese momento, limitando las acciones de conservación propias de estos territorios a la venta de servicios ambientales, sin contemplar planes de manejo integrales que permitieran el efectivo ejercicio de preservación. Para el segundo, el plan de desarrollo del periodo 2006-2010 incorporó un capítulo sobre gestión ambiental y del riesgo para promover el desarrollo sostenible, sin embargo, dicha formulación no garantizó un cambio que incorporara realmente la variable ambiental en la política de Estado.

Durante los dos periodos del expresidente Juan Manuel Santos, 2010 – 2014 y 2014 – 2018, el componente ambiental contó con mayor presencia en sus apuestas. Como cuestiones a resaltar se encuentra la creación del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible independiente del Ministerio de Vivienda, así como el aumento de más del 50% de las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conformado al final de su mandato por más de 31 millones de hectáreas. Sin embargo, las acciones mencionadas con anterioridad no se correspondieron con el presupuesto general de la nación asignado durante esos periodos a temas ambientales; mientras que la deforestación continuó en aumento, por ejemplo, y el desarrollo económico del país se mantuvo centrado principalmente en la extracción de recursos naturales.

En el caso del gobierno del actual presidente Iván Duque, su apuesta ha estado marcada por la militarización de la política ambiental en el país, como la operación Artemisa; el regreso de la aspersión con glifosato como estrategia para combatir los cultivos ilícitos a pesar de las diferentes evidencias científicas sobre los riesgos de esa práctica para la salud humana y las manifestaciones de la población en contra, se han priorizado leyes que promueven el desarrollo económico a partir de la extracción de recursos naturales, incorporando prácticas que pueden ser altamente dañinas para los ecosistemas y para la vida en general.

Así, se presenta un nuevo revés en materia de política ambiental en el país. El Congreso de la República dejó hundir la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, construido en 2018.

Este acuerdo se constituye en el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región y el primer instrumento vinculante en el mundo en el que se reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente, incluyendo obligaciones para su protección. El acuerdo está cimentado sobre el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, el cual establece que los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales son esenciales para tener una buena política ambiental.

Que nuestro país no ratifique un acuerdo de tal envergadura resulta de suma preocupación, más en un contexto como el nuestro, en el que todos los días asesinan líderes y lideresas sociales, varios de ellos activistas ambientales y en el que los conflictos socioambientales se encuentran a la orden del día, pues son muchos los proyectos extractivos que riñen con poblaciones y colectivos sociales que se oponen al deterioro del ambiente, de su territorio y de su calidad de vida a cambio de las regalías y ofertas de trabajo que se puedan prometer.

Ese es el caso del fracking, una iniciativa de extracción del crudo que el actual gobierno se ha esforzado por impulsar en el territorio nacional, a pesar del riesgo que implica para los ecosistemas, para la salud, para la vida de las poblaciones aledañas y a pesar de las voces de protesta y reticencia al desarrollo de estos proyectos.

En ese sentido, la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información en cuestiones ambientales, como los contemplados en el Acuerdo de Escazú para garantizar los derechos humanos y la preservación del medio ambiente se constituyen en una herramienta para la prevención y la solución de conflictos socioambientales de la cual se priva el país al no ratificar este importante acuerdo.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.